Sobre energía, no hay consulta que valga

Si un ayuntamiento quiere preguntar a sus ciudadanos sobre una línea de alta tensión, la instalación de parques eólicos, de una central o el fracking, el Gobierno, sea del color que sea, siempre dice no. Sobre energía, no hay consulta que valga. Los distintos ejecutivos ha vetado la celebración de todas las consultas populares sobre asuntos energéticos de los últimos 20 años. En cambio, si la pregunta que se pretende hacer a los ciudadanos tiene que ver con la fecha de las fiestas, la respuesta del Consejo de Ministros, que debe autorizar estas consultas, siempre es un sí.

Desde diciembre de 1996, los distintos gobiernos han permitido 33 consultas populares y ha frenado 40. El de José Luís Rodríguez Zapatero vetaba el 70% de las solicitudes y Rajoy se queda, por el momento, en un 40%.

La norma que las regula es de 1985. El artículo 71 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que “los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local”. Así, las dos condiciones a cumplir son: que el asunto sea de su competencia -y no la rebase- y que no toquen presupuestos ni impuestos.

Esta segunda condición es la que impidió a Pinoso (Alicante) preguntar a sus vecinos si les parecía bien dedicar un porcentaje del presupuesto local a ayudas a ONG. Navaridas (Araba) no pudo plantear tampoco esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la implantación de una tasa del 20 por 100 del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de rústica para el mantenimiento del firme y cunetas de los caminos rurales?”.

Pero, normalmente, el freno viene por las competencias (locales, autonómicas, estatales). Y la línea que las marca no siempre es clara. San Sebastián y Ciempozuelos (Madrid), por ejemplo, han llevado al Tribunal Supremo el veto del Gobierno a sus consultas sobre toros.

Este tipo de consultas son un acto vinculante bajo el paraguas de la Ley de Bases del Régimen Local. Y se usan poco: desde finales de 1996, esto es, en 21 años, se solicitan una media de entre tres y cuatro al año. Además, grandes municipios como Madrid o Barcelona han optado, en los últimos años, por celebrar sus propias versiones, sin pasar por la solicitud al Gobierno y fuera de ese marco legal.

¿Dónde colocamos el ayuntamiento?

Los ayuntamientos quieren consultar, sobre todo, sobre temas vinculados al urbanismo y los equipamientos, desde la ubicación de la casa consistorial (Silleda, en Pontevedra, consulta permitida) hasta la construcción o no de un centro penitenciario en la localidad (Morón de la Frontera, en Sevilla, vetada).

A los asuntos urbanísticos les siguen los vinculados a la energía, un ámbito que siempre recibe del Consejo de Ministros, sea del color que sea, el no por respuesta. La mayoría de autorizaciones fueron solicitadas por municipios de Araba y tienen que ver con el proyecto de construcción de una línea de alta tensión entre Vitoria-Gasteiz y Castejón (Navarra).

Por detrás, pero cerca, encontramos 11 solicitudes para consultar sobre residuos y basuras. Ocho de ellas fueron autorizadas, todas ellas vinculadas a los sistemas de recogida y reciclaje municipales. Y las ocho se realizaron en pueblos de Guipúzcoa, la provincia que más consultas ha solicitado. Las otras tres, vinculadas a la gestión de residuos contaminantes y a su tratamiento, fueron vetadas por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy.

Ocho veces se pidió permiso para consultar a los vecinos sobre la fecha de las fiestas y ocho veces el Consejo de Ministros dijo sí. Este mismo mes de septiembre Villafranca de Córdoba consiguió el visto bueno para preguntar a sus vecinos si pasar al sábado siguiente La Huevada, una fiesta que consiste en ofrecer huevos fritos y vino sin límite a quienes pasen por su verbena.

Algeciras, novena provincia andaluza

En 1998 el Ayuntamiento de Algeciras quería poner en marcha una consulta popular para preguntar a sus vecinos si querían convertir al municipio y el Campo de Gibraltar en la novena provincia andaluza. El Gobierno se lo prohibió, como hizo con otras cuatro peticiones relacionadas con los límites territoriales.

La única vez que se ha autorizado una consulta sobre límites territoriales fue el gobierno del PSOE a Belloch, entonces alcalde de Zaragoza.

La única excepción es el permiso que, en 2005, se concedió a Zaragoza para preguntar a sus vecinos sobre la independencia de Villamayor de Gállego, por enconces un barrio de la capital aragonesa. Pero, en ese caso, la consulta estaba planteada para poner en duda esa independencia, un proceso ya en marcha, aprobado y con sentencia judicial a su favor.

Juan Alberto Belloch, entonces alcalde de Zaragoza y contrario a la independencia de Villamayor, consiguió el visto bueno del Gobierno, también del PSOE por entonces, para realizar esa consulta. Pero un juez la suspendió poco después.