España tiene por ley el doble de plazo que Eslovaquia, Polonia o Portugal para responder a las solicitudes de transparencia

Un mes natural. Ese es el tiempo del que disponen las administraciones públicas en España, Italia y Alemania para contestar a las peticiones formuladas a través de la ley de transparencia. El plazo contrasta con los apenas 8 días hábiles con los que cuentan las autoridades de Eslovaquia, donde no se tienen en cuenta los fines de semana ni los festivos, según una investigación liderada por Civio en el marco de la Red Europea de Periodismo de Datos (EDJnet).

Sobre el papel, Eslovaquia es el país más ágil de los diez analizados a la hora de cursar las solicitudes de acceso a la información pública. Otros, como Polonia, Portugal, Croacia y República Checa tardan algo más. Sus respectivas normas de transparencia conceden prácticamente medio mes a las administraciones para que respondan, mientras que Eslovenia y Grecia, por su parte, dan un plazo más extenso, de 20 días hábiles.

Lo que sí comparten los diez países europeos analizados es la falta generalizada de cumplimiento de las normas de transparencia. “La ley es buena, el problema es su aplicación”, dice la periodista croata Dijana Pribačić Jurić, de H-Alter. “Hemos tenido casos en los que, tras un largo procedimiento administrativo, hemos recibido información de nuestras solicitudes solo después de 2-3 años (cuando ya no son relevantes en un sentido periodístico)”, añade Toni Gabrić, director del mismo medio. Algo parecido ocurre en España, Portugal o Grecia, según las fuentes consultadas por Civio.

Por qué falla (a menudo) el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Por desgracia, no es habitual que las solicitudes de acceso sean satisfechas en un plazo razonable de tiempo, incluso cuando existe un Consejo de Transparencia y te da la razón en el procedimiento. “Si la entidad no facilita información o no contesta, la única opción es exigirla por vía contencioso-administrativa. Esto puede llevar años, incluso una década”, dice Daniel Kerekes, periodista de datos en la organización eslovaca Denník N. En España, las administraciones públicas ignoran muy a menudo las resoluciones contrarias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no goza de capacidad sancionadora para evitar estos incumplimientos.

Esta realidad dificulta, en la práctica, el ejercicio del derecho a saber. En Italia, de acuerdo con Luca Giunti, de la organización Openpolis, “el procedimiento tiene un coste implícito en términos de tiempo y recursos (por ejemplo, abogados que puedan seguir el caso)”, lo que hace que buena parte de la ciudadanía no realice solicitudes de acceso ni, llegado el caso, las reclame.

En Alemania, según Arne Semsrott, portavoz de FragDenStaat, “los principales problemas son la lentitud de las respuestas y las tasas; las autoridades pueden cobrar hasta 500 euros por solicitud”, en el caso de que la solicitud requiera un tiempo de trabajo que vaya más allá de lo razonable. Y no solo eso: aunque el plazo para resolver que fija la ley federal es de un mes, quienes solicitan la información y no la obtengan deben esperar tres meses para reclamar. En la práctica, esto implica que, en muchas ocasiones, el tiempo real para responder a las solicitudes se demore más allá de las cuatro semanas que establece la legislación.

Por ello, la tónica común es que hay que pelear casi constantemente para obtener los datos que se piden a las administraciones. Además, las autoridades también pueden limitar el acceso a la información pública por restricciones que se acaban convirtiendo en auténticos muros. Entre los límites habituales en Europa, encontramos el derecho a la privacidad, los intereses económicos y comerciales o la seguridad nacional, restricciones que también se utilizan en España. Pero su aplicación suele generar dudas. Así ocurre en Polonia, por ejemplo: “Las razones para no facilitar información pueden ser arbitrarias”, dice la editora Urszula Kifer, de Frontstory.

Aunque en la mayoría de los países analizados las leyes tienen casi un cuarto de siglo, con la excepción de Italia o España, cuyas normas son más recientes, los problemas que todavía hoy arrastran no se han resuelto. En otros casos, como en Grecia, el galimatías normativo dificulta el derecho de acceso. Son barreras que, en la práctica, suponen obstáculos para garantizar la transparencia. Y ello a pesar de que, según las fuentes consultadas, sobre el papel, la entrada en vigor de las normas supuso un punto de inflexión en cuanto a la rendición de cuentas de las administraciones públicas.