Los asistentes al cóctel del Día de la Hispanidad quedan fuera de la Ley de Transparencia

Cada 12 de octubre, la élite social, política y económica del país celebra en el Palacio Real, entre aperitivos, vino y cava, el Día de la Hispanidad. Como cada año tras el tradicional desfile castrense, los reyes reciben en palacio a cientos de invitados con motivo de la fiesta nacional. En esta última edición, según los medios de comunicación, el cóctel estuvo marcado por sonadas ausencias, como la anunciada por Pablo Iglesias, o el éxito cosechado por Albert Rivera, adulado y solicitado en los diferentes corrillos al calor de las prometedoras encuestas de aquel entonces. Pero no hay datos oficiales sobre los asistentes: año tras año, el listado de los invitados no es público. Y por lo que parece, así lo seguirá siendo.

La Ley de Transparencia, tal como está redactada, de poco sirve para conocer de forma oficial quién estuvo en aquella jornada. Así lo ratifica el Consejo de Transparencia (CTBG) tras una reclamación ante una relación imprecisa de los invitados por Casa Real.

Después de una solicitud de información que pedía la relación completa de invitados y el coste del cóctel del Día de la Hispanidad, Presidencia del Gobierno, la encargada de responder por Casa Real, despachaba con un párrafo el asunto de los invitados. La respuesta arrancaba con la expresión entre los asistentes; es decir, no se trataba de un listado completo. Presidencia contestó con una mención genérica de instituciones del Estado de donde podrían provenir los diferentes asistentes. A esa enumeración se añaden personas procedentes de diferentes sectores sociales de la vida pública nacional, una etiqueta que homogeneiza a empresarios, periodistas o personajes de la cultura nacional, entre otros.

Tras recurrir la indefinición de la respuesta ante el Consejo de Transparencia, Presidencia alegó, como uno de los motivos para no dar el listado completo, que no existe un interés público suficientemente sólido y superior que justifique la difusión de los nombres de los casi 1.500 asistentes, cifra acorde a la nota de prensa de Casa Real. Esta consideración sobre el interés público de la información es posible debido al apartado 3 del artículo 15 de la Ley de Transparencia, que establece que cuando la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirige la solicitud debe ponderar –y razonar– el interés público de la información y el derecho de aquellos cuyos datos aparezcan en la información solicitada.

Sin embargo, la clave para no desgranar la relación de los asistentes la da el Consejo de Transparencia en los fundamentos jurídicos de su resolución. Concretamente, el CTBG menciona el artículo 2 de la ley, que fija las entidades obligadas a responder al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Dicho punto de la norma acota la responsabilidad de la Casa Real a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por lo que sí podemos saber el coste del cóctel, ya que se trata de un acto de disposición de dinero procedente del erario público, según confirma el CTBG, pero no quién participó en dicha recepción real, ya que está fuera del concepto de actividades sujetas a Derecho Público –un límite impuesto por decisión del legislador, recalca el Consejo en su escrito.

¿Qué comprenden las actividades sujetas a Derecho Público?

El Consejo de Transparencia se apoya en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para definir qué actividades están sujetas a Derecho Público. Según la norma, el concepto comprende los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial. Por tanto, según recoge el CTBG, dentro de dicha consideración se entienden incluidos los actos de gestión presupuestaria, como el coste del cóctel del 12 de octubre, que ascendió a 27.720€, entre catering y personal.

Debido a la limitación establecida por la Ley de Transparencia con el concepto de actividades sujetas a Derecho Público, quedan excluidas el resto de informaciones que vayan más allá de la información presupuestaria, administrativa y de recursos humanos relativas, en este caso, a la Casa Real. Además, el Consejo de Transparencia añade que la respuesta genérica cumple con el espíritu de la norma y respalda así la respuesta del Gobierno. En consecuencia, la identidad de las personas invitadas por los reyes –un acto meramente protocolario, según el Gobierno– queda fuera de la fiscalización de la Ley de Transparencia. Es decir, podemos saber cuánto se gastó en el cóctel, pero no quiénes disfrutaron del mismo.