Falta de información, complejidad y lentitud: los motivos por los que solo uno de cada tres beneficiarios potenciales solicita las ayudas de dependencia

“Cuesta bastante encontrar información”, afirma María del Mar Cesnero sobre las prestaciones de la Ley de Dependencia. En 2016, su madre, que hasta entonces vivía con completa autonomía en su casa, tuvo una caída. A las lesiones físicas se unió, de golpe, la demencia. Su familia la ingresó en un hospital madrileño pero al poco tiempo le dieron el alta. “Fue todo muy rápido: la echaron del hospital y nos tuvimos que quedar con ella como un vegetal”, recuerda Cesnero. Cuando preguntaron a los profesionales médicos del centro hospitalario cómo proceder con su madre, solo le dieron información sobre residencias privadas. “Costaba 3.900 euros mensuales, así que tuvimos que vender el piso y mi padre se tuvo que ir a vivir de alquiler”, continúa. Por entonces no sabían nada sobre la Ley de Dependencia y las prestaciones que contempla para cubrir los cuidados de personas dependientes, a pesar de que la ley entró en vigor en 2007. Ella y su familia se enteraron de estas ayudas por el “boca a boca” y las solicitaron un año después, afirma. “Un año, en las condiciones en las que estaba mi madre, a mí me pareció una vida”, concluye Cesnero.

A 31 de mayo de este año, últimas cifras publicadas por el Imserso, poco más de dos millones de personas en toda España han solicitado estas ayudas. Una cifra que supone solo el 33,14% de la población potencialmente dependiente. Pero hay grandes diferencias entre comunidades: mientras en Andalucía más del 40% de esta población ha solicitado las ayudas, en Galicia apenas lo ha hecho el 17,81%.

“La mayoría de la gente que ves con dependencia no sabe que tiene derecho a estas prestaciones”, señala Nacho Jiménez. Él trabaja de enfermero en un centro de salud en Madrid, comunidad en la que el porcentaje de personas dependientes que lo pide es algo menor que la media estatal, un 31,12%. Según señala, en su centro no existe un protocolo que ordene al personal sanitario informar sobre las prestaciones de la ley ni ha encontrado en el recinto un solo cartel que publicite estas ayudas.

En País Vasco y Cataluña, los trabajadores sociales con los que ha hablado Civio también señalan la falta de información como uno de los motivos por los que tan poca gente la pida, en torno al 35% en ambos casos. “Un factor de este fenómeno es el desconocimiento de dichas ayudas”, apunta Montse Fuentes, trabajadora social en la organización Cuidando de Ti, con sede en Barcelona. “Creo que desde las administraciones autonómicas se da esta información, pero podría ser muy mejorable”, afirma Raúl Espada, trabajador social de la Asociación de familias cuidadoras y personas dependientes de Euskadi (ASCUDEAN), con sede en Vitoria. Desde estas organizaciones se dedican, precisamente, a informar a las familias con personas dependientes sobre las ayudas que existen y cómo pedirlas. “Aquí en Álava todo el tema de los servicios sociales se lleva desde la Diputación y esta es una ciudad más o menos accesible, no tiene un tamaño exagerado, y aun así a veces cuesta que llegue la información. Si nos vamos a una macrociudad o a zonas rurales con la población muy dispersa, creo que es mucho más problemático y puede no llegar la información”, concluye.

Otro obstáculo a la hora de pedir las prestaciones de la Ley de Dependencia, según expone Jiménez sobre la situación en Madrid, es lo farragoso y largo del proceso. Explica que, cuando atiende a un paciente que es claramente dependiente, aunque no existe un protocolo para ello, él le describe las ayudas que puede pedir. La respuesta de muchos de ellos, la mayoría personas mayores, es que es “mucho papeleo” y que, en todo caso, lo harán sus hijos.

El último Informe de evaluación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (SAAD), de septiembre de 2022, también señala la lentitud del proceso como el principal problema a la hora de acceder a las ayudas de dependencia. De media, el trámite tarda 329 días, según las últimas cifras del Imserso, frente a los 6 meses que marca la ley. A día de hoy solo Castilla y León y País Vasco cumplen el plazo legal de resolución, además de Ceuta, que es el territorio donde menos dura el proceso —solo 61 días— y donde la gestión de estas ayudas recae directamente en el Imserso.

“El proceso aquí no es complicado”, afirma Espada sobre el trámite en Vitoria. “Lo más complicado que puede haber es pedirle al médico el informe porque puede haber esperas en el sistema sanitario”, añade. Fuentes opina parecido en cuanto a Cataluña: “Aquí el trámite consiste en rellenar una solicitud y entregarla a los trabajadores sociales, obstáculos previos no existen”, asegura. Según las últimas estadísticas del Imserso, el tiempo medio que pasa desde que se solicitan las ayudas de dependencia en País Vasco y Cataluña es de 133 y 276 días, ambas por debajo de la media estatal.

La comunidad que más tarda en gestionar las solicitudes es Canarias, con 593 días de media, unos plazos que la comunidad pretende acortar desestimando por silencio administrativo todas las solicitudes que excedan los seis meses de tramitación, según informaba la cadena Ser en abril. Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODSC), describe el proceso —al que tacha de “calvario”— por el que una persona dependiente tiene que pasar para poder recibir las prestaciones en esta comunidad: “Primero tiene que ir a la consulta médica a recoger el informe de salud, y con ese informe de salud se va al equipo de trabajo social del ayuntamiento del municipio en el que viva para solicitar la dependencia”. Pero, según afirma Colao, según el municipio el tiempo de espera para conseguir esa cita con la que presentar la solicitud puede tardar en llegar entre uno y tres meses. “Una vez tiene la cita en servicios sociales, la trabajadora social puede solicitarle que presente toda la documentación acreditativa para el reconocimiento de la dependencia, que no es poca —una decena de documentos, según se puede ver en la web del gobierno canario—, o bien registrar la solicitud sabiendo que le van a reclamar la subsanación de toda esa documentación”, continúa. Ella calcula en entre uno y seis meses el tiempo necesario para reunir la documentación a adjuntar a la solicitud de dependencia.

“Después, una vez se manda toda la documentación acreditativa adjuntada a la solicitud más el informe social y el informe de salud, este expediente se manda a la dependencia responsable de abrirlo, pero… a ver cuándo lo abre”, añade Colao. Afirma que la administración canaria ha llegado a tardar meses e incluso un año en abrir un expediente de solicitud de dependencia “para no incrementar el número de solicitudes registradas”, denuncia. Según las cuentas de Colao, entre el tiempo que puede llevar conseguir cita en servicios sociales, reunir la documentación necesaria y que la administración finalmente abra el expediente de la solicitud pueden pasar dos meses o más de un año. Y hasta entonces, a nivel oficial la solicitud aún no existe: a ese tiempo se añaden después los casi 600 días que dura la tramitación.

Una vez que la administración abre el expediente de la solicitud, la primera fase del proceso es la valoración del grado de dependencia, en el que se tiene en cuenta la situación física de la persona y los recursos económicos de los que dispone. En la gran mayoría de comunidades autónomas la realizan las administraciones autonómicas dedicadas a dependencia. Las únicas excepciones son Cantabria, donde esta primera fase la pueden realizar también los servicios de salud; Castilla y León, que también da competencias para ello a los servicios sociales municipales; y Comunidad Valenciana, donde esta evaluación la pueden realizar tanto la administración autonómica como los servicios sociales municipales y los centros de salud.

“Una vez abren la solicitud, llamarán para darte una cita de valoración del grado de dependencia y una profesional irá al domicilio”, explica Colao sobre el proceso en Canarias. Pero, al menos en Canarias, según subraya, hay otro problema: “La vía de comunicación es telefónica, y a la tercera vez que no puedan comunicarse contigo desestiman la solicitud”. Según las cifras del Imserso, en toda España solo en mayo hubo más de 3.500 solicitudes de dependencia a las que las administraciones autonómicas dieron de baja por desestimiento u otros motivos, categorías en las que la causa podría haber sido no haber cogido el teléfono a tiempo. Según afirma Colao, una vez que se ha realizado la valoración, el tiempo de espera de la resolución del grado de dependencia en Canarias puede tardar otros cuatro meses.

La segunda es la elaboración del programa individual de atención (PIA), en el que se detallan las prestaciones o servicios que se conceden a la persona dependiente dentro del catálogo que detalla la Ley de Dependencia. Estas prestaciones pueden ser atención en el domicilio, centro de día o residencial, que pueden darse a través de forma directa a través de servicios gestionados por la comunidad autónoma o ayuntamientos, o como ayuda económica con la que financiar parte del acceso a estos servicios prestados por empresas privadas. Como excepción la ley incluye también la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Para este proceso, de nuevo hay que esperar a que den la cita y después, según afirma Colao, “otros dos o tres mesecitos hasta que resuelvan el programa”.

Según el último informe del Imserso, en mayo había 131.370 personas pendientes de la resolución de grado en toda España, y más de la mitad de ellas llevan más de seis meses espera —casi la mitad de estas en Andalucía—. Otras 137.724 personas que ya tienen la valoración de grado siguen pendientes de la PIA, la gran mayoría de ellas —115.000— durante al menos seis meses —la tercera parte de ellas en Cataluña—. A ellas se suman las personas con valoración de grado y PIA que aún no están recibiendo las prestaciones. Solo en la Comunidad de Madrid, según la información publicada en la web del gobierno regional, hay cerca de 30.500 servicios y prestaciones de dependencia pendientes de ejecutar. 9.000 de ellos son servicios de ayuda a domicilio en el municipio de Madrid.

Desde abril, el Imserso publica informes específicos sobre fallecimientos de personas dependientes durante las distintas fases del reconocimiento de su situación de dependencia y acceso a las prestaciones. Según señala el informe, que recoge los datos de enero a mayo, en ese periodo han muerto 7.253 personas pendientes de la resolución de valoración de grado de dependencia y otras 8.555 que no han conseguido recibir las prestaciones a las que tienen derecho.

Las prestaciones “no son para tirar cohetes”

Una de las personas beneficiarias de esos servicios de ayuda a domicilio en Madrid es el padre de Soraya González Guerrero. Ella es periodista y ahora trabaja en un documental, TuentifourSeven, en el que relata cómo la vida de su familia cambió cuando un accidente en 2017 dejó a su padre tetrapléjico por lesión medular. “Es muy complicado, parece que te tienes que sacar un máster en dependencia”, afirma sobre el proceso de solicitar las ayudas.

Su padre estuvo dos meses en cuidados intensivos y ocho meses más en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Cuando Soraya vio que en pocos meses le iban a dar el alta, pidió una baja en su trabajo para poder tramitar la solicitud: “Es un lío: por un lado, está la valoración de la discapacidad, que lo hacen en el centro base que te toque, y por otro lado está el grado de dependencia, según ingresos. En nuestro caso, como mi padre estaba en Toledo, la trabajadora social del hospital no sabía cómo iba a ser la cosa en Madrid y todo eran especulaciones; hasta que no le dieran el alta a mi padre no le podían valorar porque tienen que ir al domicilio”.

Cuando Soraya consiguió que la Comunidad de Madrid valorara y otorgara las prestaciones por dependencia para su padre se encontró con que lo que le daban “tampoco es para tirar cohetes”, lamenta. En concreto, Soraya detalla que el servicio de atención a domicilio de su padre consiste en que una persona contratada por el Ayuntamiento vaya a su casa dos horas al día, de lunes a viernes, para levantar y lavar a su padre. Hace pocos meses, tras seis años batallando, han conseguido que también vaya alguien a casa para ayudar a acostarle usando una grúa. “La experiencia está siendo nefasta porque cada día viene una persona distinta, no tienen ni idea de usar la grúa y el arnés y además vienen a acostarle a las 21h, como si mi padre fuese un bebé”, explica Soraya, que apunta también a la precariedad de los trabajadores del sistema de ayuda a domicilio. En Madrid, este servicio lo gestionan las empresas Quavitae y Sacyr, que, a febrero de 2022, cobraban de la administración madrileña en torno a los 17 euros por hora de servicio y pagaban a la mayoría de sus trabajadores menos de 8 euros por hora, según aparece en la documentación presentada por estas empresas para la licitación del contrato.

Para otro tipo de prestación, la atención residencial, la administración paga parte del coste, que termina de cubrirse con un copago por parte del beneficiario. El último informe del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de 2022, ya apunta que “el debate se centra en qué sector de la población se está beneficiando”, ya que “una parte importante de las personas solicitantes de este servicio no disponen de recursos suficientes para completar el precio de la plaza residencial”.

Si en vez de una plaza en residencia, el beneficiario tiene una prestación económica vinculada al servicio de residencia, el importe que recibe de la administración varía entre los 100 y los 747 euros, según el decreto de julio de 2023 que, por primera vez, impone importes mínimos a la prestación. Aunque para este servicio Cataluña ha aumentado la aportación máxima hasta los 1.239 euros.

Cuidados en el entorno familiar: la prestación más habitual

Pero hay gente que lo tiene más difícil para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia. En una zona rural, donde es difícil que haya una entidad acreditada que pueda ejercer la ayuda a domicilio o una residencia, si puedes hacer frente al copago, la opción que queda es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, unos cuidados que principalmente recaen en las mujeres y por los que la administración ofrece importes mucho menores.

El decreto que el pasado verano imponía mínimos a las cantidades a recibir por dependencia asignaba entre 100 y 455,40 euros mensuales a los cuidados en el entorno familiar. Aun así, los últimos datos del Imserso muestran que el 41,4% de los beneficiarios de esta ayuda cobran entre 100 y 200 euros mensuales y el 0,6% de los beneficiarios cobra menos de 100 euros. Y, según denuncia Colao, esta prestación además es incompatible con algunas de las ayudas sociales autonómicas o locales. El mismo texto de la Ley de Dependencia señala que, si se reciben otras ayudas con un objeto parecido, el importe de estas se descuenta.

Aunque en la ley se plantean este tipo de ayudas como excepcionales, es la prestación más común, con más de 582.000 beneficiarios, seguida por teleasistencia —poco menos de 480.000—, que es la única que se puede compaginar con otras ayudas de dependencia. En Murcia, las ayudas consistentes en cuidado familiar son el 46,5% del total, pero en poblaciones pequeñas como Fortuna —11.000 habitantes— o Albudeite —1.300— la proporción es aún mayor: un 76,4 y un 71%, según datos del Centro Regional de Estadística.

Además de la falta de información, la lentitud del trámite y la falta de recursos, Josep de Martí, director del portal Inforesidencias, apunta otra posible razón para que solo un tercio de la población potencialmente dependiente solicite las ayudas: “Creo que mucha gente todavía tiene muy interiorizado que esto de los servicios sociales y la dependencia es un poco estigmatizante; si a cualquier persona le duele la barriga, va a un hospital público y lo considera normal porque es su derecho y paga sus impuestos, pero todavía hay gente que, cuando le dices que vaya a hablar con servicios sociales, te responde que no son pobres”, señala De Martí, que durante años fue inspector de servicios sociales en Cataluña. “Creo que la Ley de Dependencia fue buena en el sentido de que generó esta idea de derecho, pero todavía hay trabajo que hacer para que la gente lo considere de verdad un derecho”, concluye.