El Portal de Transparencia infla sus estadísticas

Las cifras no cuadran. Las estadísticas del Portal de Transparencia presentan una administración pública abierta, que concede la información solicitada por los ciudadanos en siete de cada diez peticiones. Pero, tras analizar más de 270 solicitudes registradas por Civio, se constatan diferencias entre lo que el Gobierno afirma y la realidad: ellos declararon haber dado respuestas –totales o parciales– al 74,6% de nuestras preguntas, cuando lo hicieron en el 58,8%. En este caso, sus estadísticas caen más de 15 puntos.

La alarma saltó al detectar respuestas en las que se afirmaba que procedía “conceder el acceso a la información” pero que, o bien los organismos afirmaban en realidad que no tenían los datos, o no se contestaba a lo preguntado. Por ello, hemos analizado 279 solicitudes que Civio ha registrado en el portal y las hemos contrastado con los datos de la aplicación para la gestión de solicitudes de acceso a información pública (GESAT), que nos ha remitido el Gobierno, y que son las que utiliza el Portal de Transparencia para elaborar sus estadístas. Y las cifras no encajan.

Un ejemplo son las solicitudes sobre las agendas de altos cargos del Gobierno, con la misma petición a todos los ministerios: los registros de todas sus reuniones de trabajo, con detalle de fecha, lugar, participantes, temas tratados y acuerdos alcanzados. Y con el mismo aviso: lo que pedíamos no eran las escuetas agendas publicadas en La Moncloa. Además, según la Ley Reguladora del ejercicio del alto cargo –mencionada en la pregunta–, este término incluye también a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, etc. Cada ministerio, tras “conceder el acceso a la información”, explicaba que lo único que tenían eran las agendas de la página web de La Moncloa. Y no entregaron la información solicitada. Tras pedir los datos que manejaba la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información (OTAI) para publicar sus estadísticas, constatamos que todas estas solicitudes se consideraban como concedidas en su totalidad, aunque no era cierto.

El caso de preguntas sobre obras del AVE es aún peor. Las peticiones, una para cada línea de alta velocidad –Madrid-Levante, Corredor Mediterráneo, etc.–, eran concretas: un listado de todos los contratos de obras, con detalle de los importes de adjudicación, los importes ejecutados, la empresa ganadora de cada contrato y el estado de cada tramo, es decir, si estaba terminado, operativo o cuándo finalizarían los trabajos. Pero las respuestas no eran tan precisas: Adif, tras considerar que procedía “conceder el acceso a la información”, remitió en todas sus respuestas a las portadas de las webs del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y a una página con todas las licitaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Ni un solo enlace concreto que evite perderse por las páginas, algo que ha sido criticado en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia. Sobre el estado de cada tramo, alegan: “La previsión de los trabajos es acorde con la programación establecida en los contratos vigentes y los presupuestos aprobados”. ¿Cuál es esa previsión? A saber. Y así, sin entregar lo solicitado, el portal considera que son solicitudes concedidas.

Decir concesión cuando se debe decir inadmisión

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia en diciembre de 2014, hasta mayo de 2017, fecha hasta la que se dispone información, y de acuerdo con la clasificación del Gobierno, en 198 peticiones de Civio, el 71%, se concedió toda la información. Pero, en realidad, solo en 121, el 43,5%, se respondió a todo lo solicitado.

¿Qué pasa entonces con esas 77 solicitudes de diferencia en las que el Gobierno dice que sí ha dado una respuesta completa pero realmente no lo hizo? En la mitad, la concesión sirvió para que el Gobierno explicara que no dispone de la información solicitada, como pasó con las preguntas sobre las agendas de los altos cargos del Gobierno. En lugar de inadmitir la solicitud, la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información entendía que, si los distintos ministerios y organismos explican que no tienen estos datos, se ha concedido la información. Y esto suma puntos e infla las cifras finales.

La muestra estudiada supone el 3,2% de todas las peticiones hasta la fecha analizada, 279 de 8.749.

Otras de las resoluciones que son consideradas como concesiones completas, en la práctica, son parciales. Tras la revisión de las preguntas de Civio, las concesiones parciales pasan de 10, según ellos, a 43. La Ley de Transparencia entiende que existen supuestos en los que se debe conceder un acceso parcial a la información solicitada por los ciudadanos. A pesar de ello, aunque el Gobierno responda solo con una parte o lo haga de forma vaga, los responsables del Portal las clasifican como concesiones totales. Sin diferenciar si quedan preguntas pendientes o si la escasa calidad de la respuesta supone, en realidad, una denegación.

No se puede tomar la parte por el todo, está claro. De hecho, la muestra estudiada supone el 3,2% de todas las peticiones hasta la fecha analizada, 279 de 8.749. Aún así, las variaciones encontradas entre las estadísticas oficiales y las resoluciones entregadas a Civio desdibujan la imagen que pinta el Gobierno respecto a su actitud ante el derecho de acceso a la información pública. En ellas, al menos, las estadísticas mienten.