Actualizado el 8 de noviembre para incluir un caso de muerte más a nivel europeo, confirmado por el Defensor del Pueblo de Irlanda a The Journal Investigates, uno de los medios miembros de EDJNET que ha participado en esta investigación.

Stefan Lache fue detenido una noche de sábado por agentes de la Policía Nacional en el barrio de Carabanchel, en Madrid, por no llevar encima la documentación. Le llevaron al calabozo de la comisaría. “En la madrugada me llamó mi primo, que estaba con él; me dijo que la policía les paró para identificarles y se lo llevaron a comisaría porque no llevaba la cartera encima”, recuerda su viuda, Liliana Gheorghe. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida. Tenía 28 años. Fue el 15 de abril de 2018, y aún hoy su familia sigue reclamando que se investigue su muerte.

Lache fue una de las seis personas que murieron bajo custodia de la Policía Nacional o la Guardia Civil ese año, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior. Su muerte fue clasificada como “natural”. Entre 2015 y 2022 fueron 162 las personas que murieron bajo custodia o en operaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, según datos aportados por estas instituciones. Es una cifra que no incluye a los al menos 23 fallecidos en Melilla en junio de 2022. Tampoco las muertes relacionadas con los cuerpos de policía local, de los que el Ministerio de Interior no recopila datos, según asegura a Civio. Su número podría equipararse al de las muertes registradas en relación con la Policía Nacional, según estima Jorge del Cura, activista que lleva décadas haciendo seguimiento de este tema y que en 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).

En 2023, según la información facilitada a raíz de una pregunta parlamentaria del diputado de Bildu Jon Iñárritu, publicada por La Marea, hubo otras 17 muertes en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

Para esta investigación hemos solicitado datos sobre muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales, a través de solicitudes de acceso a la información y mediante gabinetes de prensa gubernamentales, a todos los países de la Unión Europea. Hemos conseguido datos de España, Alemania, República Checa, Irlanda, Hungría, Austria, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Portugal, Francia, Países Bajos y Suecia. Cuatro países —Eslovaquia, Italia, Rumania y Estonia— se han negado expresamente a facilitar esta información y el resto ni siquiera ha respondido. Los datos ofrecidos por varios países no contemplan todos los casos. Para más información ver la metodología.

De las 162 muertes registradas en España entre 2015 y 2022, solo en 25 casos las administraciones han facilitado información sobre la nacionalidad de la persona fallecida: en 21 de los 27 que tuvieron relación con los Mossos d’Esquadra, en tres de los cuatro con la Ertzaintza, y solo en uno de los 131 de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En once de estos 25 casos, eran personas de origen extranjero. “Muchas veces ni ellos ni sus familias saben lo que ha pasado, no saben cómo ponerse en comunicación con colectivos de derechos humanos ni cómo actuar”, explica Del Cura, que señala que la gran mayoría de personas que mueren bajo custodia o en operaciones policiales pertenecen a colectivos vulnerables y sin medios, como personas migrantes en situación irregular.

Sufrir una enfermedad mental también es un factor importante. “Numerosas intervenciones policiales en las que ha muerto una persona están relacionadas con trastornos en la salud de estas personas y que por diferentes motivos se originan normalmente a requerimiento de familias o convivientes”, señalan desde la institución que dirige a los Mossos d’Esquadra. Desde 2015 hasta 2022 hay al menos 20 casos de muertes en contacto con las policías españolas en las que la persona fallecida sufría de una enfermedad mental o estaba en estado de agitación.

488 fallecidos entre 2020 y 2022 en trece países de la UE

Las cifras de muertes relacionadas con los cuerpos policiales en España son parecidas a las de otros Estados europeos. Entre 2020 y 2022, al menos 488 personas murieron bajo custodia o en operaciones policiales en los 13 países de la Unión Europea que han accedido a dar información o publican informes de acceso público. En números totales, según los datos obtenidos, Francia está a la cabeza: entre 2020 y 2022 contó 107. Le siguen Irlanda, España y Alemania, con 72, 66 y 60 respectivamente. Pero la información ofrecida por varios países es incompleta.

Los disparos con arma de fuego por parte de los agentes policiales son la primera causa de muerte en la UE. De las 488 personas fallecidas en contacto con la policía entre 2020 y 2022, estos trece países han dado datos de causa de la muerte en 262 casos. De ellos, 98 murieron por disparos de los agentes. 41 fueron en Francia y 27 en Alemania. Una cifra muy distinta a la registrada por España, donde solo se han registrado ocho muertes por esta causa en esos tres años, once desde 2015.

A estas muertes se suman aquellas en las que se han empleado otro tipo de armamento no letal, como las pistolas táser, en ocasiones con protocolos de uso que no cumplen las recomendaciones del fabricante. Las administraciones españolas no han dado información sobre uso de táser en las muertes relacionadas con la policía, pero en uno de los casos, el Departament de Seguretat catalán ha confirmado que hubo un arma involucrada, sin concretar cuál. La persona fallecida era Antonio, vecino de Badalona que sufría de esquizofrenia y que murió en noviembre de 2021 tras recibir seis descargas de esta pistola eléctrica.

La causa de muerte más repetida en los datos facilitados por la administración española es la “natural”, con 65 personas fallecidas desde 2015, 27 de ellas entre 2020 y 2022. En al menos 16 de estos casos la persona murió cuando estaba siendo reducida por los agentes, y en cuatro de estas los datos facilitados confirman que la persona había consumido drogas.

“En una contención física a una persona que está de coca hasta las cejas, puede tener un ataque al corazón. Sabemos que pasa y tiene un nombre: el ‘síndrome del detenido’”, apunta Del Cura. “Hay que formar a los policías para que puedan afrontarlo”, añade. También conocido como el síndrome de delirium agitado, el Ministerio de Justicia lo contempla en su Guía de buenas prácticas para la actuación médico-forense en situaciones de muertes en custodia, pero no se cita en la instrucción sobre el proceso de detención policial. La Agencia Nacional de Mejora de la Policía británica (NPIA por sus siglas en inglés) recomienda en una guía sobre seguridad en detenciones no realizar ningún tipo de contención o reducción a personas que puedan sufrir un delirium agitado.

La mayoría de estas 65 muertes consideradas naturales —36 en concreto— han tenido lugar en los calabozos policiales pero no hay más datos sobre el contexto en el que se produjeron.

Stephan Lache fue una de esas personas. El atestado policial afirma que Lache estaba en una actitud agresiva y los agentes de la Policía Nacional llamaron al Samur. Las imágenes grabadas por las cámaras de la comisaría muestran que, a las 5.46, tres efectivos del Samur y dos agentes agarran a Lache y lo inmovilizan contra el suelo para ponerle una inyección que, según refleja la documentación que llegó a los juzgados, contenía 10 miligramos de Midazolam, un sedante que, según explica el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), solo debe administrarse cuando se disponga de equipos de reanimación. A preguntas sobre la actuación en el caso de Lache y sobre el protocolo cuando se administra medicación de este tipo, desde la Subdirección General del Samur señalan que, cuando no se considera necesario el traslado, se incluye como recomendación que, “si el paciente empeora, se vuelva a llamar al 112, no que se traslade por otros medios al hospital”, con una nota en el informe que dice: “Usted ha sido valorado por sus lesiones y/o molestia por este Servicio y no precisa más asistencia de urgencia por dichas causas. Siga las instrucciones/recomendaciones que le ha dado nuestro personal. Si se modifican, empeoran o aparecen nuevos síntomas o molestias, debe llamar al 112 o acudir de inmediato al centro de urgencia más cercano portando nuestro informe de asistencia previa”.

Según los datos aportados, entre 2018 y 2022, al menos cuatro personas en España murieron después de que la policía les redujera y los servicios médicos les administraran sedantes. Tres de estas muertes tuvieron lugar solo en 2022. Pero entre estas personas fallecidas no se incluye el caso de Lache, catalogado por el Ministerio de Interior como una “muerte natural” bajo custodia policial, sin aportar más datos sobre las circunstancias de la muerte.

34 suicidios bajo custodia policial en España en ocho años

La siguiente causa de muerte en España fueron los suicidios: al menos 34 entre 2015 y 2022, 21 de ellos bajo custodia policial. De los países europeos que han aportado datos de los años 2020 a 2022, España fue el país que registró más suicidios en contacto con la policía, con once casos, seguido de Francia y Dinamarca.

¿Por qué tanta gente se suicida en comisaría? “Cuando una persona se suicida bajo custodia, evidentemente algo falla, como mínimo no se ha tenido en cuenta un reconocimiento mínimo de sus circunstancias médicas”, señala Del Cura, que apunta también a la falta de vigilancia y al mobiliario de los calabozos, con barrotes “de los que te puedes colgar con facilidad”, como factores importantes. En su último informe, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo señalaba que la Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con un protocolo sobre suicidio y autolesiones de las personas detenidas y, desde 2020 ha alertado en al menos 19 ocasiones del peligro de la existencia de barrotes en las celdas de detenidos de varias comisarias y centros de internamiento de extranjeros.

Dos de los suicidios que tuvieron lugar en 2020 fueron en la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras. Imad Eraffali, joven de 23 años de origen marroquí, fue detenido en enero de ese año por no tener la documentación en regla. Horas después fue encontrado ahorcado, según cuenta el medio Algeciras al Minuto. En junio, según relata eldiario.es, otro detenido, Daniel Jiménez, se suicidó, según la versión policial. Tras cuatro años, la familia y la Asociación de Juristas Gitanos han conseguido que el Tribunal Constitucional ordene que se reabra la investigación sobre su muerte, archivada sin siquiera identificar ni tomar declaración a los agentes de policía que estaban presentes.

Investigaciones insuficientes

A pesar de que la ONU recomienda que el proceso de investigación de las muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad esté sometido al escrutinio público, la investigación ofrecida por las distintas administraciones es muy escasa, tanto sobre cómo se ha desarrollado la investigación y sobre sus conclusiones.

En España, el Ministerio de Interior se ha limitado a señalar que en todos los casos de muerte en contacto con las fuerzas de seguridad se realiza una investigación policial, con su atestado correspondiente, que es remitido a los juzgados. Cataluña añade el juzgado donde ha recaído la causa. Tampoco existe un organismo independiente de las fuerzas de seguridad dedicado a investigar estas muertes, como sí existe en Irlanda, Portugal, Francia o Austria, donde se puso en marcha en enero de este año.

Ninguna de las dos administraciones ha dado datos sobre las conclusiones de estas investigaciones ni sobre posibles consecuencias penales o laborales de los agentes de policía involucrados. Sí lo ha hecho el Gobierno vasco, que ha sido la única administración de los trece países europeos con datos que ha confirmado la condena a prisión de agentes policiales en dos casos de muerte.

“Yo creo que la investigación judicial es prácticamente nula en general”, lamenta Del Cura. “Formalmente se investiga: hay un juez que abre la causa, hay una autopsia. Pero no es una investigación efectiva, ni rápida”, añade.

En el caso de Stephan Lache, su viuda, Liliana Gheorghe, intentó una y otra vez que los juzgados investigaran su muerte. Un proceso que le dejó una deuda de 15.000 euros y que provocó que la desahuciaran de la vivienda en la que vivía con sus dos hijas menores de edad, según afirma.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ordenó el sobreseimiento provisional de la investigación en abril de 2019, un año después de la muerte de Lache, contando como única prueba el informe médico, que señalaba que la muerte fue por causas naturales. No se identificó ni tomó declaración a posibles testigos, ni se pidieron las grabaciones realizadas por las cámaras de la comisaría, ni siquiera las fotografías del cuerpo sin vida de Stefan. Liliana encargó un segundo informe sobre la autopsia a un perito del Colegio de Médicos de Madrid, que mostró que no se había realizado el protocolo para muertes bajo custodia que establece la Unión Europea. Pero el juzgado rechazó reabrir la investigación, y también la Audiencia Provincial. “Solo me encontraba puertas cerradas por todos los lados”, denuncia Gheorghe. El año pasado acudió al Tribunal Constitucional, que también negó que se reabriera la causa. El caso está ahora pendiente de ser admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según confirman Liliana y su abogado, Daniel Amelang.

Desde 2021, año en el que España fue condenada dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar posibles casos de torturas o malos tratos por parte de agentes policiales, la disposición sobre este tema en los altos tribunales españoles ha cambiado, según señala Del Cura. El Tribunal Constitucional ha emitido once resoluciones que obligan a los juzgados a reabrir causas archivadas sobre este tipo de hechos. Pero este año ha sido la primera vez que ha ordenado la reapertura de un caso de muerte bajo custodia: la de Daniel Jiménez en los calabozos de la Policía Nacional en Algeciras.

“Yo estoy convencido de que la mayoría de las muertes que ocurren bajo custodia o en operaciones policiales no son penalmente sancionables, habrá muchas que son por imprudencia o por negligencia, y ni siquiera del funcionario concreto, sino de la estructura policial o por la falta de medios”, subraya Jorge del Cura. “Pero evidentemente, hay que poner remedio”, añade.

Liliana aún sigue sin saber por qué su marido, con tan solo 28 años, murió esa madrugada del 15 de abril de 2018 en los calabozos de la Policía Nacional en Carabanchel. Tiene la esperanza de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligue a la justicia española a reabrir la investigación. “Lo necesito, en primer lugar por mi tranquilidad y la de mis hijas, y en segundo lugar, para que no vuelva a suceder algo así, que todo por lo que estoy pasando no lo tenga que vivir más gente”, afirma.

David Cabo Calderón ha colaborado en este artículo revisando los datos publicados. Para realizar esta investigación Civio y medios miembros de EDJNET hemos solicitado a todos los países de la Unión Europea, en base a las leyes nacionales sobre transparencia y a través de los gabinetes de prensa gubernamentales, datos sobre casos de personas que han muerto bajo custodia policial (tanto en comisarías como en centros de detención de personas extranjeras u otros establecimientos gestionados por cuerpos policiales) y en actuaciones policiales entre los años 2010 y 2022, incluyendo información sobre la fecha, edad, nacionalidad y género de la persona fallecida, espacio donde murió, razón de la detención, causa de muerte, si hubo armas y de qué tipo implicadas, si la muerte fue objeto de investigación judicial, las conclusiones de esta investigación y si los agentes implicados han tenido represalias laborales o penales. Hemos recibido respuestas de los siguientes países, dando toda o parte de la información solicitada:

España. Esta solicitud se ha realizado al: —El Ministerio de Interior, en relación con la Guardia Civil y la Policía Nacional: La información remitida sobre muertes en actuaciones policiales comprende los años 2015 a 2022, con datos sobre el año, el lugar —vía pública, vivienda u otro— y causa de la muerte —natural, accidental o suicidio—. Hemos utilizado también la información proporcionada por el Ministerio a la pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Bildu Jon Iñarritu, publicada por La Marea, que incluye contexto sobre cada muerte. Sobre las muertes bajo custodia policial, la información facilitada incluye el año, causa de la muerte —natural, accidental o suicidio— y la instalación donde tuvo lugar la muerte —ACUDE, depósito municipal, dependencias judiciales, dependencias policiales distintas a ACUDE, domicilio, CIE, hospital, traslado y centro penitenciario—. También han incluido información sobre muertes de personas presas, que ha sido descartada.
A través del gabinete de prensa, hemos preguntado al Ministerio de Interior si disponían de datos sobre muertes relacionadas con cuerpos de policía local, confirmando desde el ministerio que no recopilan estos datos.
—Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en relación a la Ertzaintza. La respuesta incluye toda la información solicitada. Uno de los casos, de una persona trasladada desde un centro penitenciario al hospital, no ha sido incluido en el dataset.
—Departament d’Interior de Cataluña. La información facilitada incluye edad, género, nacionalidad, si hubo investigación, pero no la conclusión de esta o las armas.

Alemania. La periodista de Deutsche Welle Kira Schacht ha solicitado esta información a los 16 estados que conforman el país. Han respondido: —Berlín: cifras de muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales desde 2010 a 2022, sin más información, y un informe específico sobre las muertes ocurridas en 2022 publicado en respuesta a una pregunta parlamentaria.
—Baden-Württemberg: datos de muertes en operaciones policiales, distinguiendo si han sido por arma de fuego o por otras causas sin concretar, y bajo custodia entre los años 2018 y 2022, incluyendo datos sobre nacionalidad y edad.
—Baviera: muertes bajo custodia y en actuaciones policiales entre 2013 y 2022, con información sobre nacionalidad, género, edad y causa de la muerte. Desde el Ministerio de Interior de Baviera señalan que no se incluyen casos de muertes ocurridas durante el arresto o custodia sin medidas coercitivas previas.
—Brandenburgo: datos sobre muertes por el uso de armas de fuego por parte de los agentes entre los años 2010 y 2022, incluyendo en algún caso edad y nacionalidad.
—Bremen: muertes en operaciones policiales o bajo custodia desde 2014 a 2022, con información de nacionalidad y edad. No concretan causa de muerte pero señalan que no hubo ninguna por arma de fuego.
—Hamburgo: el Departamento de Interior remite tres informes sobre muertes entre los años 1990 y 2019, 2020 a 2022, y 2023.
—Hesse: la Oficina de Policía ha facilitado solo datos de las muertes en operaciones policiales entre 2010 y 2022 en los que la acción policial fue la causa directa de la muerte, con información sobre si se usó arma de fuego, táser o spray de pimienta.
—Mecklemburgo-Pomerania Occidental: el Ministerio de Interior ha remitido una nota de prensa, ya no disponible en la web, sobre la única muerte que afirman que hubol, señalando nacionalidad y conclusiones de la investigación.
—Baja Sajonia: el Ministerio de Justicia afirma que no se recopilan datos sobre muertes en actuaciones policiales. Sobre muertes bajo custodia policial señala cinco casos remitidos por el Ministerio de Interior, con información sobre la causa de muerte. Sobre datos de muertes en actuaciones, se incluye la información aportada por un informe parlamentario sobre uso del táser.
—Renania del Norte-Westfalia: la administración no ha facilitado datos. Se incluyen datos sobre muertes en operaciones policiales desde 2015 de un informe parlamentario.
—Renania-Palatinado: muertes en operaciones policiales desde 2015 hasta 2022, con toda la información solicitada. Envían una tabla con diez casos y se añade un caso más por accidente de tráfico en el mail enviado por la administración. Añaden que el Ministerio de Familia, Mujer, Cultura e Integración afirma que no ha habido muertes en centros de detención de personas extranjeras.
—Sarre: muertes en intervenciones policiales y bajo custodia entre 2010 y 2022 con un breve relato de los hechos, edad y conclusiones de la investigación.
—Sajonia-Anhalt: el Ministerio de Interior facilita un informe sobre muertes causadas por uso de armas de fuego en intervenciones policiales desde el año 2000 hasta julio de 2020, señalando que no hubo ninguna muerte más por esta causa hasta finales de 2022 y añadiendo otro caso de muerte ocurrido en 2022 en el que no se usó arma de fuego. Aporta otro informe sobre muertes bajo custodia policial entre 1995 y mayo de 2018.
—Schleswig-Holstein: la Oficina de Policía facilita datos sobre muertes en intervenciones policiales de 2016 a 2022, con nacionalidad, edad, género, contexto y arma involucrada. Afirma que todos los casos fueron investigados.

También se incluyen los datos de los informes anuales sobre uso de armas de fuego realizados por la Universidad de la Policía Alemana, por encargo de la Conferencia Permanente de Ministros del Interior y Senadores de los Estados Federales (IMK). Los informes han sido publicados por CILIP, publicación del Institut für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit, institución relacionada con la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín. También se incluyen los casos de muerte por táser recogidas por esta organización de las que se cuenta con una comunicación oficial.

República Checa. Solicitud de información realizada por Daniel Kotecký, periodista del medio checo Denik Referendum. La presidencia de la Policía facilita los datos solicitados, a excepción de las conclusiones de las investigaciones realizadas.

Irlanda. Solicitud realizada por Maria Delaney, periodista de Noteworthy y The Journal a la Policía irlandesa. En su respuesta, rechazan dar la información pero remiten a la contestación del Ministerio de Justicia, con datos del defensor del Pueblo, a una pregunta parlamentaria. Los datos se han completado con los incluidos en los informes anuales del Defensor del Pueblo, que aportan el número total de muertes y el contexto —bajo custodia, muerte tras contacto con los agentes, accidentes de tráfico, durante el arresto, tras haber estado bajo custodia y otros— en los años 2021 y 2022, y solo el número total de muertes el resto de años.

Hungría. Solicitud realizada por Szabó Krisztián, periodista de Atlatszo. La información incluye las muertes en intervenciones policiales desde 2015 a 2022 y bajo custodia desde 2013, incluyendo toda la información solicitada menos las conclusiones de la investigación, que solo se ofrece en los casos de actuaciones policiales y en uno de muertes bajo custodia.

Suecia. Número total de muertes por año en intervenciones policiales procedentes de las estadísticas de la Agencia de Medicina Forense sueca desde 2019 a 2023 y estadísticas de muertes por disparos de agentes policiales desde 1994 hasta 2023 publicadas por la Policía sueca.

Países Bajos. Datos de los informes anuales del Ministerio Público, que incluyen datos sobre muertes relacionadas con la policía en 2021, 2022 y 2023. Los datos de los años 2016 a 2020 proceden del estudio Incidentes policiales mortales. Patrones de incidentes mortales en el contexto de la acción policial, encargado por el Gobierno neerlandés. También se incluyen datos del registro de muertes policiales de la organización Controle Alt Delete que incluyan comunicaciones oficiales.

Austria. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. La información incluye el número de muertes por año bajo custodia y en intervenciones policiales entre 2014 y 2023, si fueron investigadas y, en el caso de las muertes bajo custodia policial, un breve relato de los hechos, nacionalidad y edad de la persona fallecida.

Finlandia. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. Facilita información sobre muertes bajo custodia de la Policía desde el año 2010 y por Fiscalía desde 2017, que también incluye muertes en actuaciones policiales.

Dinamarca. Solicitud realizada por Civio a la Policía y Fiscalía, que confirma el número de muertes por año desde 2012 a 2023 bajo custodia y en actuaciones policiales. Se incluyen datos de los informes anuales de la Autoridad de Apelaciones de la Policía danesa, existente desde 2012, en los que hay cifras de muertes en contacto con la policía y un breve resumen de los hechos en algunos casos.

Letonia. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. Aporta datos de muerte bajo custodia entre 2020 y 2023, con información de edad y género. Sobre muertes en acciones policiales, afirman que desde 2015 no ha habido investigaciones por casos de muertes por violencia policial.

Francia. Desde Voxeurop y Civio hemos solicitado datos a la Policía y Ministerio de Interior, sin recibir respuesta. Los datos incluidos proceden de los informes de la Inspection générale de la police nationale (IGPN), que desde 2018 incluyen datos de muertes relacionadas con la policía. En 2018 sólo se incluye el número total de fallecidos, en 2019 aportan información sobre armas involucradas y desde 2020 los informes incluyen un breve resumen del contexto de cada muerte.

Portugal. datos de los informes anuales de la Inspeção-geral da administração interna (IGAI), a los que se ha tenido acceso con la colaboración del periodista Pedro Miguel Santos, de Divergente. Los datos incluyen el número total de muertes por año, sin especificar contexto, y cuántas de estas fueron por arma de fuego. También señala el cuerpo policial implicado, pero sin concretar el caso de muerte, por lo que no hemos incluido esta información. Los informes no incluyen los casos relacionados con la Policía Judicial.

Desde el Gobierno de Eslovenia han respondido a la solicitud de información realizada por Taja Topolovec, periodista de Pod črto, pero solo con el número total de muertos entre 2010 y 2022, señalando que en ninguno de los casos la investigación supuso consecuencias para los agentes. Estos datos no han sido incluidos por no ser anuales.

Hemos realizado solicitudes de información a los siguientes países, que se han negado a facilitar los datos:

Eslovaquia. La administración rechazó contestar a la solicitud de información formulada por Tomáš Hrivňák, periodista de Denník N argumentando que no disponía de estos datos.
Italia. El Ministerio de Interior remitió la solicitud realizada por Gianluca De Feo, periodista de OBC Transeuropa, a tres departamentos, uno de los cuales rechazó facilitar la información bajo el argumento que conlleva procesar una gran cantidad de datos, lo que supera las disposiciones de la ley de transparencia italiana.
Rumanía. la Inspección General de la Policía de se negó a facilitar la información solicitada por Civio en base a que la ley de transparencia no les obliga a procesar la información de la que disponen para ofrecer “estadísticas a la carta”.
Estonia. La Junta de Policía y Guardia Fronteriza se negó a facilitar la información solicitada por Civio afirmando que no recopilan este tipo de datos.

Los siguientes países ni siquiera han respondido:

Bulgaria: la solicitud de transparencia, realizada por el periodista de OBC Transeuropa Francesco Martino, sigue sin respuesta desde septiembre de 2023.
Bélgica: Joel Matriche, periodista del periódico belga Le Soir, solicitó la información a la administración belga, que hasta ahora solo ha facilitado datos de personas fallecidas en centros de detención de extranjeros, datos que no han sido incluidos.
Polonia: solicitamos la información al Ministerio de Interior, que nos remitió a la Policía. Esta respondió que no disponen de datos con el nivel de detalle pedido. Les pedimos que, en ese caso, nos facilitaran datos con el nivel de detalle disponible, a lo que no han dado respuesta hasta la fecha.

Desde Civio también hemos solicitado esta información a los ministerios de Interior y departamentos de policía de Bulgaria, Grecia, Lituania, Chipre, Croacia, Luxemburgo y Malta, sin que hayan respondido hasta la fecha.

Accede aquí a todos los datos.

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