El BOE de hoy recoge dos decretos ley aprobados ayer en Consejo de Ministros. Uno de ellos modifica la aminoración de beneficios de las eléctricas aprobada hace dos semanas y aumenta el porcentaje de descuento del bono social, la ayuda en el recibo de la luz para personas vulnerables, así como el bono térmico, vinculado al anterior. El otro prorroga algunas de las medidas sociales que caducaban a finales de este mes, como la prórroga automática de los contratos de alquiler o la prohibición de corte de suministros.

Así, el bono social eléctrico, que hasta ahora suponía descuentos del 25 y el 40%, según la situación de las personas beneficiarias, en la factura de la luz, pasa a ser del 60% para vulnerables y el 70% para vulnerables severos. Eso sí, esta medida es temporal y finalizará el 31 de marzo de 2022.

Además, aumenta el presupuesto destinado al bono social térmico, una ayuda que reciben de forma automática todos los beneficiarios del eléctrico y que contaba con algo más de 100 millones de presupuesto. Con la subida, supera los 200 millones. Eso se traduce, entre otras cosas, en que el mínimo a recibir por hogar -que aumenta en zonas de frío, por ejemplo- pasa de 25 a 35 euros.

Matices a la reducción de beneficios de las energéticas

Hace casi dos semanas, el Gobierno aprobó otro decreto ley que, entre otras cosas, recortaba los beneficios de las empresas que se hubieran beneficiado del alza, disparada, del gas natural. La norma publicada hoy matiza y aclara qué significa justo eso, que se hayan beneficiado de esa escalada. Así, deja fuera de la minoración todos los contratos a precio fijo firmados antes de su entrada en vigor en los que ese precio no tenga en cuenta la subida del gas.

Para poder evitar el recorte, las eléctricas deberán justificar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con declaraciones responsables, qué parte de sus contratos no se han beneficiado de la subida de precios. Esta medida tiene carácter retroactivo desde el 16 de septiembre, fecha en que entró en vigor la reforma de hace dos semanas.

Pero, para que la CNMC pueda conocer esos contratos y excluirlos se establece, además, y esto no de forma temporal sino definitiva, nuevas obligaciones de información a la CNMC. Así, las empresas productoras deberán informar de los contratos a plazo que firmen, también con sus propias comercializadoras. Y estas, incluir en esa información precios, fechas y condiciones.

En paralelo, amplía las obligaciones de cara a los consumidores tanto para las eléctricas como para las compañías de gas, que deben dar información comparable y transparente de los precios en cada momento, de los servicios adicionales que obligan a contratar para determinadas ofertas, de las revisiones de precios con una comparativa del antes y después, también del coste estimado anual, y del precio que queda tras aplicar ofertas temporales, todo de forma clara. Además, deberán trasladar también esa información a la CNMC para su comparador de ofertas de energía.

Prórroga de la moratoria de los alquileres

El otro decreto ley también incluye medidas que tienen que ver con la energía. Así, entre las medidas que se prorrogan hasta el 28 de febrero de 2022 está la prohibición del corte de suministro eléctrico, de gas y agua a las personas vulnerables, receptoras del bono social o que cumplan las condiciones, así como la continuidad en la condición de beneficiario sin necesidad de volver a acreditar las condiciones hasta esa fecha.

Pero, además, amplía el plazo para otras medidas sociales que acababan también este 31 de octubre y que lo harán el 28 de febrero, misma fecha de fin -por el momento- de los ERTE.

En materia de vivienda, se prorroga la prohibición de desahucios en determinados casos. En cuanto a los alquileres: si el inquilino lo pide, el contrato que acabe hasta esa fecha se alargará, en las mismas condiciones, durante un máximo de seis meses. Y se mantiene también hasta febrero la moratoria en el pago del alquiler, así como las compensaciones a los caseros afectados.

En paralelo, este decreto ley establece prestaciones extraordinarias para autónomos afectados por el volcán de La Palma. Entra en vigor mañana.

Buenos días.