A contrapié. Así recupera la Comunidad de Madrid parte de sus competencias en materia de transparencia. Desde hoy, Madrid debe resolver, por sí misma, las reclamaciones sobre derecho de acceso a la información pública que involucren a sus instituciones. Y del Consejo de Transparencia y Participación (CTyP) de Madrid, el árbitro que, como paso previo a los tribunales, debe mediar entre ciudadanía y las administraciones madrileñas, hay pocas señales de vida. No cuenta con página web, ni datos de contacto, ni formularios, ni información pública. Nada. Tampoco le presta demasiada atención la Asamblea de Madrid, de quien depende orgánica y económicamente. Apenas un par de párrafos en su página web y ni rastro de su asignación presupuestaria ni de recursos humanos (algo que deberían publicar por ley).

Los próximos, los de Castilla-La Mancha y Asturias

De los convenios en vigor entre Consejo de Transparencia y Buen Gobierno español y comunidades autónomas, los de Castilla-La Mancha y Asturias son los que tienen una fecha de fin más próxima: enero de 2022. El Consejo afirma haber iniciado contactos con las administraciones del Principado para su prórroga, pero no así con la Junta presidida por Emiliano García-Page. El resto –los de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Ceuta y Melilla– vencen en 2024.

Hasta ahora, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el estatal, era el organismo responsable de revisar las reclamaciones que afectaban a instituciones madrileñas. Lo hacía en virtud de un convenio firmado con el gobierno regional y cuya última prórroga venció este 2 de noviembre. Al no ser renovado, Madrid recupera esta competencia. A fecha de publicación de este artículo, el Consejo estatal, que recoge en su página web la situación de las distintas comunidades autónomas, reconoce no saber cómo tramitará Madrid estos expedientes. Y las cifras no son pequeñas: desde enero de 2020 hasta el pasado mes de octubre, las de Madrid suponían casi la mitad de todas las reclamaciones de comunidades autónomas que tramita el Consejo de Transparencia estatal (522 de 1204).

Rafael Rubio, miembro del Consejo de Transparencia y Participación confirma a Civio que, pese a las circunstancias, son los responsables de resolver aquellas reclamaciones que se presenten a partir de hoy, 3 de noviembre. Para ello, los interesados tienen, por el momento, dos canales: el registro de la Asamblea de Madrid, que no es telemático y solo admite documentos de forma presencial o por correo postal, o a través de la dirección [email protected]. Eso si pueden consultarlo, porque Rubio confiesa que en su sede ni siquiera tienen conexión a Internet.

Limitaciones logísticas

El Consejo de Transparencia y Participación de la región se creó con la aprobación, en 2019, de Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. El 22 de diciembre de 2020, casi un año después de su entrada en vigor, tomaron posesión del cargo sus tres consejeros: Antonio Rovira (a propuesta del PSOE), Ricardo Buenache (de Ciudadanos) y Rafael Rubio (del PP). Durante este tiempo, además de mantener distintas reuniones, el Consejo autonómico resolvía algunas reclamaciones sobre publicidad activa y denuncias sobre el incumplimiento de la Ley de Transparencia, como las reuniones entre la administración madrileña con lobbies no inscritos en el Registro de Transparencia. De hecho, así, por una denuncia, fue como Enrique García, docente y usuario activo del derecho a saber, fue de los primeros en conocer de los discretos primeros pasos del CTyP.

Para esta nueva etapa, que se inicia hoy, contaban con tener una página web operativa y el reglamento de funcionamiento interno y el código ético aprobados. “Nos ha pillado el toro”, lamenta Rubio. A esto se le suman ciertas “limitaciones logísticas” que se complican al estar vinculados a una institución “enorme”, como es la Asamblea de Madrid. La estimación de este consejero es que la situación mejore en unos diez días.

Desde la Consejería de Presidencia de Enrique López, de quien depende la política de transparencia de la Comunidad, relativizan la situación y lo plantean como un simple cambio de manos. No obstante, afirman que “por prudencia se han realizado todas las gestiones administrativas necesarias previas a la firma de un nuevo convenio por si en algún momento fuera necesario suscribirlo para reforzar el trabajo del consejo autonómico”. Este extremo no fue corroborado por la contraparte, el Consejo de Transparencia estatal.

“Creemos que se puede estar vulnerando la legislación de la que nos dotamos hace tres años”, protesta Alberto Oliver, diputado de Mas Madrid, primer grupo de la oposición, que critica además el tratamiento que la Mesa de la Asamblea da al Consejo de Transparencia autonómico. “El retraso en los plazos es una cuestión de insuficiencia de recursos asignados”, sostiene. A cierre de este artículo aún no hemos recibido respuesta de la Asamblea, presidida por Eugenia Carballedo.

Con apenas tres empleados –seis si contamos a los tres consejeros–, sin presupuesto propio –sus sueldos y el alquiler de su oficina corren a cargo de la Asamblea– y con una capacidad muy reducida de contratación, explica Rubio, el Consejo madrileño de transparencia deberá velar –y cumplir– con las obligaciones de publicidad activa, atender las reclamaciones e iniciar procedimientos de sanción contra altos cargos y empleados públicos de la región. Con estos antecedentes, ahora empieza lo difícil: demostrar su independencia y eficacia. Todo un reto cuando el Consejo de Transparencia y Participación madrileño empieza con retrasos, sin recursos propios y sin información pública. Toda una paradoja.

Actualización (05/11/2021): desde el Consejo de Transparencia y Participación de Madrid informan que, a falta de sede electrónica, también reciben reclamaciones y denuncias que se presenten en cualquier registro público de la AGE, CCAA y entidades locales, que se les derivará desde el Registro General de la Comunidad de Madrid.

La versión original de este artículo no contenía la respuesta de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, responsable de las políticas de transparencia de la región, ya que fue recibida después de su publicación.