El Gobierno indulta a una activista condenada por pegar un puñetazo a una concejal de Cádiz en 2007
Isabel Somoscarrera Vela fue condenada a cuatro años por atentado. Participaba en una protesta contra el maltrato animal en una perrera. Simone Righi, condenado por un delito similar, fue indultado en mayo. Un juez acabó decretando el cierre de la perrera que ambos denunciaron.
El BOE ha publicado hoy 16 indultos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre, entre los que se encuentra el de Isabel Somoscarrera Vela, que fue condenada en enero de 2011 por un delito de atentado cometido en 2007 a cuatro años de cárcel. El juez consideró probado que la mujer, que participaba en una protesta en un acto municipal contra las irregularidades detectadas en una perrera, propinó un puñetazo a Carmen Obregón, por entonces concejal del PP en el ayuntamiento de Cádiz.
El indulto rebaja la pena a dos años, por lo que evitará el ingreso en prisión, pero mantiene las multas que iban aparejadas a la sentencia: 1.080 euros por el delito de atentado, 180 por lesiones y 90 por injurias a la alcaldesa del municipio, Teófila Martínez, a quien llamó “asesina”, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz. El Tribunal Supremo ratificó esta decisión en diciembre de 2011.
Durante esa misma protesta también fue detenido y acusado de atentado a la autoridad Simone Righi, uno de los impulsores de la protesta contra la perrera de Puerto Real ya que descubrió, tres días después de dejarlos allí por recomendación municipal, que uno de sus perros había muerto y los otros dos habían desaparecido. Righi fue condenado a cuatro años y medio por intentar golpear a la alcaldesa Teófila Martínez, una acusación que siempre negó. El 11 de mayo de 2012, el Gobierno le concedió el indulto.
Durante el juicio, varias asociaciones ecologistas de la zona realizaron campañas para defender la inocencia de ambos y, por encima de todo, para criticar lo que consideraban una pena “desproporcionada”. La denuncia de Righi y las protestas posteriores acabaron con el cierre de la perrera de Puerto Real en noviembre de 2007 porque el juez halló indicios de maltrato a los animales.
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