El ordenamiento jurídico de la transparencia en España es heterogénero. Cada autonomía puede regular la transparencia de la actividad pública en su territorio partiendo, como mínimo, de los estándares que establece la normativa estatal, en vigor desde diciembre de 2014. La mayoría de las comunidades ya lo ha hecho, incluso elevando el listón de la ley nacional, pero cuatro parlamentos autonómicos negocian aún para dar ese paso. Son la Junta General del Principado de Asturias, la Asamblea de Madrid, la Asamblea Regional de Cantabria y el Parlamento Vasco. ¿En qué punto se encuentran sus negociaciones?

El proyecto de ley de Asturias será, previsiblemente, el primero de los cuatro en ser debatido para su aprobación final. Entró en el registro de la Junta a los ocho días de su aprobación por el Consejo de Gobierno, el 20 de julio de 2016. Tras cinco ampliaciones del plazo de enmiendas, que se abrió en marzo de 2017, el 30 de junio se designó la ponencia encargada de de debatirlas.

Dicha ponencia estimó, según la Cámara, que “concluiría sus trabajos en aproximadamente tres meses”. Desde junio, se ha reunido cuatro veces, la última el pasado el 22 de noviembre, y no volverá a hacerlo en 2017. Al inicio del actual periodo de sesiones, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, el socialista Guillermo Martínez, manifestó sus esperanzas de que la ley pudiera ser aprobada antes de diciembre de 2017. Sin embargo, la ponencia ya mira a febrero de 2018 para emitir dictamen, según informa EFE, si la Cámara habilita enero para trabajo parlamentario.

En la Comunidad de Madrid, la ponencia se designó hace cerca de un año. En primavera de 2016 concurrieron dos proyectos legislativos: el del gobierno de Cristina Cifuentes y un texto alternativo del grupo socialista. Las enmiendas a la totalidad paralizaron el proyecto de Cifuentes, y hoy los grupos trabajan sobre la alternativa presentada por Ángel Gabilondo para dar forma al articulado, que ha recibido más de 300 enmiendas, 268 de Ciudadanos. Desde este grupo se señala que las negociaciones avanzan con rapidez, pero quedan por cerrar puntos como la participación ciudadana (y el encaje de la regulación de lobbies con el derecho a la participación) y algunos detalles del órgano regulador. La previsión es que la ponencia termine su trabajo durante el periodo parlamento de febrero a junio de 2018.

En Cantabria, la tramitación de la norma autonómica de transparencia se encuentra en un paso previo. En la primavera de 2016, el Gobierno de Cantabria sometió su proyecto de Ley de Transparencia a una consulta pública, pero no lo remitió al Parlamento hasta enero de 2017. El Grupo Mixto había presentado en mayo de 2016 una proposición no de ley para reforzar la transparencia de la actividad pública, pero fue rechazada por el pleno.

Tras ampliarse el periodo de enmiendas, el proyecto del Gobierno de Cantabria se encuentra actualmente en la fase de designación de la ponencia. Consultada, la Cámara elude hacer una estimación pública de los plazos: “Se irá incluyendo en el orden del día de las correspondientes sesiones parlamentarias según la agenda y el calendario del Parlamento”.

En Euskadi, ¿a la tercera irá la vencida? La convocatoria de elecciones para septiembre de 2016 hizo que la tramitación del proyecto de ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco decayera, dado que no se podía retomar en el punto en el que se dejó al variar la composición de la cámara. Se trataba del segundo intento, tras un anteproyecto en 2014 que no llegó a votarse en el Parlamento Vasco.

Ahora, en la nueva legislatura, la iniciativa corresponde a los grupos Euzko Abertzaleak - Nacionalistas Vascos (EA-NV) y los Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (SV-ES) mediante proposición de ley. Se dio de alta el 20 de julio, se admitió a trámite a finales de agosto y el 28 de septiembre se votó la toma en consideración. Todos los grupos votaron sí a excepción de EH Bildu, cuyos representantes se abstuvieron. “No hay previsión de plazos para la aprobación”, esgrime la Cámara, porque ahora entran el procedimiento variables como el número de enmiendas que presenten los grupos o las comparecencia que puedan solicitar. Se trata de uno de los compromisos del Acuerdo de Gobierno para esta XI Legislatura y las expectativas de aprobación también están puestas en 2018.

Entretanto, ¿ante quién recurro?

De las cuatro autonomías que aún carecen de ley propia, tres -Asturias, Madrid y Cantabria- han traspasado, al menos momentáneamente, al Consejo de Transparencia y buen Gobierno, el órgano de control estatal, el ejercicio de resolver las reclamaciones de los ciudadanos que no están conformes con las respuestas que reciben de la administración. Lo hacen mediante convenios que establecen un precio unitario por cada recurso tramitado que va de 123,41 euros a 139,16 euros, según el número de horas dedicadas por el personal del Consejo y su grupo de titulación como empleados públicos. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que también carecen de normativa propia, cuentan con idénticos convenios.

En Madrid, este convenio con el Consejo de Transparencia puso fin a un limbo de cinco meses, entre agosto de 2016 y enero de 2017, durante el cual los madrileños no tuvieron ningún organismo al que reclamar, y sus recursos quedaban parados sin que nadie se hiciera responsable. La excepción entre las cuatro comunidades es Euskadi, que cuenta con su propio órgano colegiado encargado de resolver estas reclamaciones, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.