El BOE de hoy recoge el resumen de la memoria de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se puso en marcha en 2014 para aplicar la Ley de Transparencia, vigilando su cumplimiento y, lo más importante, atender las reclamaciones de la ciudadanía cuando las entidades públicas no les dan la información que solicitan. Una de las conclusiones más relevantes es que, desde su nacimiento y hasta el 31 de diciembre de 2018, el organismo acumula un gasto de 287.159,46 euros para defenderse de los recursos presentados contra sus resoluciones, la mayoría presentados por administraciones públicas.

Este no es el único gasto de las arcas públicas que se destina a estos juicios, puesto que a esta cifra habría que sumarle el coste para las propias administraciones públicas que recurren. Así, una de las conclusiones de la memoria es que es necesario reducir la litigiosidad de los organismos públicos contra las resoluciones del organismo, que en la gran mayoría de casos se plantea para impedir que la ciudadanía acceda a información cuando el CTBG resuelve que sí tiene derecho a hacerlo.

Así, a cierre del año pasado, sumaban 131 recursos, 92 de ellos de entidades públicas (85 de ellas estatales, como ministerios y entidades como RTVE), según los datos de su página web y el resto de empresas y particulares.

La situación no mejora en 2019. En lo que llevamos de año, el Consejo suma a esa lista 58 nuevos recursos, 46 de ellos de entidades públicas estatales y autonómicas y locales. Entre ellos, por ejemplo, el recurso del Ministerio de Justicia para no dar acceso al expediente sobre la exhumación de Franco o el de la CNMV para ocultar el informe completo sobre la sanción impuesta a Josep Borrell alegando datos personales.

¿Quién defiende al Consejo?

El CTBG cuenta con un convenio con la Abogacía del Estado para que esta le represente ante los tribunales, por el que paga 20.000 euros anuales. Pero solo puede usar estos servicios cuando litiga contra particulares, empresas o entidades autonómicas y locales. Y es que, si la pugna es entre Estado (o entidades públicas estatales) y CTBG, la cosa se complica: la Abogacía del Estado no puede defender a ambos bandos. Así, en estos casos (la mayoría, por el momento) el organismo debe contratar abogado y procurador privados. En la actualidad, tiene un contrato con la firma Escárate Asesores.

Otra de las conclusiones de la memoria, que se repite año tras año, es la petición de más efectivos. Durante 2018 contaron con 22 personas y, según un informe del Tribunal de Cuentas mencionado en el documento, necesitarían 55 para poder ejercer sus funciones. Además, reclaman un mayor presupuesto -fue de 2,3 millones en 2018, de los que se gastaron 1,74. En paralelo, el CTBG no tiene presidenta desde noviembre de 2017, cuando falleció Esther Arizmendi.

Esta falta de recursos provoca, afirman, que su función de evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia sea parcial, ya que deberían revisar a unas 100.000 entidades, según sus cálculos. Este problema es especialmente relevante cuando se trata de las entidades privadas afectadas por la ley: por un lado, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales; y, por otro, las entidades privadas que reciban subvenciones de más de 100.000 euros o que supongan más del 40% de sus ingresos. Así, por ejemplo, en 2018 solo evaluaron a los cuatro principales partidos políticos de ámbito estatal.

Estas evaluaciones están destinadas a, entre otras cosas, vigilar si están publicando toda la información que les obliga la ley. Además de analizar algunas entidades públicas, revisan el Portal de Transparencia estatal. Solo ahí han detectado 27 deficiencias. Y, aunque aseguran que ha habido mejoras, recuerdan que algunas carencias detectadas en 2016 aún no han sido resueltas.

Buenos días.

Disclaimer

Civio es el autor de algunas de las solicitudes de información que han acabado en los tribunales. De hecho, estamos personados en dos juicios a favor de las resoluciones del Consejo y lideramos un tercero. Por el otro lado, en 2019 hemos presentado un recurso, en este caso en contra del CTBG. Ninguna de estas circunstancias ha afectado a la redacción de esta noticia.

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