Cataluña protagoniza uno de cada tres choques constitucionales entre Estado y CCAA desde 2004

Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa hasta junio de 2017, un tercio de todos los conflictos entre Estado y comunidades autónomas (CCAA) –recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia– han estado protagonizados por Cataluña. En concreto, 140 de 441, según los informes de la secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales. Y eso, sin contar los últimos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas del Referéndum y de Transitoriedad, entre otras normas impugnadas después de junio.

Estos choques entre administraciones siguen dos caminos, según quien los inicie: o bien el Estado recurre normas o actos de las comunidades, o bien son las autonomías las que impulsan estos recursos. En el primer sentido, entre 2004 y junio de 2017 el Gobierno impugnó 149 actos o normativas de las comunidades. 40 de ellas, una de cada cuatro, fueron contra medidas catalanas. Y Rajoy es el más bronco: sus gobiernos, en menos de seis años, han planteado 36 recursos o conflictos. Su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, en sus casi ocho años como presidente, solo planteó cuatro: contra leyes de Comunicación Audiovisual, del Aranés, sobre registros catalanes y contra la Ley del Referéndum de 2010 firmada por el President de la Generalitat José Montilla, también socialista.

La llegada de Rajoy a la Moncloa no solo supuso un aumento de la conflictividad entre Cataluña y el Gobierno, si no también con el resto de autonomías. Así, durante su primera legislatura como presidente del Gobierno, entre diciembre de 2011 y enero de 2016 –y con mayoría absoluta en el Congreso–, Rajoy firmó más de la mitad de todas las impugnaciones impulsadas por el Estado en los últimos 13 años: 77 de 149.

Por orden de impugnaciones desde el ejecutivo central, a Cataluña (40, un 26,8% del total) le sigue Navarra, con 17 (un 11,4%). De las cuales 15, con el PP en la Moncloa y la comunidad foral gobernada por su aliada Unión del Pueblo Navarro (UPN). Desde las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015 y el nombramiento de Uxue Barkos, de Geroa Bai, como presidenta de Navarra, el Estado no ha planteado ningún tipo de conflicto.

Por su parte, Cantabria es la comunidad con la que el Estado ha chocado menos. Tan solo lo ha hecho con motivo de la prohibición del parlamento cántabro de la fractura hidráulica o fracking en su territorio. Y, al contrario, Cantabria no ha planteado, desde 2004, ninguna impugnación a ninguna norma del Gobierno central.

Canarias, la segunda comunidad que más demanda al Estado

En el camino inverso están los recursos iniciados por las CCAA –tanto por sus gobiernos como por sus parlamentos–, donde a la excepción cántabra se le unen los pocos choques de Castilla-La Mancha y Baleares con el Estado –uno cada una. Pero esta no es la tónica común.

En su conjunto, en el mismo periodo, las comunidades plantearon 292 recursos contra el Estado. Y, de nuevo, Cataluña y Rajoy repiten como protagonistas: Govern y Parlament impulsaron 100 recursos; 60, contra normas del presidente popular. Es el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o la polémica LOMCE (Ley Orgánica de mejora de la calidad de la enseñanza) con la que, según el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, el Gobierno quería “españolizar a los alumnos catalanes”.

Pero si Cataluña es el personaje principal de esta historia, Canarias es el secundario más relevante. El archipiélago ha presentado 35 impugnaciones en las últimas cinco legislaturas, lo que supone el 12% de todas las planteadas por las comunidades, frente al 34,2% de las catalanas y el 8,2% de las andaluzas, en tercera posición.

Las instituciones canarias chocaron, entre otras, con las leyes más contestadas por todas las CCAA, como la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local o la LOMCE. La mayoría fueron aprobadas en la primera legislatura de Rajoy.

En el caso de la LOMCE, impugnada además de por Canarias y Cataluña, por País Vasco, Asturias y Andalucía, al entender que vulneraba sus competencias autonómicas en materia de educación, las partes iniciaron los procedimientos de negociación, un trámite previsto para evitar el Constitucional. Aunque, en el caso de esta ley, no fue posible y tan solo alcanzaron un acuerdo parcial. Aún está pendiente de sentencia.

Hacer las paces antes de vérselas en los tribunales

La última palabra ante los recursos de inconstitucionalidad y los conflictos de competencias la tiene el Tribunal Constitucional. Antes de acudir a este órgano, el Estado y las comunidades autónomas pueden solventar sus diferencias en las denominadas Comisiones Bilaterales de Cooperación y, si alcanzan un acuerdo, el TC solo tiene que dar su visto bueno a la solución pactada.

Tras una solicitud de información de Civio, la secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales entregó los resultados de estas comisiones en los últimos 10 años. De los 425 asuntos trabajados, se cerraron 213 (el 50,1%) con un acuerdo total, que evitó que se acabaran juzgando. Por el otro lado, un 33,2% de las negociaciones no evitaron acabar ante el Constitucional. El resto están aún pendientes o no hubo respuesta de la parte invitada.

El resultado depende, en parte, de quién promueve este tipo de soluciones. Así, cuando el Estado ha invitado a las comunidades autónomas, las partes alcanzaron un acuerdo total o parcial en el 60,3% de las ocasiones y acabaron en recurso el 25,7% de las conversaciones. Al contrario, cuando las comunidades invitaron al Estado, solo se pactó una solución que evitó el Constitucional en el 29,6% de las situaciones y en el 51,2% de los casos se dio salida al conflicto mediante un recurso. En el 19,2% de las iniciativas de las CCAA, el Estado no respondió.

Según consta en la respuesta a la solicitud de información, 16 posibles conflictos están siendo discutidos en estos momentos. Entre otros, los presupuestos autonómicos de Andalucía y Extremadura (los de Cataluña fueron directos al Constitucional, sin negociación, por las partidas reservadas a la organización del referéndum) o leyes sobre vivienda y servicios sociales. Todos, a iniciativa del Estado. Según las estadísticas, hacer las paces antes de vérselas en los tribunales funciona mejor cuando es el Estado quien inicia las negociaciones, y no cuando es invitado por las comunidades a dialogar. En el caso de los 16 asuntos que están siendo ahora negociados, está por ver.