El BOE de ayer publicó un decreto ley que da un paso más en la reforma y mejora de la Ley de Dependencia, garantizando la compatibilidad de todas las ayudas y prestaciones y reduciendo de seis a tres el tiempo máximo desde la solicitud para recibir la prestación.

Hasta ahora, la norma establecía un plazo general máximo de seis meses desde que se solicita la ayuda hasta que se concede, contando con sus dos fases: en la primera, se reconoce el grado de dependencia (I, II, III o el nuevo III+); en la segunda, se establece el Programa Individual de Atención (PIA), que incluye qué servicios o ayudas se asignan a cada persona. La reforma reduce ese tiempo a la mitad, tres meses, como máximo. El derecho a la ayuda se activará a los tres meses de la solicitud, lo que permite reclamar si la prestación o ayuda llega después de esa fecha.

Otra de las mejoras es que elimina completamente las incompatibilidades. Así, todos los servicios y ayudas de la Ley serán compatibles y se podrán combinar entre ellos según las necesidades y las preferencias de la persona dependiente. El decreto ley va un paso más allá de la reforma publicada en octubre, que hizo compatibles todos los servicios domiciliarios y puso coto a los recortes de la aportación estatal, entre muchas otras medidas.

El texto también modifica dos de los servicios más usados: la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Esta última, centrada también en el entorno comunitario en línea con esa última reforma y que desarrolla cómo puede darse el servicio en grupo, separa de forma clara las dos patas del servicio: cuidados y apoyo en las actividades diarias, por un lado; y actividades domésticas y de gestión del hogar, por otro. Esta es una reivindicación histórica de las trabajadoras del sector y la clave está por ver cómo se traduce esta distinción en sus condiciones laborales, ya sea en normas de desarrollo, también en las autonómicas, o en pliegos de contratos para este servicio.

En cuanto a la teleasistencia, el decreto ley la hace universal por defecto: para todas las personas que tengan reconocido algún grado de dependencia. En personas que estén en residencias, por ejemplo, se centrará en su participación en el entorno comunitario, además de hacer hincapié en prevenir, para todas las personas dependientes, la soledad no deseada. Y se deberá ofrecer 24 horas al día, todo el año y también en lengua de signos.

El dinero destinado a dependencia en cada comunidad autónoma tiene tres partes: nivel mínimo (lo que aporta directamente el estado); nivel acordado (comunidad autónoma y estado en sus convenios) y nivel adicional (solo las comunidades autónomas). Lo que también hace este decreto ley es mantener los niveles mínimos de aportación del Gobierno, de cara a 2027 y mientras no haya Presupuestos Generales del Estado para ese año, en las mismas cuantías que las aprobadas antes del verano: 90 euros al mes para grado I, 260 para grado II, 660 para grado III y 4.930 para grado III+. Ademas, aprueba dos suplementos de crédito que suman casi 125 millones para aumentar la financiación estatal.

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