El silencio administrativo, la gran losa contra el derecho de acceso a la información en España, sigue imperando aunque pierde peso. Del total de solicitudes realizadas en Tu derecho a saber durante 2014, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes recibidas. Son muchas, pero aún así suponen una mejoría con respecto al año anterior. En 2013, el silencio superó el 57%. Así, las cifras muestran pequeñas mejoras que maquillan, pero no solucionan, los malos resultados de las instituciones públicas a la hora de responder a las preguntas de los ciudadanos.

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Todos los resultados

La mejora también se deja notar en el número de respuestas satisfactorias, que suponen 58 del total de las 314 solicitudes registradas, lo que significa un 18,5%. La cifra sigue siendo muy baja, pero mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior. Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” -no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (lo estará en diciembre de este año), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. Y las respuestas adecuadas, que hace un año apenas superaban el 3%, se dan ya en más del 21% de los casos.

En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 46,7%.

Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014. Además, los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos (aquí, aquí y aquí, algunos ejemplos).

El 10 de diciembre, el día de entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Presidencia lanzó transparencia.gob.es, el esperado Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. El resultado fue francamente decepcionante: los obstáculos para ejercer el derecho a solicitar y recibir información eran más y más férreos de lo que Presidencia había reconocido en los meses anteriores. El principal, la obligación de registrarse con DNI electrónico o a través de una clave que se recibe en el teléfono móvil para pedir información a la administración central por vía telemática.

Además de interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, los promotores de Tu derecho a saber decidimos trasladar manualmente desde esta web hasta el Portal de Transparencia las solicitudes dirigidas a entidades que solo responden a través de la vía oficial (algunos ministerios), y canalizarlas en ambas plataformas de manera que el proceso siga siendo lo más fácil y público posible. Podremos conocer y evaluar mejor estos resultados en el próximo informe, previsto para la primavera de 2016.

Lo que sí sabemos ahora es que el número de solicitudes registradas en Tu derecho a saber durante 2014 es mucho menor que en años anteriores. En parte, debido a la frustración que provoca en los ciudadanos encontrarse, una vez más y otra también, ante un muro como respuesta. Por eso, para facilitar el proceso ante las trabas impuestas por el Gobierno, desde Tu derecho a saber queremos seguir allanando el camino a aquellos que quieran realizar solicitudes de información a las entidades incluidas en el Portal de Transparencia, como los ministerios. Es hora de preguntar para ejercer nuestro derecho.

Las entidades que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados por los ciudadanos en 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Administraciones Públicas, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tres organismos, tres formas muy diferentes de entender el acceso a la información.

Aprueba Sanidad, que contestó a 15 de 17 preguntas formuladas, seis de forma satisfactoria y dos de forma parcial. En tres ocasiones denegó la información y en otras cuatro afirmó que no disponía de la información solicitada. Pese a la escasez de respuestas satisfactorias, es importante recalcar que en 15 ocasiones procuraron algún tipo de respuesta al ciudadano. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información. Un rotundo suspenso.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información. En seis ocasiones las respuestas fueron inadecuadas: remiten a un enlace que no recoge la información solicitada, solicitan el envío de una carta con su pertinente motivación o derivan al gabinete de prensa para responder a un ciudadano. Solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria.

A nivel local, los vecinos de Sangüesa fueron de los más participativos en Tuderechoasaber.es. Sin embargo, el ayuntamiento de esta localidad navarra de 5.078 habitantes, según los últimos datos del INE, no les correspondió. Joaquín, un vecino del municipio, envió la primera pregunta al alcalde, Ángel Navallas, que instó al solicitante a usar un formulario online del consistorio. “Pregunto a través de Tu derecho a saber porque prefiero que quede constancia pública de la respuesta”, fue la réplica de Joaquín que, tras el requerimiento del regidor municipal, se negó a dar sus apellidos. “Se dirige a un ciudadano sangüesino. ¿Me va a tratar diferente si me apellido Pérez en vez de Fernández?”. Después del rifirrafe, Navallas eludió responder tanto a esta como a las sucesivas peticiones.

Otras ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario). Pese a que los municipios han reducido de forma drástica su silencio administrativo respecto a 2013, las excusas para no responder a solicitudes legítimas siguen estando a la orden del día.

Con los formularios hemos topado

El número de respuestas en las que una entidad remite al solicitante a utilizar un formulario interno aumenta ligeramente respecto a los datos del 2013 (4,3%) y se sitúa en el 4,5%.

Para ejercer el derecho de acceso a la información, la Ley de Transparencia de 2013, en su artículo 17.2, indica que puede presentarse una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones. El Ministerio de Presidencia, sin embargo, apostó por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población.

Esta misma objeción a poner obstáculos ya fue defendida en 2013, antes de que se aprobara la norma estatal, por el Defensor del Pueblo de Navarra tras una queja presentada contra el gobierno foral por poner las mismas limitaciones.

El Ministerio de Industria fue, antes de la salida del Portal de Transparencia, el ejemplo más claro de uso de formularios como canal de contacto exclusivo con los peticionarios. Esta cartera registró siete preguntas, cuatro de las cuales pasaron el filtro del formulario gracias a los demandantes de información, que decidieron compartir después de forma pública en Tu derecho a saber las respuestas a sus interrogantes. Siguiendo por esta vía, el saldo final fue: dos incompletas, en una afirmaron no poseer la información y una se quedó con un simple acuse de recibo.

Transparencia en la proclamación de un rey

Uno de los eventos más significativos de 2014 fue la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de su heredero como monarca. Los fastos, el protocolo o los invitados fueron algunos de los interrogantes de aquellos días.

Una ciudadana realizó cinco preguntas a la subsecretaría de la Presidencia del Gobierno –encargada de gestionar las solicitudes de información sobre Casa Real gracias a una enmienda de última hora en la ley-. Tanto las asignaciones a los miembros de la familia real, su presupuesto y los posibles gastos derivados de la sucesión, como la acuñación de monedas o elaboración de cuadros para instituciones públicas, quedaron sin respuesta.

Moncloa respondió con un escueto desglose sobre las partidas presupuestarias de Patrimonio Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia, destinadas a sufragar gastos del día de la coronación. 64.434€ de gastos de personal, 91.788,55€ en gastos corrientes en bienes y servicios y 13.437,66€ bajo el amplio concepto de “inversiones”: un total de 169.660,21 euros. La propia Presidencia del Gobierno costeó el alquiler de autobuses para el traslado de autoridades por 4.474,26€. A falta de conocer los datos de todas las instituciones que intervinieron en la jornada, los gastos asumidos por Presidencia ascendieron a 174.134,47 euros.

Por otra parte, dos preguntas dirigidas al Ministerio del Interior sobre el mismo asunto quedaron sin respuesta. La primera cuestionaba una supuesta instrucción oficial a la policía para requisar banderas republicanas en el recorrido que realizaron los reyes por el centro de la capital; la segunda, la lista de invitados a la recepción en el Palacio de Oriente.

Gastos, costes, presupuestos: las preguntas más frecuentes

Como ocurrió en 2013, la gestión de lo público y el gasto es una preocupación constante entre las preguntas registradas a lo largo de 2014. Varios ciudadanos preguntaron por el parque móvil de sus gobiernos autonómicos y ayuntamientos, aunque sin respuesta por parte de las administraciones. El silencio informativo o meros acuses de recibo han sido los frenos para conocer la cantidad de coches oficiales, así como sus marcas y modelos, a disposición de organismos públicos.

La instalación de una bandera nacional en Palencia a coste cero para el ayuntamiento palentino (y con un desglose exhaustivo de los gastos, eso sí, asumidos por otros), el coste del informe del comité de expertos elegido por Hacienda para estudiar la reforma fiscal o los detalles de los gastos de la Marca España (silencio de Exteriores) han sido objeto de fiscalización por los ciudadanos durante este año.

El destino de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013) en la Comunidad de Madrid fue un asunto demandado por el periodista Javier Galán a través de Tuderechoasaber.es. La dirección general de fondos comunitarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, accedió a entregar la información. Meses más tarde y gracias a estos datos, se publicó en El Confidencial que más de 90 sociedades quebraron después de recibir esas subvenciones. El foco se sitúa así en la utilización de unos fondos que priorizan, entre otras inversiones, la creación de empleos duraderos.

Una entidad de naturaleza jurídica privada pero fundada a partir de fondos públicos, la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), fue también protagonista por su opacidad. Se le solicitó el listado de “relaciones con terceros y colectivos singulares. El carácter de este registro, cuyo fin sería disuadir a “conseguidores profesionales” o cargos públicos que usan su influencia para facilitar gestiones con el conocido banco malo, es, según ésta entidad, “interno y confidencial”.

Metodología

En la evaluación de las respuestas de este informe  hemos tenido en cuenta las preguntas recibidas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, siguiendo la misma metodología que en el Informe de Tu derecho a saber de 2013. En total, los ciudadanos enviaron a través de nuestra plataforma 314 solicitudes de información a las administraciones públicas a lo largo del pasado año. Los datos recogidos para elaborar este informe se cerraron el 15 de abril de 2015.

Clasificamos el resto de opciones como: no posee la información (cuando remite a otro organismo o asegura que no cuenta con los datos reclamados), respuesta inadecuada (cuando contestan, básicamente, una cosa distinta a la que se le ha preguntado), remiten a un formulario propio (una práctica que hemos criticado en diversas ocasiones), incompleta(dan sólo parte de la información) y rechazada (se niegan a contestar).