Ganamos la primera gran batalla por la transparencia

Todos los ciudadanos podrán solicitar -y recibir- información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia en diciembre de 2014. Tras cinco años de lucha, el Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que limitó el derecho a la información de la ciudadanía. Ha sido una larga lucha de la que hemos salido victoriosos con esta sentencia que da la razón a nuestro recurso de casación. Una victoria de todos. Y que no habría sido posible sin el apoyo de nuestros socios.

En 2015, Civio comenzó un litigio con el Ministerio de Defensa por los nombres de los acompañantes de altos cargos públicos en viajes oficiales. ¿Se llevan a sus familiares? ¿Les acompañan empresarios? Defensa se negó a facilitar esta información de forma completa. Dos años después, la Audiencia Nacional estimó que el ministerio debía hacer públicos los nombres, pero con una grave salvedad: que una institución pública sólo tenía obligación de proporcionar información generada tras la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en diciembre de 2014.

Desde Civio recurrimos este fallo, que imponía un gravísimo deterioro del derecho de acceso a la información y de la transparencia de las instituciones, que no estaba contemplado en la ley y que podía crear jurisprudencia. No se trataba de este caso en concreto, sino de todos los datos públicos: la ley impone excepciones a la información que se debe dar, pero la antigüedad de la misma no es una de ellas. Por eso, hasta entonces, habíamos obtenido datos anteriores a la ley sin problemas.

Interpretar la ley así suponía dejar a todos los ciudadanos ciegos a cualquier información creada o recogida antes de diciembre de 2014. De este tema o de cualquier otro. Por eso era tan grave.

Y por eso esta victoria es tan importante.

Cronología

2015

Civio pide la información a Defensa. El Ministerio de Defensa apela a la Ley de Secretos Oficiales y a los límites de la ley para denegar la información.

2016

El Consejo de Transparencia estima parcialmente que el ministerio debe facilitar la información en un mes. Defensa reitera su negativa sin fundamento jurídico, y acaba interponiendo un contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo. Civio es parte personada.

2017

El juzgado central de lo contencioso-administrativo desestima el recurso de Defensa contra la resolución del Consejo. La Abogacía del Estado, en representación de Defensa, recurre la sentencia de primera instancia. La Sala de Audiencia Nacional estima en parte el recurso de apelación de Defensa, pero le insta a dar la información solo a partir de diciembre de 2014. La sentencia aún no es firme. Civio presenta su recurso.

2018

Defensa facilita los datos a El País y no a Civio, castigando así a quien batalló durante años por esa información y, además, ocultando la información anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El Supremo admite a trámite el recurso de Civio contra la sentencia de la Audiencia Nacional. Lo presentamos en julio.

2020

El Supremo da la razón a Civio y todas las administraciones tendrán que dar acceso a información anterior a la entrada en vigor de la ley de transparencia.Civio solicita la ejecución de la sentencia ante la inacción del Gobierno.

2021

Ultimátum del Juzgado central de lo contencioso-administrativo al Ministerio de Defensa. O ejecuta la sentencia firme o habrá multas a altos cargos o empleados públicos, además de responsabilidades penales. En mayo, al fin, Defensa entrega la información.

Gracias esta sentencia podemos saber cosas como:

El número de peticiones de indulto, que se ha disparado desde 2010.
Datos que arrojan luz sobre casos de corrupción que conocimos años después.
Que solo 7 de los 47 policías heridos en la manifestación del 22M pidió la baja.
Que la coronación de Felipe VI costó más de 170.000€.
Datos sobre desahucios durante los años con más ejecuciones.
Información sobre la privatización de la Sanidad en su época más intensa.

Tu derecho a saber estaba en juego. Gracias por apoyarnos

El acceso a la información es uno de los derechos fundamentales para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Y no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas.

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Más información

La documentación del caso, en abierto

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