El BOE recoge un Real Decreto-ley que aprueba la contratación de nuevos profesionales sanitarios con el fin de “aliviar la presión a la que se encuentra sometido el Sistema Nacional de Salud” debido al coronavirus. La norma, que entra en vigor el 1 de octubre, pretende que las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) puedan movilizar a un mayor número de efectivos para hacer frente a la crisis. El Ministerio calcula que podrían incorporarse casi 10.000 facultativos. En todos los casos, Sanidad da luz verde a la contratación excepcional de sanitarios por un plazo de hasta doce meses, que se podrá prorrogar por periodos sucesivos de tres meses.

Para ello, el Gobierno autoriza la contratación como residentes de personas que hubieran realizado las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (como el MIR, entre otras categorías) y que hubiesen obtenido la puntuación mínima, pero no consiguieran plaza en la convocatoria 2019/2020. Así, las comunidades autónomas podrán contratar a profesionales titulados en Medicina y Enfermería, pero también a efectivos con formación en Biología, Farmacia y Psicología, entre otras especialidades.

Además, el Gobierno permite la incorporación de especialistas de fuera de la Unión Europea, una medida que ya tomó de forma excepcional tras decretar el estado de alarma. En este caso, la norma prevé la contratación de profesionales que no dispongan del título reconocido en España, ya que, para su incorporación, solo es necesario que hayan superado la primera fase de evaluación .

Por último, el Ministerio autoriza la movilidad de profesionales de medicina y de enfermería para garantizar la asistencia contra la COVID-19. Así, por ejemplo, los sanitarios de un mismo hospital podrán trabajar en otras unidades diferentes de ese mismo centro. El Real Decreto-ley también da luz verde a que profesionales de Atención Primaria puedan ejercer en los hospitales de forma excepcional y transitoria. Lo mismo ocurre con el personal de medicina y enfermería de los hospitales, que podrá ser desplazado a los centros de salud si fuera necesario.

En el caso de que estas medidas fueran insuficientes, dada la carencia histórica de profesionales en enfermería y la posible falta de personal en medicina contra la COVID-19, el Gobierno también contempla otra acción excepcional. Las comunidades autónomas podrán movilizar al personal funcionario titulado en Medicina o Enfermería que trabaje en otros centros o servicios públicos para que puedan colaborar en la atención sanitaria contra el coronavirus dentro de la provincia en la que estén destinados.

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