El BOE de hoy recoge la formalización del contrato del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género, esto es, la sustitución, el mantenimiento y el control de las pulseras para el cumplimiento de medidas de alejamiento. Telefónica vuelve a hacerse cargo de este servicio, que ya gestionaba en el anterior contrato, tras conseguir que el Gobierno mejorara las condiciones. Es la única empresa que se presentó a la licitación.

Como adelantamos en mayo y, tras quedar desierto en 2017, el Gobierno anterior volvió a licitar el servicio, esta vez vía procedimiento de urgencia, ya que el contrato anterior finalizaba en junio y los tiempos eran muy justos, lo que ponía en peligro la continuidad del sistema de protección. Y, para conseguir que las empresas -en este caso, solo Telefónica- se presentaran, mejoró las condiciones.

Un millón extra

El principal cambio fue su precio. Si el anterior contrato tenía un presupuesto máximo de licitación de 12,48 millones por tres años, el actual es de 12,89 por dos años y medio, esto es, de 4,15 a 5,16 millones al año, si calculamos la media -no todos los años se cobra el mismo precio. Pero ese millón extra no es el único cambio introducido para evitar que el contrato volviera a quedarse desierto.

Esas cifras globales son un presupuesto máximo y no suponen que eso sea lo que, al final, cobre la empresa adjudicataria. Están formadas por dos tipos de cuantías: lo que recibe de base la empresa por la sustitución, mantenimiento y puesta en marcha del sistema -un precio fijo- y lo que cobrará por cada aparato en funcionamiento, por día -variable. Lo que ha hecho el Gobierno es inflar la cuantía fija y reducir la variable. Así, las empresas aseguran el grueso de los ingresos lo antes posible y sin depender del número de pulseras en marcha.

En concreto, los pliegos antiguos establecían que el máximo a cobrar de base por los tres años era de 847.243 euros, y cada dispositivo instalado en víctima e investigado, de 10,74 euros al día. Los nuevos pliegos cambian la distribución para elevar el coste fijo por dos años y medio y reducir a 8,26 euros el unitario.

Sobre estas cuantías, tanto la fija como la variable, las empresas participantes podían ofertar rebajas, que supondrán el 55% de la valoración (frente al 60% del contrato que quedó desierto). El otro 45% se decidió bajo criterios técnicos: tiempo de respuesta, instalaciones, plan de implantación… Telefónica no ha rebajado ni un céntimo ese precio de licitación pero, al ser la única empresa ofertante, obtiene la máxima puntuación, 55 puntos sobre 100. En cuanto a la calidad técnica, se queda en 34 de los 45 posibles.

Además, el Gobierno relajó los plazos para la sustitución de los viejos dispositivos. En ambas licitaciones -la que quedó desierta y la nueva, anunciada hoy-, los pliegos estiman cuatro semanas para la implantación del servicio, un plazo que, de no cumplirse, podrá llevar a la rescisión del contrato. Pero si en el anterior ese plazo incluía la retirada de las pulseras viejas y la instalación de las nuevas, en el nuevo han eliminado esa obligación. La sustitución de dispositivos se realizará según la planificación ofertada por la empresa que se lleve el contrato, y no -al menos de forma obligatoria- en esas cuatro semanas.

La sustitución de dispositivos, de hecho, es una de las claves del nuevo contrato. Las pulseras que se utilizan, puestas en marcha en 2009 cuando se adquirieron 3.000, han sido cuestionadas por las falsas alarmas y su obsolescencia. 1.092 dispositivos de los que llevan los investigados o condenados han sido robados, perdidos o ya no funcionan.

A diciembre de 2017 había 1.019 dispositivos en funcionamiento. La previsión del Gobierno es que esa cifra suba hasta los 1.240 en 2019 y los 1.335 en 2020.

El contrato podrá prorrogarse por otros dos años y medio, hasta cinco años, doblando del mismo modo el presupuesto. Además, ese precio se podrá aumentar -por ejemplo, si el número de pulseras es superior a lo estimado- un 20% extra.

Una UTE entre Telefónica y Telefónica

La empresa adjudicataria del contrato no es Telefónica de forma directa, sino una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Telefonica de España y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, la primera con un 99% del peso y, la segunda, con solo un 1%.

La figura de las UTE está diseñada para que empresas que no tendrían capacidad para concurrir a grandes contratos por sí solas puedan hacerlo asociadas con otras compañías. Las UTE cuentan con ciertos beneficios fiscales, como por ejemplo estar exentos de los por para la creación, ampliación o liquidación de la sociedad -aunque no tienen entidad jurídica propia.

Buenos días.

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