Actualizado el 8 de noviembre para incluir un caso de muerte más confirmado por el Defensor del Pueblo de Irlanda a The Journal Investigates, uno de los medios miembros de EDJNET que ha participado en esta investigación.

“Les grité que mi hijo estaba enfermo, que necesitaba ayuda. No escucharon, vinieron a matarle”, afirma Momtaz Al Madani. El 30 de mayo de 2018, su hijo Yazan, de 27 años, sufrió una crisis psicótica y salió al balcón de su casa, en Schiedam (Países Bajos), gritando con un cuchillo. Su padre llamó a la policía y al poco tiempo llegaron varios agentes armados con pistolas, escudos, tásers y perros. Primero le soltaron a los perros, después le aplicaron dos veces la pistola eléctrica y le dispararon con sus armas de fuego. Yazan murió poco después. Un año después el Ministerio público neerlandés decidió no procesar a los agentes involucrados al considerar que actuaron en defensa propia. Desde 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos investiga la muerte de Al Madami.

Entre 2020 y 2022, al menos 488 personas murieron bajo custodia o en operaciones policiales en los 13 países de la Unión Europea que han accedido a dar información o publican datos de acceso público. En números absolutos, según los datos obtenidos, Francia es la que presenta cifras más preocupantes: entre 2020 y 2022 contó 107. Le siguen Irlanda, España y Alemania, con 72, 66 y 60 respectivamente. Sin embargo, según la población, Irlanda es el país con más fallecidos con mucha diferencia: 1,37 muertos por cada 100.000 habitantes en ese periodo de tiempo, frente a los 0,14 de España o los 0,06 de Portugal. La cifra real de muertes es mayor, ya que los datos ofrecidos por varios países son incompletos.

Para esta investigación hemos solicitado datos sobre muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales, a través de solicitudes de acceso a la información y mediante gabinetes de prensa gubernamentales, a todos los países de la Unión Europea. Para más información ver la metodología.

“Al realizar comparaciones con otras jurisdicciones, es importante tener en cuenta cómo se definen y categorizan estos incidentes, que pueden variar considerablemente”, apuntan desde la Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána en Irlanda sobre las altas cifras de muertes en contacto con la policía en este país.

A pesar de que la ONU recomienda, desde 1991, dar información pública de toda muerte relacionada con los cuerpos policiales, solo Portugal —desde 1997—, Dinamarca —desde 2012—, Francia —desde 2018—, Países Bajos —solo los casos investigados por la Fiscalía— e Irlanda —desde 2008— publican datos de acceso público sobre estas muertes. También Suecia, pero solo de las muertes por disparos de armas de fuego por parte de los agentes de policía, y aquellas en las que la autopsia ha concluido que fueron resultado de la acción policial, con datos de la Agencia de Medicina Forense. O Eslovenia, que solo recoge los casos de muertes que son consecuencia de la fuerza policial, ninguna entre 2020 y 2022.

En 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió datos a todos los Estados sobre muertes bajo custodia, desde el momento del arresto, durante el paso por comisaría y en prisión. En su respuesta, el Consejo de Europa confirma la falta de datos y señala que ni siquiera existe en la Unión una definición ni metodología común en cuanto a qué se considera una muerte bajo custodia ni cómo investigarlas.

“Lo más grave es que a nadie le importa que esta gente muera, y esa insensibilidad ciudadana hace que los Estados tampoco tengan interés para tener un registro”, lamenta Jorge del Cura, activista español que lleva décadas haciendo seguimiento de estas muertes y que en 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. En España, el Ministerio de Interior solo recoge las muertes en contacto con Policía Nacional y Guardia Civil, los gobiernos regionales son los que cuentan con información sobre este tema respecto a sus policías autonómicas, pero no hay ninguna administración que aúne los casos relacionados con los cuerpos de policía local.

Protocolo de Minnesota

El Protocolo de Minnesota es una guía impulsada por Naciones Unidas para la investigación de muertes cuya responsabilidad pueda recaer en el Estado, sus organismos dependientes o agentes, por acción o por omisión. Destaca como situaciones en las que se debe aplicar aquellas en las que la persona fallecida estaba bajo custodia policial o su muerte pueda haber sido resultado de la acción policial. Este protocolo señala que el Estado está obligado a investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas e identificar fallos sistémicos que han ocasionado la muerte y medidas a adoptar con las que evitar casos parecidos. También ordena que las investigaciones de muertes relacionadas con miembros de las fuerzas del orden se lleven a cabo sin influencias derivadas de las jerarquías institucionales y que el proceso y conclusiones de estas investigaciones se sometan al escrutinio público. Ningún país de la Unión Europea cumple al completo estas recomendaciones.

“En Francia, este tema sigue siendo un tabú porque, si acusas a la policía, estás en contra de ella”, afirma Ivan du Roy sobre estas muertes en Francia. Du Roy es periodista en Basta!, único medio que ha recopilado estos casos desde 2014, años antes de que, en 2018, la Inspección General de la Policía Nacional comenzara a publicar información sobre muertes bajo custodia y en operativos policiales.

La organización civil Controle Alt Delete lleva desde 2016 investigando casos de muertes bajo custodia o en actuaciones policiales en Países Bajos. “Empezamos después de darnos cuenta, en 2015, de que el Ministerio Público y la Policía no publicaban todos los datos”, explica Jair Schalkwijk, jurista y cofundador de esta organización. Señala que, antes, el Ministerio Público solo publicaba informes sobre el uso de armas por parte de los agentes y cuántas veces acababan en muerte. “Hemos forzado al Gobierno a informar de todos los casos de muertes en relación con la policía”, añade Schalkwijk. En su país vecino, Alemania, el gobierno federal sigue recogiendo únicamente cifras de muertes por disparos de la policía, al igual que en Suecia.

Migrantes y personas con enfermedad mental, las principales víctimas

De los 13 países que han dado datos sobre muertes en contacto con la policía entre 2020 y 2022, solo Hungría ofrece en todos los casos información sobre la nacionalidad de la persona fallecida, y Austria, República Checa, Alemania y España en algunos de los casos. Entre todos suman 58 casos de muerte con datos sobre nacionalidad de los 488 registrados en esos tres años, y la mitad eran personas de origen extranjero.

Mathieu Rigouste, sociólogo y activista especializado en seguridad, relaciona esta concentración de casos de muertes en la población migrante con la historia colonial de países como Reino Unido, España o Francia. “Los crímenes policiales se concentran en los proletarios no blancos”, apunta Rigouste, quien señala como ejemplo el caso de Adama Traoré en Francia, en 2016. Traoré, joven de 24 años nacido en Francia de padres malienses, fue detenido y murió bajo custodia policial en Beaumont-sur-Oise, a 50 kilómetros al norte de París. “Traoré era un proletario negro de un barrio suburbano que fue perseguido por la policía, capturado y estrangulado. Fue criminalizado primero por la policía y después por los medios de comunicación y por los políticos”, opina Rigouste.

Sufrir una enfermedad mental también es un factor importante. La mayoría de las administraciones consultadas tampoco han dado información específica sobre esto. Solo Dinamarca, España Francia y Alemania han confirmado que la persona fallecida tenía problemas de este tipo o estaba en “estado de agitación” en 43 casos.

Los informes más actuales de Países Bajos no dan datos sobre si la persona fallecida sufría de problemas mentales, pero sí lo hace un informe anterior, encargado por el gobierno neerlandés, sobre las muertes que hubo entre 2016 y 2020: hay datos de 40 de las 50 personas fallecidas en ese periodo y, de ellas, 28 sí sufrían alguna enfermedad mental. Los datos recopilados por Controle Alt Delete son aún más sangrantes. De las 105 muertes que han monitorizado desde 2015, alrededor del 70% eran personas que sufrían algún tipo de enfermedad mental. A pesar de ello, según afirma Schalkwijk, no ha habido hasta ahora cambios en el sistema policial neerlandés destinados a atajar esta situación. “No han cambiado nada, a pesar de que saben que muchas de las personas que mueren a manos de la policía sufren de alguna enfermedad mental”, alerta Schalkwijk.

Yazan fue una de las personas que murieron en Países Bajos en 2018. Había llegado al país un año antes desde Siria, como refugiado, al igual que su padre. “Era un chico muy generoso y muy inteligente, pero era muy sensible”, explica Momtaz. “Por eso le traje a Países Bajos”, añade. Sin embargo, según afirma, la llegada como refugiado de su hijo al país fue muy dura. Los primeros ocho meses no tuvo acceso a tratamiento psiquiátrico, y después la administración neerlandesa rechazó su solicitud de ayudas —ni siquiera el servicio médico que le facilitara las medicinas que necesitaba—, de una vivienda y de reunificación con su esposa, también siria. “Le dejaron en la calle sin nada: sin dinero, sin su esposa, sin casa, sin tratamiento médico… Sin nada”, denuncia Momtaz Al Madani. “Lo mataron muchas veces antes de que, finalmente, lo mataran de verdad”, explica sobre la situación que vivía su hijo el día que sufrió el ataque por el que la policía acabó con su vida.

En septiembre de este año, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas alertó a Países Bajos y Bélgica del alto número de personas con discapacidad que habían muerto en este país bajo la responsabilidad de las fuerzas del orden y recomendó que mejore la formación de los agentes.

Los disparos con arma de fuego, la primera causa de muerte

Los disparos con arma de fuego por parte de los agentes es la primera causa de muertes bajo custodia o in intervenciones policiales. En los países que han dado información sobre causas de estas muertes —todos menos Irlanda, Portugal y Finlandia—, más de uno de cada tres fallecidos entre 2020 y 2022 fueron por heridas provocadas por armas de fuego. Fueron al menos 105 personas fallecidas. 41 fueron en Francia y 27 en Alemania.

Según publica el medio francés Basta!, el número de muertes por disparos de la policía comenzó a aumentar en 2017. Ese año, el gobierno de François Hollande reformó la Ley de Seguridad Pública, ampliando las situaciones en las que los agentes estaban legitimados a disparar.

A estos casos de muertes se suman otros en los que se ha empleado armamento no letal, como las pistolas táser, en ocasiones con protocolos de uso que no cumplen las recomendaciones del fabricante, entre ellas no utilizarlas contra personas en estado de agitación. Entre 2020 y 2022, en al menos hay ocho casos de muerte en Alemania —cuatro—, Países Bajos —tres— y Francia —uno— se usó esta pistola eléctrica, y en cinco de ellos la persona sufría enfermedad mental o estaba en estado de agitación. A ellos se suma al menos otra persona fallecidas en España en esos tres años. Antonio, vecino de Badalona, murió tras recibir seis descargas de esta pistola eléctrica. El Departament d’Interior catalán ha confirmado que en esta actuación policial se usó un arma, sin concretar que fuera una pistola táser.

La segunda causa de muerte más repetida es la “natural”, con 53 personas fallecidas entre 2020 y 2022. Es un cajón de sastre utilizado principalmente por España, que acumula 27 muertes con este tipo de causa, en la mayoría de casos sin más datos sobre el contexto. Stephan Lache también murió bajo custodia policial en España, pero en su caso fue en 2018. Según los datos del Ministerio de Interior, murió también por “muerte natural”. Lache fue detenido a las 4 de la madrugada por agentes de la Policía Nacional y llevado a una comisaría de Madrid. El atestado policial afirma que estaba en una actitud agresiva y se autolesionó, por lo que llamaron al servicio sanitario de emergencia. Las imágenes grabadas por las cámaras de la comisaría muestran cómo tres sanitarios y dos agentes de policía le agarran para ponerle una inyección. Al día siguiente, los agentes de policía lo encontraron muerto en la celda.

Detenido por estar ebrio y fallecido en los calabozos

En muchas otras muertes catalogadas como “naturales”, la persona fallecida mostraba un estado de intoxicación por drogas y alcohol.

En Irlanda, estar ebrio en un espacio público se considera un delito. Los datos sobre muertes relacionadas con la policía del Defensor del Pueblo irlandés no incluyen información sobre si las personas fallecidas estaban en estado de ebriedad, pero, según han confirmado, en 2022 este organismo realizó varias recomendaciones destinadas a evitar muertes bajo custodia relacionadas con este tema.

“Durante la investigación de un incidente, incluso si no se encuentra ninguna irregularidad individual, pueden surgir cuestiones sistémicas de normas y prácticas que, si no se corrigen, pueden dejar riesgos sin resolver”, señalan desde la Comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána (GSOC), que añade que, cuando se identifican tales cuestiones, la GSOC tiene la práctica de emitir “recomendaciones sistémicas” a la autoridad policial, pero que estas no tienen carácter obligatorio. “La Ley de policía, seguridad y protección comunitaria de 2024, cuando entre en vigor, proporcionará una base legal para cualquier recomendación futura”, anuncian desde el GSOC.

En Francia también es habitual que la policía lleve a personas en estado de embriaguez a pasar la noche en los calabozos, según marca el Código de Salud Pública. Entre 2020 y 2022, al menos 19 personas en estado de embriaguez o que habían consumido drogas murieron en los calabozos de la policía francesa por problemas de salud.

Aunque el Ministerio de Interior de Finlandia no ha aportado datos por año, sí confirma que 16 de las muertes que han tenido lugar entre 2013 y 2023 fueron causadas por intoxicaciones de alcohol y drogas. “El abuso de alcohol y drogas fue, al menos, un factor de la muerte en más de la mitad de los casos”, afirman desde el Departamento de Policía del Ministerio de Interior finlandés, que señala que, en este país, tradicionalmente la policía lleva a comisaría a personas ebrias, “aún cuando no están causando ningún problema de orden o seguridad pública”. Desde el ministerio aseguran que están intentando que los agentes policiales abandonen esta práctica: “Si una persona no es agresiva ni causa perturbaciones al orden público y la seguridad o a particulares, en lugar de servicios policiales necesita vigilancia sanitaria”, afirman desde el ministerio. Añaden que la policía ha implementado medidas para evitar este tipo de muertes, como dar más formación a los agentes, aumentar las cámaras de vigilancia y usar tecnologías que permiten monitorear las funciones vitales de los detenidos.

Entre 2020 y 2022, Entre 2020 y 2022, al menos 43 personas se suicidaron bajo custodia policial. La mayoría de estas muertes fueron en España —once—, Francia —diez— y Dinamarca —diez—. Pero en otros países, con menos muertes en contacto con la policía, y también menos población, los suicidios suponen prácticamente el total de las muertes bajo custodia policial. Es el caso de Letonia, con cinco muertes bajo custodia policial entre 2020 y 2022, y dos más en 2023, todas por ahorcamiento. O Hungría, con seis muertes, cuatro de ellos también por ahorcamiento. En Alemania, ningún estado ha reportado casos de suicidio, pero, al menos uno de ellos, Baviera, señala que este tipo de muertes no se incluyen en los informes si no han sido precedidas de medidas coercitivas por parte de los agentes.

Investigaciones insuficientes

A pesar de que la ONU recomienda que el proceso de investigación de las muertes relacionadas con las fuerzas de seguridad estén sometidas al escrutinio público, en la gran mayoría la información sobre esta investigación es muy escueta. En el caso de Austria, sí afirman que esta se ha limitado a la autopsia. “En todos los casos se realizó un reconocimiento médico y se elaboró ​​un informe posterior ante el Ministerio Público. Como en ninguno de los casos se encontraron indicios de culpabilidad de terceros, el Ministerio Público no inició ninguna diligencia de investigación”, señalan desde el Ministerio de Interior austríaco.

La información sobre muertes relacionadas con la policía en Países Bajos que incluye el informe anual del Ministerio Público incluye solo los casos que han sido investigados. Pero, según afirman desde Controle Alt Delete, cada año hay un par de muertes que no llegan a la justicia. Una de ellos, en 2022, fue la de un hombre que, según recuerda Schalkwijk, se había subido a un tejado y sufría de una enfermedad mental o estaba en estado de agitación. “La policía intentó que bajara y varios agentes subieron al tejado para bajarle, pero él se tiró y murió”, detalla Schalkwijk, que asegura que este caso no fue investigado por el Ministerio Público, que descartó que la muerte estuviera relacionada con la actuación policial.

Desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado 236 veces a países de la Unión Europea por no investigar posibles casos de torturas o malos tratos y otras 157 por no investigar muertes, tanto en contacto con la policía como en otros contextos. Solo Rumania, que se ha negado a dar datos sobre muertes relacionadas con agentes policiales, alcanza 79 condenas por no investigar posibles casos de malos tratos y tortura, y otros 60 de casos de muertes, entre ellas las de cinco personas fallecidas en una manifestación de oposición al gobierno en 1990. Le siguen Bulgaria e Italia —que también se han negado a dar datos para esta investigación—, con 57 y 33 condenas por ambas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En la mayoría de casos de muerte, las administraciones tampoco han dado datos sobre consecuencias penales o laborales de los agentes de policía involucrados. En concreto, solo en 97 de los 488 casos registrados entre 2020 y 2022. De estos, el único caso en el que la administración ha confirmado la entrada en prisión de los agentes involucrados tuvo lugar en el País Vasco, en España. En 84 casos investigados, los agentes implicados no sufrieron ningún tipo de consecuencia. En otros tres la investigación está aún en curso.

Los datos publicados por el Ministerio Público neerlandés no incluyen información sobre las conclusiones de las investigaciones, pero desde la organización Controle Alt Delete han llamado a todas las oficinas de este ministerio pidiendo detalles sobre cada caso. “Sabemos que, desde 2016 hasta ahora, en el 6% de los casos se ha procesado a los agentes implicados, generalmente en muertes por accidentes de tráfico”, explica Schalkwijk. En uno de esos casos, los agentes fueron castigados a hacer 200 y 240 horas de servicio comunitario respectivamente, y en otro más el agente fue absuelto.

David Cabo ha colaborado en este artículo revisando los datos publicados. Para realizar esta investigación Civio y medios miembros de EDJNET hemos solicitado a todos los países de la Unión Europea, en base a las leyes nacionales sobre transparencia y a través de los gabinetes de prensa gubernamentales, datos sobre casos de personas que han muerto bajo custodia policial (tanto en comisarías como en centros de detención de personas extranjeras u otros establecimientos gestionados por cuerpos policiales) y en actuaciones policiales entre los años 2010 y 2022, incluyendo información sobre la fecha, edad, nacionalidad y género de la persona fallecida, espacio donde murió, razón de la detención, causa de muerte, si hubo armas y de qué tipo implicadas, si la muerte fue objeto de investigación judicial, las conclusiones de esta investigación y si los agentes implicados han tenido represalias laborales o penales. Hemos recibido respuestas de los siguientes países, dando toda o parte de la información solicitada:

España. Esta solicitud se ha realizado al: —El Ministerio de Interior, en relación con la Guardia Civil y la Policía Nacional: La información remitida sobre muertes en actuaciones policiales comprende los años 2015 a 2022, con datos sobre el año, el lugar —vía pública, vivienda u otro— y causa de la muerte —natural, accidental o suicidio—. Hemos utilizado también la información proporcionada por el Ministerio a la pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Bildu Jon Iñarritu, publicada por La Marea, que incluye contexto sobre cada muerte. Sobre las muertes bajo custodia policial, la información facilitada incluye el año, causa de la muerte —natural, accidental o suicidio— y la instalación donde tuvo lugar la muerte —ACUDE, depósito municipal, dependencias judiciales, dependencias policiales distintas a ACUDE, domicilio, CIE, hospital, traslado y centro penitenciario—. También han incluido información sobre muertes de personas presas, que ha sido descartada.
A través del gabinete de prensa, hemos preguntado al Ministerio de Interior si disponían de datos sobre muertes relacionadas con cuerpos de policía local, confirmando desde el ministerio que no recopilan estos datos.
—Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en relación a la Ertzaintza. La respuesta incluye toda la información solicitada.
—Departament d’Interior de Cataluña. La información facilitada incluye edad, género, nacionalidad, si hubo investigación, pero no la conclusión de esta o las armas.

Alemania. La periodista de Deutsche Welle Kira Schacht ha solicitado esta información a los 16 estados que conforman el país. Han respondido: —Berlín: cifras de muertes bajo custodia policial y en actuaciones policiales desde 2010 a 2022, sin más información, y un informe específico sobre las muertes ocurridas en 2022 publicado en respuesta a una pregunta parlamentaria.
—Baden-Württemberg: datos de muertes por disparos de la policía, durante un arresto y bajo custodia policial entre los años 2018 y 2022. No se incluyen datos sobre muertes en operativos policiales en los que no haya habido arrestos. —Baviera: muertes bajo custodia y en actuaciones policiales entre 2013 y 2022, con información sobre nacionalidad, género, edad y causa de la muerte. Desde el Ministerio de Interior de Baviera señalan que no se incluyen casos de muertes ocurridas durante el arresto o custodia sin medidas coercitivas previas.
—Brandenburgo: datos sobre muertes por el uso de armas de fuego por parte de los agentes entre los años 2010 y 2022, incluyendo en algún caso edad y nacionalidad.
—Bremen: muertes en operaciones policiales o bajo custodia desde 2014 a 2022, con información de nacionalidad y edad. No concretan causa de muerte pero señalan que no hubo ninguna por arma de fuego.
—Hamburgo: el Departamento de Interior remite tres informes sobre muertes entre los años 1990 y 2019, 2020 a 2022, y 2023.
—Hesse: la Oficina de Policía ha facilitado solo datos de las muertes en operaciones policiales entre 2010 y 2022 en los que la acción policial fue la causa directa de la muerte, con información sobre si se usó arma de fuego, táser o spray de pimienta.
—Mecklemburgo-Pomerania Occidental: el Ministerio de Interior ha remitido una nota de prensa, ya no disponible en la web pero sí en archive.org, sobre la única muerte que afirman que hubo, señalando nacionalidad y conclusiones de la investigación.
—Baja Sajonia: el Ministerio de Interior señala cinco casos de muerte bajo custodia policial, con información sobre la causa de muerte. Sobre datos de muertes en actuaciones, se incluye la información aportada por un informe parlamentario sobre uso del táser.
—Renania del Norte-Westfalia: la administración no ha facilitado datos. Se incluyen datos sobre dos muertes en operaciones policiales en 2015 de un informe parlamentario enfocado en estas dos muertes. No hay información sobre otras muertes en ese o en otros años.
—Renania-Palatinado: muertes en operaciones policiales desde 2015 hasta 2022, con toda la información solicitada. Envían una tabla con diez casos y se añade un caso más por accidente de tráfico en el mail enviado por la administración. Añaden que el Ministerio de Familia, Mujer, Cultura e Integración afirma que no ha habido muertes en centros de detención de personas extranjeras.
—Sarre: muertes en intervenciones policiales y bajo custodia entre 2010 y 2022 con un breve relato de los hechos, edad y conclusiones de la investigación.
—Sajonia-Anhalt: el Ministerio de Interior facilita un informe sobre muertes causadas por uso de armas de fuego en intervenciones policiales desde el año 2000 hasta julio de 2020, señalando que no hubo ninguna muerte más por esta causa hasta finales de 2022 y añadiendo otro caso de muerte ocurrido en 2022 en el que no se usó arma de fuego. Aporta otro informe sobre muertes bajo custodia policial entre 1995 y mayo de 2018.
—Schleswig-Holstein: la Oficina de Policía facilita datos sobre muertes en intervenciones policiales de 2016 a 2022, con nacionalidad, edad, género, contexto y arma involucrada. Afirma que todos los casos fueron investigados.

También se incluyen los datos de los informes anuales sobre uso de armas de fuego realizados por la Universidad de la Policía Alemana, por encargo de la Conferencia Permanente de Ministros del Interior y Senadores de los Estados Federales (IMK). Los informes han sido publicados por CILIP, publicación del Institut für Bürgerrechte & öffentliche Sicherheit, institución relacionada con la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín. También se incluyen los casos de muerte por táser recogidas por esta organización de las que se cuenta con una comunicación oficial.

República Checa. Solicitud de información realizada por Daniel Kotecký, periodista del medio checo Denik Referendum. La presidencia de la Policía facilita los datos solicitados, a excepción de las conclusiones de las investigaciones realizadas.

Irlanda. Maria Delaney, de The Journal Investigates, socio de EDJNet, adaptó nuestra solicitud y la envió a la policía irlandesa y al Defensor del Pueblo. Los datos se han facilitado a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria que se complementa con los datos incluidos en los informes anuales del Defensor del Pueblo. De este modo, se ofrece el número total de muertes y el contexto, como bajo custodia, muerte tras contacto con agentes, accidentes de tráfico, durante la detención, tras estar bajo custodia y otros, en los años 2021 y 2022, y solo el número total de muertes en los demás años.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Hungría. Solicitud realizada por Szabó Krisztián, periodista de Atlatszo. La información incluye las muertes en intervenciones policiales desde 2015 a 2022 y bajo custodia desde 2013, incluyendo toda la información solicitada menos las conclusiones de la investigación, que solo se ofrece en los casos de actuaciones policiales y en uno de muertes bajo custodia.

Suecia. Número total de muertes por año en intervenciones policiales procedentes de las estadísticas de la Agencia de Medicina Forense sueca desde 2019 a 2023 y estadísticas de muertes por disparos de agentes policiales desde 1994 hasta 2023 publicadas por la Policía sueca.

Países Bajos. Datos de los informes anuales del Ministerio Público, que incluyen datos sobre muertes relacionadas con la policía en 2021, 2022 y 2023. Los datos de los años 2016 a 2020 proceden del estudio Incidentes policiales mortales. Patrones de incidentes mortales en el contexto de la acción policial, encargado por el Gobierno neerlandés. También se incluyen datos del registro de muertes policiales de la organización Controle Alt Delete que incluyan comunicaciones oficiales.

Austria. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. La información incluye el número de muertes por año bajo custodia y en intervenciones policiales entre 2014 y 2023, si fueron investigadas y, en el caso de las muertes bajo custodia policial, un breve relato de los hechos, nacionalidad y edad de la persona fallecida.

Finlandia. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. Facilita información sobre muertes bajo custodia de la Policía desde el año 2010 y por Fiscalía desde 2017, que también incluye muertes en actuaciones policiales.

Dinamarca. Solicitud realizada por Civio a la Policía y Fiscalía, que confirma el número de muertes por año desde 2012 a 2023 bajo custodia y en actuaciones policiales. Se incluyen datos de los informes anuales de la Autoridad de Apelaciones de la Policía danesa, existente desde 2012, en los que hay cifras de muertes en contacto con la policía y un breve resumen de los hechos en algunos casos.

Letonia. Solicitud realizada por Civio al Ministerio de Interior. Aporta datos de muerte bajo custodia entre 2020 y 2023, con información de edad y género. Sobre muertes en acciones policiales, afirman que desde 2015 no ha habido investigaciones por casos de muertes por violencia policial.

Francia. Desde Voxeurop y Civio hemos solicitado datos a la Policía y Ministerio de Interior, sin recibir respuesta. Los datos incluidos proceden de los informes de la Inspection générale de la police nationale (IGPN), que desde 2018 incluyen datos de muertes relacionadas con la policía. En 2018 sólo se incluye el número total de fallecidos, en 2019 aportan información sobre armas involucradas y desde 2020 los informes incluyen un breve resumen del contexto de cada muerte. 12. Las entrevistas a Mathieu Rigouste e van du Roy han sido realizadas por Francesca Barca, periodista de Voxeurop.

Portugal. Datos de los informes anuales de la Inspeção-geral da administração interna (IGAI), a los que se ha tenido acceso con la colaboración del periodista Pedro Miguel Santos, de Divergente. Los datos incluyen el número total de muertes por año, sin especificar contexto, y cuántas de estas fueron por arma de fuego. También señala el cuerpo policial implicado, pero sin concretar el caso de muerte, por lo que no hemos incluido esta información. Los informes no incluyen los casos relacionados con la Policía Judicial.

Eslovenia. Datos de los informes anuales de la Policija. Desde el Gobierno de Eslovenia han respondido a la solicitud de información realizada por Taja Topolovec, periodista de Pod črto, señalando que hay cinco muertes entre 2018 y 2023 que no son consecuencia de la acción policial, pero sin concretar el año de cada muerte, por lo que no han sido incluidas en este dataset.

Hemos realizado solicitudes de información a los siguientes países, que se han negado a facilitar los datos:

Eslovaquia. La administración rechazó contestar a la solicitud de información formulada por Tomáš Hrivňák, periodista de Denník N argumentando que no disponía de estos datos.
Italia. El Ministerio de Interior remitió la solicitud realizada por Gianluca De Feo, periodista de OBC Transeuropa, a tres departamentos, uno de los cuales rechazó facilitar la información bajo el argumento que conlleva procesar una gran cantidad de datos, lo que supera las disposiciones de la ley de transparencia italiana.
Rumanía. la Inspección General de la Policía de se negó a facilitar la información solicitada por Civio en base a que la ley de transparencia no les obliga a procesar la información de la que disponen para ofrecer “estadísticas a la carta”.
Estonia. La Junta de Policía y Guardia Fronteriza se negó a facilitar la información solicitada por Civio afirmando que no recopilan este tipo de datos.

Los siguientes países ni siquiera han respondido:

Bulgaria: la solicitud de transparencia, realizada por el periodista de OBC Transeuropa Francesco Martino, sigue sin respuesta desde septiembre de 2023.
Bélgica: Joel Matriche, periodista del periódico belga Le Soir, solicitó la información a la administración belga, que hasta ahora solo ha facilitado datos de personas fallecidas en centros de detención de extranjeros, datos que no han sido incluidos.
Polonia: solicitamos la información al Ministerio de Interior, que nos remitió a la Policía. Esta respondió que no disponen de datos con el nivel de detalle pedido. Les pedimos que, en ese caso, nos facilitaran datos con el nivel de detalle disponible, a lo que no han dado respuesta hasta la fecha.

Desde Civio también hemos solicitado esta información a los ministerios de Interior y departamentos de policía de Grecia, Lituania, Chipre, Croacia, Luxemburgo y Malta, sin que hayan respondido hasta la fecha.

Accede aquí a todos los datos.

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