Un decreto ley de Trabajo endurece las obligaciones de igualdad salarial y transparencia en las condiciones laborales y aumenta las sanciones por su incumplimiento
La norma establece además más protección para quienes reclamen sus derechos laborales, obligaciones de transparencia en las ofertas de trabajo y otras medidas sobre periodos de prueba, horas complementarias y compatibilidad con otros trabajos.
El BOE de hoy recoge un decreto ley que traspone varias directivas y profundiza en las reformas sobre la transparencia retributiva y no discriminación en salarios por razón de género, además de aumentar las sanciones por su incumplimiento.
Si hasta ahora las empresas de más de 50 personas trabajadoras debían justificarse si tienen una brecha salarial de género de más de un 25%, el decreto ley publicado hoy endurece esa obligación para las empresas de más de 100 personas: tendrán que dar explicaciones cuando esa diferencia supere el 5%.
En cuanto al registro salarial obligatorio para todas las empresas, que permite identificar esas brechas de género, la norma añade nueva información, como que las retribuciones se establezcan en cómputo anual pero también por hora de trabajo. Y crea el derecho de cualquier persona trabajadora de pedir retribuciones medias, desglosadas por otros conceptos y también por sexo, de su categoría. Lo podrá pedir una vez al año o cuando cambien sus condiciones y la respuesta de la empresa no puede tardar en llegar más de dos meses. Este derecho también alcanza a quienes ya no trabajen en la empresa, durante el año siguiente a su marcha. Y todas las compañías están obligadas a informar a sus trabajadores, una vez al año, de que pueden pedir esa información.
El registro retributivo deberá conservarse, a partir de ahora, durante al menos cuatro años. Y que la información que contenga permita identificar retribuciones de personas concretas no frenará el derecho a acceder a ella. La norma establece además el derecho de las personas trabajadoras a revelar su sueldo, declarando nulas las cláusulas que lo prohíban.
Además, establece criterios mucho más específicos y claros a la hora de valorar cada puesto de trabajo, de cara a comparar dos de igual valor y detectar diferencias salariales entre ellos. De hecho, las empresas que estén obligadas a tener Plan de igualdad (todas las de 50 o más trabajadores y aquellas más pequeñas que lo tengan en su convenio) deberán poner en marcha auditorías retributivas que marquen esa valoración de puestos de trabajo con cifras y cálculos objetivos y transparentes, también de cara a determinar quiénes están en cada grupo profesional y cómo se establecen los ascensos, unas auditorías que deberán estar a disposición del personal.
El decreto ley crea la Comisión de transparencia retributiva, sin presupuesto propio. Será la encargada de recibir los informes de brecha de género de las empresas de más de 50 trabajadores. Las que tengan entre 50 y 249 deberán enviarlo cada tres años; las de más de 50, cada año. Esta obligación tiene fecha máxima para su aplicación: las de más de 150 trabajadores deberán enviar toda la documentación antes de junio del año que viene, pero el resto tienen hasta junio de 2031. Además, si las diferencias de salario por género detectadas no están justificadas, deberán corregirlas en un máximo de seis meses. Con toda esa información, tanto la nueva Comisión como el INE tendrán que enviar datos de brecha salarial a la Comisión Europea.
El principio de transparencia retributiva también afecta a las ofertas de trabajo, que deberán incluir la retribución inicial y el convenio aplicable. Además, estará prohibido que se use un lenguaje sexista, con expresiones como “se buscan camareras” o similares. Y el decreto ley prohíbe de forma explícita preguntar en las entrevistas por el historial retributivo, esto es, por qué se ha cobrado en trabajos anteriores. Y si los algoritmos participan en los procesos selectivos, deberán establecerse sistemas para que se asegure la no discriminación. Todas estas normas sobre ofertas y selección de personal también afectan a los empleos públicos.
El registro retributivo y la información sobre brechas salariales son varios de los elementos clave de varias obligaciones de información que afectan a las empresas y que este decreto ley amplía. En septiembre, el Ministerio de Trabajo y Economía Social aprobó una reforma que obliga a que se informe a las personas trabajadoras de forma más detallada sobre jornada, salario, algoritmos que les afecten… en un documento de elementos esenciales del puesto de trabajo. El decreto ley de hoy amplía ese derecho, también, a contratos de menos de cuatro semanas, excluidos hasta ahora.
Además, añade que las empresas informarán al personal y a sus representantes de los criterios de retribución, los niveles por categoría y otros asuntos relacionados con los sueldos y, en aquellas con más de 50 personas trabajadoras, además, de los criterios de progresión laboral y salarial. Y refuerza la obligación de informar al personal de puestos vacantes que mejoren sus condiciones laborales, como el paso de fijos-discontinuos, temporales, contratos de formación o contratos parciales a contratos indefinidos a tiempo completo. Además, establece que cualquier persona que lleve trabajando seis meses o más en una empresa tiene derecho a pedir un cambio para tener mejores condiciones laborales y la empresa tiene la obligación de responder, de forma motivada y por escrito, en un máximo de un mes (tres meses si tiene diez o menos empleados). Este apartado de la reforma también afecta a empleados públicos.
Más sanciones y hasta cancelación de contratos públicos
Uno de los cambios más importantes que introduce este decreto ley está en las sanciones en transparencia e igualdad salarial, que se endurecen. Así, no informar de los elementos esenciales del contrato o de vacantes que permitan mejorar las condiciones laborales del personal pasa de falta leve a falta grave, que también incluye ahora incumplir la obligación de informar a la Comisión de transparencia retributiva de la brecha de género.
Y, muy importante, modifica la Ley de Contratos públicos para que estos incumplimientos tengan consecuencias también para empresas que contraten con las administraciones públicas. Así, establece que se vigilará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia retributiva e igualdad y se establecerán mecanismos y sanciones para las empresas que no las respeten. Sanciones que pueden acabar en la resolución del contrato si esos incumplimientos son graves y están acreditados en una resolución administrativa o judicial o si son reiterados y, pese a recibir varios avisos para corregirlos, lo ignoran. El órgano de contratación puede arrancar el proceso para poner fin a estos contratos de oficio o tras recibir una queja de los sindicatos.
El decreto ley también refuerza la protección a las personas trabajadoras que reclamen o denuncien que no se están respetando sus derechos laborales. Así, añade entre sus derechos los de no sufrir represalias de ningún tipo y declara nulos los despidos o decisiones discriminatorias hacia esas personas del mismo modo que lo son cuando discriminan por otras razones. Además de considerarlo una sanción grave.
La norma modifica las reglas para trabajar en más de una empresa. Hasta ahora, solo se podía vetar si se paga un complemento de plena dedicación o si puede suponer un caso de competencia desleal. El nuevo texto, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, marca que solo se podrá prohibir trabajar a la vez en otra empresa, además de si existe ese complemento en el sueldo, si puede afectar a la salud o la seguridad, la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público o la prevención de conflictos de intereses.
En cuanto a las horas complementarias, establece que las personas trabajadoras tienen derecho a rechazarlas si no se les avisa con tres días de antelación y que, si se acaban cancelando, aunque sea solo en parte, tienen derecho a cobrarlas igual. Y, sobre el periodo de prueba, obliga a que los convenios que marcan tiempos mayores a los máximos legales (de seis, dos y tres meses, según el caso) tengan que justificarlo.
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