A Miguel Ángel Ramírez Alonso, propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, el BOE no hace más que traerle buenas noticias. El 21 de noviembre el boletín oficial recogía su indulto, que evitaba su paso por prisión tras haber sido condenado a tres años y un día por realizar obras ilegales en territorio protegido. Sólo unas semanas después, una de las empresas de su grupo –Seguridad Integral Canaria– recibe dos contratos del Ministerio de Defensa que suman más de 700.000 euros.

Ambos contratos incluyen la seguridad de ciertos edificios dependientes de Defensa durante tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2014. El primero, adjudicado por 360.248 euros, incluye la seguridad privada en centros como el complejo de Arturo Soria, en Madrid, y varias residencias militares, entre muchos otros.

El segundo, por el que el ministerio abonará a la empresa 351.926 euros, está destinado a costear la seguridad privada de las subdelegaciones de Defensa en varias provincias.

No es la primera vez que Seguridad Integral Canaria, en plena expansión en la península, se lleva un contrato de estas características. En julio resultó adjudicataria de parte de la seguridad en el metro de Madrid, como publicó Ángel Calleja en 20 minutos.

El Ministerio de Defensa ha confiado a la seguridad privada, en los últimos tiempos, la protección de varios de sus edificios. Así, hace un año adjudicó la seguridad de diez hospitales militares por tres millones de euros.

Buenos días.

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