Los intereses comerciales y económicos: el motivo más repetido para vetar el acceso a información pública

La Ley de Transparencia permite a cualquier ciudadano solicitar información en manos de la administración pública. Desde su entrada en vigor en diciembre de 2014 y hasta diciembre de 2023, se han realizado 68.217 solicitudes -de las cuales 66.603 estaban finalizadas a esa fecha- con un incremento exponencial: en 2015 se realizaron 3.151 peticiones y en 2023 se llegó a más de 9.400. No hay límites sobre qué se puede preguntar, pero sí sobre a lo que el gobierno te dejará acceder.

Más de un 20% de las solicitudes no llegan siquiera a ser admitidas a trámite y, por tanto, se descartan antes de llegar a ser concedidas o denegadas. Esto ocurre por diversos motivos, aunque los más repetidos son que la información que se solicita tiene un régimen específico de acceso -como ocurre con la información medioambiental, por ejemplo- o porque el órgano al que se le solicita la información dice no tenerla en su poder y no saber quién la tiene.

Aunque, una vez admitidas a trámite, puede ser que tampoco terminen prosperando. En muchos casos, porque la solicitud choca con la protección de datos personales. En otros, porque lo hacen con uno de los otros 12 límites que marca la ley. Entre 2014 y 2023, se han denegado 2.458 solicitudes de forma total o parcial por esta última vía. Si preguntas sobre el número de avistamientos de OVNIS (objeto volador no identificado) y globos espías chinos, es posible que te lo denieguen por ser información clasificada, como ya ocurrió en 2023. Si, por otra parte, quieres conocer las cuentas bloqueadas y silenciadas por los perfiles oficiales del Ministerio de Cultura y Deporte en la red social X (antes conocida como Twitter), este también se negará a darte dicha información, basándose en la seguridad pública, como ocurrió en 2017.

Resoluciones de solicitudes de información (2014-2023)

Intereses comerciales y económicos, ¿de quién?

El motivo que más se repite entre solicitudes denegadas no es la información clasificada o la seguridad pública. De entre los 12 límites al acceso a la información que marca la ley en su artículo 14.1, la de los intereses comerciales y económicos es la más repetida. Teniendo en cuenta que una solicitud se puede denegar por varios motivos a la vez, esa razón se usa en más de un 23% de los expedientes denegados, muchas veces acompañado de otros límites como el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial o la garantía de la confidencialidad. El Ministerio de Transportes (anterior Fomento) es el organismo que más veces utiliza el límite de intereses comerciales para denegar el acceso a información en estos nueve años.

Pero, ¿intereses comerciales de quién? Este motivo lo utiliza en muchas de sus respuestas Renfe, adscrito a ese mismo ministerio, para denegar el acceso a información relativa a su actividad. Para no desvelar incidencias o retrasos en Cercanías (de Cantabria o Barcelona) o el algoritmo que decide los precios de los billetes de AVE. Dar esa información a las personas que lo solicitan supone, según la operadora, un perjuicio para su posición en el mercado frente a las empresas competidoras “que no publican” esos datos. En el caso de Cercanías, porque pueden dar una mala imagen de Renfe frente a otros medios de transporte como “autobuses, taxis, vehículos VTC y coches particulares”. También se queja, ya en 2024, de que “una sociedad mercantil, con el único fundamento de la titularidad pública de sus acciones, tenga que atender de forma recurrente peticiones detalladas y prolijas de información sobre la explotación de sus servicios, derivando en una carga que el resto de los operadores de transporte no tiene”.

Y no es la única empresa estatal que utiliza el límite de intereses económicos o comerciales para denegar información. También lo hace RTVE en más de una quincena de solicitudes: para que no se haga público lo que paga por los derechos de la Copa Mundial Femenina de 2023, por ejemplo. Para la Copa Mundial desarrolla un poco más: habla de lo difícil que lo tiene con tantos competidores y sin ingresos por publicidad y dice que para conseguir los derechos del torneo femenino de fútbol tuvo que pujar en subasta pública. “Es un proceso muy competitivo por lo que desvelar la cuantía de la puja supondría una clara desventaja con respecto a esos mismos competidores en las próximas pujas”, añaden.

De hecho, lo ha vuelto a hacer en 2024, en este caso sobre los derechos de la Eurocopa 2024 de fútbol. Lo hizo, según la corporación, porque todavía estaba en negociaciones en el momento de resolver la solicitud y estas “podrían verse frustradas si se concede la información solicitada quedando CRTVE en situación de evidente desventaja respecto a sus competidores en el mercado”.

Los intereses comerciales que hay que defender no son siempre los de la administración pública o de empresas participadas por la misma. En más de una decena de peticiones para conocer el precio real de medicamentos o ciertas terapias, el Ministerio de Sanidad ha antepuesto los intereses comerciales de empresas privadas multinacionales como Novartis, Roche o Sanofi al derecho de acceso a la información pública. Alegando también los límites relacionados con el secreto profesional y la garantía de la confidencialidad en procesos de toma de decisión, el ministerio niega revelar el precio porque podría suponer una desventaja a la hora de negociar con las farmacéuticas.

Tanto se ha utilizado el límite de los intereses comerciales, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desarrolló un criterio interpretativo sobre este límite en 2019. En el mismo, se aclara la necesidad de realizar un test de daño y test de interés a la hora de denegar el acceso a la información, es decir, poner sobre la balanza los riesgos reales de que la información que se solicita se hiciera pública y si el interés público prevalece sobre el mismo. Y hace especial hincapié en lo determinante de que esos riesgos económicos o comerciales a los que se enfrenta la administración al entregar la información no fueran hipotéticos o poco probables: “El perjuicio debe ser definido, indubitado y concreto”.

La seguridad pública: donde muere la transparencia

El ministerio que más solicitudes de información ha recibido hasta 2023 ha sido el de Interior, con 9.651 peticiones (14,15% del total). A la vez, ha sido el que más veces ha negado el acceso: un 6,9% de sus solicitudes fueron rechazadas por chocar con alguno de los límites que define la Ley de Transparencia. La mayoría de veces, el límite al que se acogió el ministerio fue el de seguridad pública, el otro gran protagonista en las denegaciones de acceso. La variedad de asuntos a los que veta el acceso por este límite es de lo más variopinta: desde las incautaciones de drogas por centros penitenciarios o el número de infiltrados de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones de Ferraz, hasta la adquisición de sistemas de reconocimiento facial en drones.

En un par de casos se marcan récords de límites; acompañando a la seguridad pública van seis más. Conocer el estado o posible reforma de la instalación eléctrica del acuartelamiento de la Guardia Civil en Córdoba sobrepasaba la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Nada más y nada menos. Acceder a los informes de inspección realizados en 2017 sobre las unidades policiales en Ceuta y Melilla chocaban con los mismos siete límites.

Interior también es responsable de responder solicitudes sobre escoltas o seguridad de la Casa Real. Son más de una treintena las veces que han rechazado ofrecer información a este respecto desde 2014. Ya en 2015 se preguntaba por la partida presupuestaria para el servicio de la Casa del Rey e Interior la denegaba por ser información reservada. En 2022, seguía siendo reservado saber el coste de la seguridad del rey emérito en Abu Dabi o en Sanxenxo.

Por parte de la Casa Real el motivo más repetido para ocultar información es el de seguridad pública: no podemos acceder a los nombres del personal eventual del organismo en 2023 (aunque sí al número y sueldo de los mismos) o los viajes en aviones de titularidad pública que hacen los miembros de la familia real, aunque en este último caso lo que se alega es seguridad nacional y no seguridad pública.

Las otras motivaciones

Otros límites que se repiten en más de 400 solicitudes que rechazan dar la información son: la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Este último se ha utilizado para no publicar información sobre diversos aspectos del Benidorm Fest, por ejemplo: el voto particular de cada miembro del jurado; o, ya en 2024, el listado de canciones entregadas para participar en la preselección.

Pero los motivos para denegar solicitudes no se han utilizado todos los años por igual. Algunos aparecen cada vez más, como ocurre con la seguridad nacional, y otros que cada vez se utilizan menos, como es el caso del límite por las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (cuando la solicitud puede interceder en una investigación administrativa). Otros, por el contrario, se han utilizado durante los últimos nueve años forma esporádica. El límite de política económica y monetaria se ha utilizado 15 veces, según los datos proporcionados por el Portal de Transparencia; una de ellas para no hacer público los documentos intercambiados y los acuerdos a los que llegaron el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y la gente con la que se reunía en 2015. Aunque la motivación que menos aparece es la de la protección del medio ambiente: tres veces en total, una en 2016, otra en 2022 y la última en 2023, con el objetivo de no hacer público la documentación relacionada con la fuga de crudo ocasionada por Repsol en Perú.