Qué vuelve y qué no del decreto ley ómnibus de diciembre

El BOE de hoy recoge un decreto ley que vuelve a aprobar algunas de las medidas incluidas en la norma ómnibus que se aprobó a final de año y que ha estado vigente menos de un mes, ya que el Congreso la tumbó hace una semana.

Las medidas principales del texto original, como la revalorización de las pensiones y los descuentos en los abonos transporte, vuelven a estar en vigor. Pero cae la ayuda de 4,5 millones para que Ceuta ayude a menores extranjeros no acompañados, la prórroga del SMI o las exenciones fiscales por obras de mejora de eficiencia energética, entre otras muchas medidas.

El decreto ley entra en vigor mañana jueves 29 de enero, lo que significa que algunas medidas que hoy se vuelven a aprobar han estado entre el 23 y el 28 anuladas. En el caso de las pensiones, eso sí, la subida es retroactiva y se aplicará durante todo el año, sin interrupciones.

Lo que no ha entrado y sigue derogado (por el momento)

Además de la prórroga al impuesto a las eléctricas, que estaba en otro decreto ley y que también fue rechazada la semana pasada, la norma publicada hoy en el BOE no incluye algunas de las medidas que sí estaban en la original y que, por tanto, siguen derogadas. Al menos por el momento.

Pasa, por ejemplo, con la ayuda de 4,5 millones de euros para Ceuta, destinada a la protección de menores no acompañados, que sigue derogada.

El decreto ley retrasaba a abril la puesta en marcha del impuesto especial a los líquidos de los cigarrillos electrónicos. Como se derogó, y no se ha vuelto a incluir esta medida, está vigente ya desde el 1 de enero.

Tampoco entra en este nuevo decreto ley la prórroga del SMI durante 2025. Aunque, en este caso, lo más probable es que cuando se aprueba la subida y, por tanto, la nueva cifra para 2025, se haga de forma retroactiva desde enero.

Cae, por el momento, la prórroga durante 2025 de las deducciones fiscales para obras de mejora de eficiencia energética en viviendas: del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual; del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual; y del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales. También que se mantuvieran durante 2025 las deducciones por compra de vehículos eléctricos y el mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva.

El decreto ley de diciembre también cambiaba los límites para estar obligado a presentar la declaración de la renta: si hasta entonces estaban exentos quienes tuvieran ingresos de menos 22.000 euros, siempre que el segundo y los restantes pagadores no alcanzaran los 1.500, lo estaban también siempre que no alcancen los 2.500 euros. Esa medida, ahora mismo, ya no está en vigor.

Otra de las medidas incluidas originalmente y que ha desaparecido es la que desarrollaba la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo de control y sancionador de los servicios digitales para hacer cumplir el reglamento europeo en la materia. Además, eximía de varios impuestos, entre ellos el de sociedades, a las organizaciones participantes en las competiciones de fútbol femenino Champions League 2024 y Europa League 2025. Tampoco entran en esta nueva ronda las modificaciones en la sociedad de Correos y la nueva regulación de la financiación no reembolsable en el FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa).

Además, el decreto ley incluía otras medidas sobre vivienda. Por un lado, establecía el mecanismo para traspasar al SEPES inmuebles titularidad del Estado para destinarlos a alquiler asequible. Y simplificaba los trámites para la construcción o rehabilitación de vivienda protegida, además de permitir que esas concesiones de obra duraran hasta 80 años (frente a los 40 máximos por regla general). Y, en paralelo, incluía el coeficiente para calcular la plusvalía para el 2025. Todo ese apartado ha quedado fuera. También la prórroga de las ayudas a la industria electrointensiva (aunque sí se mantiene la prohibición de despedir por la subida del precio de la energía en las empresas que reciban ayudas).

Aunque una parte de las reglas para aplicar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se mantienen, otras medidas presupuestarias no, como las reglas de endeudamiento y de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Tampoco vuelven a estar en en vigor las medidas que permitían alargar o modificar distintos tipos de cálculo en la cuota de autónomos.

Revalorización de las pensiones y subida del MEI: retroactivas desde el 1 de enero

La revalorización de las pensiones se mantiene. Además, el decreto ley establece que será retroactivo desde el 1 de enero, así que a esta medida no le afectará el parón. En la nómina de enero se pagaron con la subida y así será, gracias a este decreto ley, en febrero y los meses siguiente. Así, las pensiones contributivas suben un 2,8% en 2025, lo que marca el IPC. Para las pensiones mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida es mayor, del 9%. Así, las pensiones no contributivas y el IMV básico (una persona viviendo sola), pasan a ser de 7.905,8 euros al año. También suben los límites y las ayudas del complemento de ayuda a la infancia, entre otras.

En paralelo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ese extra en la cuota de la Seguridad Social, sube: de un 0,7% a un 0,8% (0,67% a cargo de la empresa y 0,13% de la persona trabajadora). En 2025, además, se pone en marcha la cuota de solidaridad, ese impuesto aprobado en 2023 que irá creciendo año a año y que gravará los salarios más altos, aquellos que superen las bases máximas de cotización. Estas medidas, como la revalorización de las pensiones, se aplicarán durante todo el año, sin parones.

Vuelven los descuentos en los abonos transporte, con cambios a partir de julio

La vuelta de los descuentos en el transporte público es diferente: entra en vigor mañana día 29. Pero, eso sí, el decreto ley establece que, cuando se desarrollen en el reglamento, podrán incluir compensaciones en algunos casos para cubrir el tiempo que no ha estado en vigor. Así queda la cosa a partir de mañana: se prorrogan hasta el 30 de junio los abonos gratuitos en Cercanías, para viajar por cada núcleo, independientemente del origen y destino, uno por cuatrimestre, siempre que se realicen al menos 16 viajes en ese tiempo. Los trenes de Media Distancia también serán gratuitos durante esos casi seis meses, con origen y destino fijos, así como los autobuses de competencia estatal.

A partir del 1 de julio, el sistema cambia: habrá un billete único de Cercanías por 20 euros al mes, que será de 10 euros para jóvenes y gratuito para niños. En todos estos casos, se incluyen en la categoría de jóvenes a personas nacidas entre 1999 y el 2010; y niños a los que lo hicieron entre 2011 y 2025. Y en ambos casos se exige nacionalidad española o residencia legal en España para poder acceder a esos descuentos. Otra de las novedades es que esos abonos mensuales podrán usarse en más de un núcleo de Cercanías, aunque las condiciones se desarrollarán y publicarán más adelante.

En cuanto a los trayectos de media distancia, dede julio ya no serán gratis, pero tendrán descuentos del 40% en packs de 10 viajes y en abonos mensuales (serán gratis para niños y del 50% para jóvenes). Algo similar pasa con el autobús de competencia estatal: el 1 de julio dejará de ser gratuito, pero tendrá descuentos del 40% (abonos de 10 viajes), 50% (abonos mensuales), 70% (jóvenes) y seguirá siendo gratuito para niños.

En Avant el descuento seguirá siendo del 50% durante todo 2025. La gratuidad del Cercanías y Ancho métrico de Asturias y Cantabria para los usuarios recurrentes se mantendrá también durante todo el año, así como el 100% de descuento en el transporte terrestre en Canarias y Baleares.

Además, el Gobierno mantiene hasta junio, incluido, las ayudas para pagar el 30% de los abonos y tickets multiviaje de transporte público en comunidades y ayuntamientos que aporten el otro 20% hasta llegar a rebajar esos billetes a la mitad. A partir de julio, los descuentos serán gratuitos para niños hasta 14 años, del 50% para jóvenes y del 40% por norma general (siempre que la entidad local o autonómica responsable aporte un 20% que se sume al 20% de la ayuda estatal).

En paralelo, vuelven a estar en marcha los nuevos descuentos para los abonos en los servicios públicos de alquiler de bicicletas, que funcionarán como los del transporte metropolitano: aportarán un 30% para que la entidad local o autonómica responsable ponga el otro 20% y llegue a la mitad de su precio.

Además, el decreto ley incluye subvenciones a comunidades autónomas y entidades locales para implantar o ampliar infraestructuras de los servicios públicos de bicis en alquiler y para la creación de nuevos servicios de transporte público o el incremento de la oferta.

Todas estas ayudas estatales están vinculadas a que las entidades locales que estén obligadas tengan en funcionamiento una zona de bajas emisiones durante 2025.

Otra novedad, que se desarrollará en la convocatoria, es la puesta en marcha de ayudas a empresas de reparto y personas que compren bicicletas eléctricas.

Vivienda: las medidas que sí se mantienen y una nueva

Aunque el traspaso de vivienda pública al SEPES y la ampliación de los tiempos de las concesiones para construir vivienda protegida no se han incluido en este decreto ley, sí otras medidas que tienen que ver con vivienda, como el veto a algunos desahucios, que se mantiene hasta final de año con las mismas reglas que hasta ahora y que han estado vigentes durante los últimos años (entre ellas, la compensación a propietarios afectados). Y los desahucios que estuvieran suspendidos a día 22 lo siguen estado.

La novedad es que el decreto ley incluye la aprobación de una línea de avales para arrendadores, que les cubra en caso de impagos de alquiler, tanto la cuota mensual como suministros y desperfectos ocasionados en la vivienda. Una línea de avales con dinero estatal pero que gestionarán las comunidades autónomas.

Aunque el detalle de su funcionamiento se desarrollará en un reglamento que el Gobierno deberá aprobar en un máximo de seis meses, el texto ya da algunas claves de cómo funcionará. Solo se pondrá en marcha en el caso de que la persona arrendataria sea menor de 35 años o vulnerable, siempre que el precio del alquiler no supere el índice estatal y cuando se haya firmado ese compromiso entre ambos.

Otras prórrogas y medidas que vuelven a estar en vigor

Además, vuelve la prórroga, en este caso desde el 1 de enero y durante todo 2025, de la prohibición de corte de suministros de agua, luz y gas de personas vulnerables.

También el mantenimiento de mayores descuentos para pagar la factura de la luz. Y es que la progresiva disminución de las ayudas del bono social aprobada en junio se desacelera: si el plan inicial era ir rebajando esas cantidades hasta llegar al 35% de descuento para vulnerables y el 50% para vulnerables severos el próximo 1 de julio, ahora esa rebaja no llegará hasta el 1 de enero de 2026, seis meses más tarde. Así, en enero los descuentos serán del 50 y del 65%, en julio del 42,5 y del 57,5%; y no será hasta enero de 2026 cuando se queden, ya de forma definitiva, en esos 35 y 50%, unas cifras superiores a los descuentos del bono social anteriores a la crisis energética, que eran del 25 y el 40%.

Otra de las medidas que se siguen alargando en el tiempo es la obligación de que el Gobierno autorice inversiones relevantes de empresas extranjeras, aunque sean europeas, en empresas cotizadas o si la inversión supera los 500 millones. La norma, aprobada a finales de 2020, ha sido prorrogada ya en cuatro ocasiones, contando la que se ha publicado hoy, que la mantiene hasta final de 2026.

El decreto ley incluye el traspaso de un edificio de París en el que está el edificio Cervantes al PNV, en el marco de la devolución de bienes incautados de la Ley de memoria democrática. La entidad podrá seguir usándolo hasta finales de 2030, pero desde 2025 pagará un alquiler. E incluye compensaciones por otros locales.

Además, mantiene algunas ayudas para los afectados por la DANA que estaban incluidas en el decreto de diciembre, como la ampliación del plazo para que los ayuntamientos afectados pueden pedir subvenciones, la mejora del plan para comprar vehículos nuevos o las actividades subvencionables en los créditos especiales para empresas afectadas. Además amplía las ayudas por pérdidas en el campo a municipios que no estén incluidos en el listado inicial de afectados pero que hayan sufrido pérdidas por culpa de las riadas. Y permite a la Comunidad Valenciana modificar su endeudamiento para hacer frente a estos gastos.

El decreto ley sí incluye que se suspenda la causa de disolución de una empresa si las pérdidas son causa de la DANA, pero no el artículo que permitía aplicar esta regla a cualquier empresa afectada por desastres naturales en general.

En cuanto a las ayudas a La Palma, se mantienen los ERTE, los ceses de actividad especiales y la posibilidad de aplazar impuestos para las personas y empresas afectadas por la erupción del volcán.

Buenos días.