El Gobierno renueva el contrato de vigilancia de tres ministerios con el empresario canario indultado
El servicio se lleva a cabo desde el pasado 24 de junio y por un año en la zona de Nuevos Ministerios, que incluye los edificios de Fomento, Empleo y Seguridad Social y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cuesta 2,8 millones de euros.
- Miguel A. Ramírez fue condenado por construir en zona protegida
- El Consejo de Ministros le indultó el pasado 31 de octubre
- Trabaja en seguridad de Metro de Madrid y edificios de Defensa
Una vez más, al empresario canario Miguel Ángel Ramírez el BOE le trae buenas noticias. El Ministerio de Fomento, encargado de la gestión de este contrato, ha adjudicado de nuevo a su firma la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios, en Madrid, que incluye los edificios de tres ministerios y las zonas comunes. El Gobierno pagará a Seguridad Integral Canaria 2,8 millones durante un año.
La firma ya se encargaba de este servicio desde 2011, cuando fue contratada por un periodo de dos años que se prorrogó hasta los tres y medio y que finalizaba este 30 de junio. Por entonces cogió el relevo de Esabe Vigilancia gracias a una adjudicación de 5,5 millones para dos años (2,75 anuales, una cifra similar a la del contrato actual).
El servicio, que arrancó el pasado 24 de junio, incluye control de accesos y de correspondencia, rondas de inspección y custodia de llaves, entre otras funciones, en los ministerios de Fomento; Empleo y Seguridad Social; y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En total, cuenta con 87 vigilantes de seguridad para llevar a cabo este trabajo, todos ellos sin arma.
Seguridad Integral Canaria ya se llevó en enero el contrato de tres meses para el servicio de seguridad de varios edificios de Defensa, que están abandonando paulatinamente los militares, por 700.000 euros. Además, hace un año la empresa resultó adjudicataria de parte de la seguridad del Metro de Madrid.
Por entonces, Miguel Ángel Ramírez, presidente además de la UD Las Palmas, ya había sido condenado por un delito contra la ordenación del territorio por construir en zona protegida. En octubre de 2013, el Gobierno le indultó y cambió su pena de tres años y un día por otra de dos para intentar evitar su ingreso en prisión.
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