La administración pierde en el 42% de los juicios sobre el Ingreso Mínimo Vital

No todo el mundo puede plantar cara a la administración en los tribunales. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda dirigida a paliar la pobreza extrema, los contendientes son, por un lado, personas y familias con pocos o ningún ingreso y, en frente, la Seguridad Social. David contra Goliat. Y pese a la relación de fuerzas, el 42% de las sentencias sobre el Ingreso Mínimo Vital son contrarias al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según datos obtenidos por Civio. Esto significa que, en estos casos, la Justicia decretó que el Estado subestimó o denegó la prestación cuando no correspondía.

En los primeros nueve meses de 2021 se iniciaron 1.486 procesos judiciales por el Ingreso Mínimo Vital y se han dictado 263 sentencias. En 111 (un 42,2%) los Juzgados de lo Social dieron la razón a la persona que reclamaba ante el INSS.

“La implantación del Ingreso Mínimo Vital está fallando, creemos que porque falta información en el funcionariado que tiene que resolver las solicitudes. Y, de hecho, en muchos de los casos que han llegado a los juzgados se ve”, opina Rocío Blanco Castro, abogada que lleva la defensa de varias beneficiarias de esta prestación. Tantas sentencias contrarias a la administración no son algo normal, según Blanco, quien detecta una causa: frente a la experiencia de los funcionarios de las comunidades autónomas, acostumbrados a tramitar ayudas de renta garantizada, a los trabajadores de la Seguridad Social “les falta formación sobre la realidad de las personas a las que se dirigen y nunca han tramitado ingresos de este tipo”, asegura.

La regulación del Ingreso Mínimo Vital no es sencilla. En resumen, la norma establece un importe mínimo para vivir que varía en función del número de personas que formen una unidad de convivencia. La diferencia entre esa cuantía establecida y los ingresos, si los hay, la complementa la Seguridad Social. Además de ciertos requisitos de entrada, como haber pedido las prestaciones o pensiones a las que se tuviera derecho o la exclusión de quienes figuren como administradores de sociedades mercantiles activas o tengan un patrimonio superior a cierto umbral, qué computa como ingresos –no lo hacen las rentas mínimas de las CCAA o las ayudas finalistas– o quiénes forman una unidad de convivencia son parte de la letra pequeña del IMV. Pero si la legislación es compleja, también lo son las distintas casuísticas personales.

“Creo que ya se están poniendo un poco las pilas pero, al principio, fue terrible”, cuenta Rocío Blanco, “se denegaron un montón sin razón”. Desde víctimas de violencia de género con jornadas de trabajo reducidísimas que, pese a no llegar a la cuantía mínima, se les rechaza el IMV por tener trabajo. O la consideración como ingreso de la ayuda por menor discapacitado, de carácter finalista y, por tanto, excluida del cálculo de la prestación. Blanco trabaja como abogada laboralista de CCOO y lleva varios casos en colaboración con Ítaca 3, una asociación de acción social de Palencia que trabaja con colectivos vulnerables. “Son quienes ponen el ordenador para estas personas, les abre la página web y van rellenando datos” para presentar la solicitud. Y es que el Ingreso Mínimo Vital, que comenzó en lo peor de la crisis sanitaria y con la administración teletrabajando, se planteó como un trámite que se podía realizar por Internet. “Esta gente no tiene ordenador en su casa, lógicamente”, afirma.

Una gincana burocrática

Como paso previo a la demanda, los afectados pueden presentar una reclamación. Ya sea por no estar conformes con el cálculo realizado por la Seguridad Social, porque no recibieron respuesta alguna a su solicitud o porque se les denegó de forma expresa la ayuda. En los primeros nueve meses de 2021 se registraron 89.660 reclamaciones en materia de Ingreso Mínimo Vital de las que el 56% (50.522) aún estaban pendientes de respuesta. Muchas provincias acumulan miles de alegaciones sin respuesta, como Alicante (4.852 de 5.337) o Murcia (3.071 de 3.492), o han contestado a muy pocas de las registradas, como Ciudad Real, que solo finalizó 39 de 1.078. El Gobierno, en su contestación a una solicitud de información pública de Civio, no diferencia ni aclara cuántas de todas esas reclamaciones en el limbo están aún en plazo y cuántas no. Y eso es importante, porque para las que haya pasado su plazo, el silencio administrativo se traduce en una negativa.

“Es una situación vergonzante”, protesta Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales. “El Ingreso Mínimo Vital es una muy buena medida pero lo cierto es que su ejecución no está en consonancia con el espíritu de la norma”, valora. Entre las labores de los trabajadores sociales están la asistencia a los potenciales beneficiarios para completar el papeleo de la solicitud y la emisión de informes sociales a petición del INSS para confirmar datos, como que la persona duerme en la calle. Para Vicente, “hay una carencia estructural por falta de personal” a la que se le une “una excesiva burocracia y unos plazos muy estrictos”.

Una queja común a la de Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, que atiende las colas del hambre que explosionaron con la pandemia. “Se han denegado muchísimos casos donde la gente estaba separada y ellos tenían en cuenta que estaban unidos. Entonces tenían que hacer la conciliación, pedir papeles y otras cosas que no se conseguían con la administración cerrada”, relata Giménez. “Hemos tenido casos en los que la pareja ha volado, no sabemos dónde está y una madre con sus hijos no puede recibir el IMV”, añade.

“Si los derechos no son accesibles, dejan de ser un derecho y se convierten en un premio”

Todas las fuentes consultadas coinciden en lo enrevesado del Ingreso Mínimo Vital para los potenciales beneficiarios. Ante la dificultad para conseguir una cita previa en la Seguridad Social, las ONG han mediado en su tramitación. Meses después de su creación, el Ministerio de Inclusión ha puesto ahora en marcha el registro de mediadores sociales para que estas organizaciones puedan, además, acreditar algunos de los requisitos para acceder al IMV. “Las oenegés debemos aspirar a no ser necesarias. Las personas deben ser capaces de solicitarlos por sí mismas. Si los derechos no son accesibles, dejan de ser un derecho y se convierten en un premio” para quienes consiguen finalizar esta gincana burocrática, reflexiona Maribel Ramos, subdirectora de HogarSí, durante la presentación de un estudio sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital en personas en situación de sinhogarismo. Entre las propuestas de esta ONG están la mejora de la comunicación, la atención presencial y la reducción de los tiempos de tramitación. El tiempo medio de espera en los casos que ellos han atendido es de seis meses. En el caso de las alegaciones, la mitad de las analizadas en su estudio finalizaron en silencio administrativo.

Los últimos datos publicados por el ministerio a primeros de octubre hablan de que algo menos de 800.000 personas recibían entonces el IMV frente a los 2,3 millones de potenciales beneficiarios que calcularon cuando lanzaron esta política. Oenegés como HogarSí recuerdan que no es un problema de presupuesto –de si hay o no fondos–, sino de ejecución. A estas alturas, de los 2.988 millones de euros presupuestados para 2021, el Gobierno solo habría ejecutado poco más de la mitad, según ABC.

El IMV es compatible con el empleo. Eso sí, las cantidades que puedan ser cobradas de más se regularizan a través de la declaración de la renta, cuya presentación es obligatoria para recibir esta ayuda. Algo que levanta cierta preocupación en Mónica Díez, del equipo de atención social de la Fundación Tomillo. “Van a revisar los ingresos que ha podido tener una familia cuando ha pasado un año. Si han encontrado trabajos puntuales, aunque lo regularicen, estas familias no tienen capacidad de guardar el dinero por si se lo reclaman. Habrá familias que pasarán de cobrar un IMV de 700 a 50€. Podemos encontrarnos con esto en enero.” Y enero está a la vuelta de la esquina.