El Gobierno deberá indemnizar con 329.400 euros a la empresa israelí del contrato de balas para la Guardia Civil anulado el año pasado

El polémico contrato con una empresa israelí de compra de balas para la Guardia Civil anulado el año pasado se cierra con una indemnización de 329.400 euros para Guardian Homeland Security. Así, lo recoge la resolución definitiva firmada ayer y que puede ser recurrida, sí, pero ya ante los tribunales.

La cuantía decidida para compensar a la compañía por la cancelación del contrato es el doble de la establecida cuando arrancó el trámite para cancelar el contrato, pero muy inferior a lo que pretendía Guardian Homeland Security en sus alegaciones, que solicitaba la devolución total de los cinco millones y medio del contrato o, al menos, del coste la primera anualidad y la indemnización correspondiente, que llegó a marcar hasta en un 12%, frente al 6% finalmente establecido.

El origen de esta historia está en un contrato de tres lotes para comprar munición destinada a la Guardia Civil. Dos de ellos fueron para Guardian Defense & Homeland Security, una empresa que importa material militar israelí y que, en este contrato, actúa como representante de IMI Systems, con sede en Israel.

En abril del año pasado surgió la polémica al hacerse pública la compra de estas balas en plena ofensiva sobre Gaza y el Gobierno, como respuesta, prometió cancelar el contrato. Pero no lo hizo hasta septiembre, con un inicio de resolución que establecía que la causa era la imposibilidad de ejecutar el contrato, sin poder culpar ni a la administración ni a la empresa. Por lo tanto, la indemnización que establece la ley en ese caso es del 3%, 164.700 euros.

Esta decisión llegaba justo tras la aprobación del decreto ley del embargo de compra de armas a Israel, pero la razón que se utilizó fue que las autoridades de comercio denegaron antes, en agosto, la licencia de importación.

Pero la empresa podía presentar alegaciones. Y las presentó. Argumentó que la administración sí tenía responsabilidades en la cancelación del contrato -puesto que el propio Gobierno había sido quien aprobó el decreto ley y quien denegó la licencia de importación- y que las balas de ambos lotes se habían fabricado ya a medida de los pliegos y, por lo tanto, la reventa de ese material era muy difícil. Con esa base, reclamó que se calificara como un incumplimiento de contrato y que se pagaran tanto los costes como el lucro cesante -lo que podrían haber ganado-. Así, pedía cobrar la totalidad del contrato (5.490.000 euros sin impuestos) o, en su defecto, que se tratara como un desestimiento por parte de la administración y que le pagaran al menos la primera anualidad, ya fabricada, y un 6 o hasta un 12% de indemnización.

El expediente pasó entonces por la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y, de vuelta, a la mesa de contratación, que coincidieron en aceptar en parte las pretensiones de Guardian Homeland Security y decidieron que se trataba de un desestimiento, sí, pero por “interés público”, y le pagarían el 6% de indemnización que marca la Ley de Contratos del Sector Público para esos casos (estos 329.400 euros) y le devolverían la garantía aportada (otros 274.500), pero nada más. Y es que, responden, entre otras razones, que las balas no son especiales para este contrato, sino que responden a estándares internacionales, por lo que sí se pueden vender a otro comprador sin problemas.

Los contratos en España de Guardian Homeland Security

Este contrato fue el que levantó más polémica y una de las razones que empujaron al Gobierno a la aprobación del embargo, pero no ha sido el único. Ya con el decreto ley en vigor, varias administraciones han seguido comprando material vetado a Guardian Homeland Security.

El caso más reciente es el del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), que, como desveló Civio, ha adjudicado a esta misma empresa un lote de un acuerdo marco para equipar a su policía local: el de chalecos antibalas.

No era la primera vez que un ayuntamiento adquiría chalecos antibalas a esta empresa. El pasado mes de octubre, justo el mismo día que entró en vigor el embargo, lo hizo San Fernando de Henares (Madrid). Pero, después de que Civio publicara la noticia, lo anuló. Quien no ha anulado su contrato, adjudicado a finales de noviembre y que también contó Civo en exclusiva, es el Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona).

¿Afecta el veto a este contrato? Si son chalecos fabricados en Israel, como afirman en su página web, y van a ser importados tras la fecha de aplicación del decreto ley el pasado 25 de septiembre (esto es, que no estuvieran ya en España), en principio sí. Su importación debería prohibirse.

El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo “cuando acompañen a su usuario para su protección personal”, esto es, cuando lo lleven puesto.

Pero el papel de Guardian Homeland Security y sus vínculos con Israel van más allá de una mera representación en un contrato puntual, como el de las balas, en nombre de IMI Systems. Tal y como aparece en su página web, es la “representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”. Además, cuenta con la autorización del Ministerio de Defensa israelí como empresa exportadora. Y, según contaron por entonces varios medios, como Efe, fue creada por exmiembros de varias agencias de seguridad israelíes y su administrador, Ilan Arzooan, es un exagente de la inteligencia israelí. Los chalecos que aparecen en su catálogo son, según su propia web, “made in Israel”.