El Congreso deroga dos decretos ley: el de revalorización de las pensiones y descuentos en el transporte y el del impuesto a las eléctricas

El Congreso ha votado hoy en contra de convalidar los dos últimos decretos ley aprobados en 2024: el del impuesto a las empresas energéticas ([con 183 votos en contra])(https://www.congreso.es/es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XV&_iniciativas_id=130/000013); y el texto que combinaba revalorización de las pensiones y descuentos en los abonos de transporte público, entre otras muchas medidas (con 177 votos en contra, los de PP, Vox y Junts).

Los decretos ley están en vigor desde el momento que marque el propio texto y dependiendo de cuándo se publiquen en el BOE, y tienen 30 días para ser convalidados por el Congreso. En este caso, quedan derogados a partir de ahora. Eso significa que las medidas que recogen han estado en vigor durante ese lapso de tiempo. Un ejemplo: los abonos transporte con descuento comprados hasta hoy son válidos.

Que un decreto ley no obtenga el visto bueno del Congreso no es nada habitual. Como publicó Civio, de 1996 a 2022 solo se derogaron cuatro de 467. Desde entonces, han caído otros tres: el primer intento de reformar el subsidio por desempleo, que se volvió a presentar, con cambios, un tiempo después, para entonces sí ser aprobado; y los dos cancelados hoy por el Congreso.

Explicamos las principales medidas que han quedado derogadas:

Revalorización de las pensiones y subida del MEI

La norma establecía que las pensiones contributivas suban un 2,8% en 2025, lo que marca el IPC. Para las pensiones mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida era mayor, del 9%. Así, las pensiones no contributivas y el IMV básico (una persona viviendo sola), pasaron a ser de 7.905,8 euros al año. También subieron los límites y las ayudas del complemento de ayuda a la infancia, entre otras.

La clave ahora está en ver si el Gobierno aprueba un nuevo decreto ley a tiempo para que la subida se vea reflejada en las pensiones y ayudas de la Seguridad Social de febrero (puesto que las nóminas de enero ya estaban cerradas y se pagarán con la subida, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

En paralelo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ese extra en la cuota de la Seguridad Social, subía: de un 0,7% a un 0,8% (0,67% a cargo de la empresa y 0,13% de la persona trabajadora). Además, el texto ponía en marcha la cuota de solidaridad, ese impuesto aprobado en 2023 que irá creciendo año a año y que gravará los salarios más altos, aquellos que superen las bases máximas de cotización.

Descuentos en los abonos transporte, con cambios a partir de julio

Los descuentos en abonos transporte caen. Eso sí, los que se hayan comprado hasta ahora servirán, puesto que estaba en vigor la medida cuando se adquirieron.

Y es que el decreto ley prorrogaba durante la primera mitad de 2025 los abonos gratuitos en Cercanías, para viajar por cada núcleo, independientemente del origen y destino, uno por cuatrimestre, siempre que se realicen al menos 16 viajes en ese tiempo. Los trenes de Media Distancia también iban a ser gratuitos durante esos seis meses, con origen y destino fijos, así como los autobuses de competencia estatal.

A partir del 1 de julio, el sistema cambiaba, con un billete único de Cercanías por 20 euros al mes, que era de 10 euros para jóvenes y gratuito para niños. En todos estos casos, se incluye en la categoría de jóvenes a personas nacidas entre 1999 y el 2000; y niños a los que lo hicieron entre 2011 y 2025. Y en ambos casos se exige nacionalidad española o residencia legal en España para poder acceder a esos descuentos. Otra de las novedades era que esos abonos mensuales podrán usarse en más de un núcleo de Cercanías, aunque las condiciones se iban a desarrollar y publicar más adelante.

En cuanto a los trayectos de media distancia, el plan inicial ahora derogado era que dede julio ya no serían gratis, pero tendrían descuentos del 40% en packs de 10 viajes y en abonos mensuales (serán gratis para niños y del 50% para jóvenes). Algo similar pasa con el autobús de competencia estatal: el 1 de julio dejaba de ser gratuito, pero tendría descuentos del 40% (abonos de 10 viajes), 50% (abonos mensuales), 70% (jóvenes) y seguirá siendo gratuito para niños.

En Avant el decreto ley establecía que el descuento seguiría siendo del 50% durante todo 2025. La gratuidad del Cercanías y Ancho métrico de Asturias y Cantabria para los usuarios recurrentes se mantenía también durante todo el año, así como el 100% de descuento en el transporte terrestre en Canarias y Baleares.

Además, el Gobierno mantenía hasta junio, incluido, las ayudas para pagar el 30% de los abonos y tickets multiviaje de transporte público en comunidades y ayuntamientos que aporten el otro 20% hasta llegar a rebajar esos billetes a la mitad. A partir de julio, los descuentos pasaban a ser gratuitos para niños hasta 14 años, del 50% para jóvenes y del 40% por norma general (siempre que la entidad local o autonómica responsable aporte un 20% que se sume al 20% de la ayuda estatal).

En paralelo, y esto desde el 1 de enero, el Gobierno puso en marcha nuevos descuentos para los abonos en los servicios públicos de alquiler de bicicletas, que funcionan como los del transporte metropolitano: aportarán un 30% para que la entidad local o autonómica responsable ponga el otro 20% y llegue a la mitad de su precio.

Además, el decreto ley incluía subvenciones a comunidades autónomas y entidades locales para implantar o ampliar infraestructuras de los servicios públicos de bicis en alquiler y para la creación de nuevos servicios de transporte público o el incremento de la oferta. Otra novedad, que se iba a desarrollar en la convocatoria, era la puesta en marcha de ayudas a empresas de reparto y personas que compren bicicletas eléctricas.

Otras prórrogas

Además, el decreto ley ahora cancelado prorrogaba durante todo 2025 la prohibición de corte de suministros de agua, luz y gas de personas vulnerables, así como el veto a algunos desahucios.

La progresiva disminución de los descuentos del bono social aprobada en junio, por su parte, se desaceleraba: si el plan era ir rebajando esas cantidades hasta llegar al 35% para vulnerables y el 50% para vulnerables severos el próximo 1 de julio, con el cambio esa rebaja no llegaría hasta el 1 de enero de 2026, seis meses más tarde. Así, en enero los descuentos eran del 50 y del 65%, en julio del 42,5 y del 57,5%; y no iba a ser hasta enero de 2026 cuando se quedaban, ya de forma definitiva, en esos 35 y 50%, unas cifras superiores a los descuentos del bono social anteriores a la crisis energética, que eran del 25 y el 40%.

El decreto ley también prorrogaba durante 2025 las deducciones fiscales para obras de mejora de eficiencia energética en viviendas: del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual; del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual; y del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales. También mantenían todo el año las deducciones por compra de vehículos eléctricos y el mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva.

Otra de las medidas que se seguía alargando en el tiempo es la obligación de que el Gobierno autorice inversiones relevantes de empresas extranjeras, aunque sean europeas, en empresas cotizadas o si la inversión supera los 500 millones. En paralelo, y hasta que no se apruebe una subida para 2025, el Gobierno prorrogaba el SMI actual. Y, la más importante, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): el decreto ley establecía las normas para su prórroga a la espera que en algún momento se aprueben las cuentas para 2025, incluyendo el reparto de impuestos y las reglas de endeudamiento.

Nuevas medidas

El decreto ley también cambiaba los límites para estar obligado a presentar la declaración de la renta: si hasta entonces estaban exentos quienes tuvieran ingresos de menos 22.000 euros, siempre que el segundo y los restantes pagadores no alcanzaran los 1.500, lo estaban también siempre que no alcancen los 2.500 euros.

Otra de las medidas incluidas desarrollaba la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo de control y sancionador de los servicios digitales para hacer cumplir el reglamento europeo en la materia. Además, eximía de varios impuestos, entre ellos el de sociedades, a las organizaciones participantes en las competiciones de fútbol femenino Champions League 2024 y Europa League 2025.

El decreto ley incluía el traspaso de un edificio de París en el que está el edificio Cervantes al PNV, en el marco de la devolución de bienes incautados de la Ley de memoria democrática. La entidad podía seguir usándolo hasta finales de 2030, pero desde 2025 pagaría un alquiler. Y sumaba compensaciones por otros locales.

El Gobierno se comprometía en el texto a revisar, en tres meses como máximo, la posible reducción de la edad de jubilación para personal sanitario en medios aéreos. Y aprobaba una ayuda de 4,5 millones de euros para Ceuta, destinada a la protección de menores no acompañados.

Otra de las novedades era, esta vez, no una prórroga, sino un retraso. El decreto ley modificó la última ley de medidas fiscales, aprobada solo unos días antes. La mayoría de cambios tienen que ver con los plazos. Uno de los más relevantes era que retrasaba hasta abril la puesta en marcha del impuesto a los líquidos de los cigarrillos electrónicos, que estaba programada el 1 de enero.

Además, el decreto ley incluía otras medidas sobre vivienda. Por un lado, establecía el mecanismo para traspasar al SEPE inmuebles titularidad del Estado para destinarlos a alquiler asequible. Y simplificaba los trámites para la construcción o rehabilitación de vivienda protegida, además de permitir que esas concesiones de obra duraran hasta 80 años (frente a los 40 máximos por regla general). Y, en paralelo, incluía el coeficiente para calcular la plusvalía para el 2025.

Impuesto a las eléctricas

El otro decreto ley de diciembre, el del impuesto a las empresas energéticas, era casi calcado a la redacción de este gravamen que ha estado vigente en 2023 y 2024, ese 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio de los operadores principales del mercado. Así, esa tasa se iba a cobrar también, si hubiera sido convalidado, en 2025.

Con un matiz: la norma publicada incluía deducciones por inversiones estratégicas que tengan que ver con la transición ecológica y la descarbonización. Esto significaba que las empresas que invirtieran en tecnologías como hidrógeno renovable o transformación de residuos en biogás o biometano podían pagar algo menos de este impuesto.

Este impuesto afectaba a los operadores principales del mercado. Según la última resolución de la CNMC, en el sector eléctrico son: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol. En gas natural: Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola y Axpo. En carburantes: Repsol, CEPSA, BP, Petronieves y Península Petroleum. En gases licuados del petróleo: Repsol, BP, Disa y Naturgy.

La norma excluía, como hasta entonces, empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios en 2019 fuera inferior a mil millones de euros.

El título del decreto ley era claro: es un gravamen “temporal”. Y establecía, como ya lo hacía su prórroga, que el Gobierno estudiará su inclusión definitiva en el sistema fiscal a final de año.