En 2014 los indultos se convirtieron en un asunto a tratar en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La medida, rodeada de oscurantismo (el Gobierno no justifica cuáles se conceden y cuáles no), salía de su escondite habitual, las bambalinas del Estado, para que Soraya Sáenz de Santamaría afirmara orgullosa ante la opinión pública que habían denegado la petición a Carlos Fabra y José María Del Nido. Lo hizo el 21 de noviembre, en unas declaraciones que muestran cómo la presión popular, engordada gracias a decenas de indultos polémicos, ha conseguido que el Gobierno sea mucho más cauteloso ante el uso de esta medida.

Pero la muestra más relevante de este cambio de miras ante el indulto está en el descenso drástico del número de concesiones. Si hace un año contábamos que 2013, con 204, era el año con menor número de medidas de gracia, 2014 ha batido nuevo récord (a la baja): se concedieron 87 durante todo el año. O, lo que es lo mismo, algo más de siete indultos al mes, muy lejos de la media de un indulto y medio al día que acumulan los distintos gobiernos desde 1996.

De esos 87 indultos, 15 llevaban la firma del ministro de Defensa (la mayoría, 11, por abandono de destino) y 72 del ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón gestionó 65 antes de su dimisión y el nuevo ministro, Rafael Catalá, es responsable de otros siete, todos ellos concedidos en el Consejo de Ministros del 21 de noviembre. Los más habituales han sido los concedidos a condenados por delitos contra la salud pública (35), seguidos de los robos (12), delitos y faltas de lesiones (10) y tráfico de drogas (6). Entre estos últimos se encuentra el concedido a un hombre que había sido sentenciado a 15 años de cárcel en Cuba, que fue indultado en la misma tanda que otro que había intentado matar a su hermano en una comida familiar.

Pero una de las medidas de gracia más controvertidas del año fue la concedida a un guardia civil que había sido sentenciado a seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Según los hechos probados que narra la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo, que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a tocar el pubis. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación. Su compañero de viaje fue condenado por delito sexual y lesiones (agredió a otro pasajero que intentó frenar el asalto) y él se quedó con la condena por omisión de perseguir delitos que ahora ha sido convertida en una multa.

Además de destacar que no sólo no intervino para frenar la comisión del delito, sino que estuvo riéndose permanentemente, la sentencia destaca que huyó hasta en dos ocasiones de los agentes que acudieron al lugar para tratar de esclarecer los hechos. El indulto cambió la pena original, que implica la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de unos 500 euros, por lo que pudo seguir ejerciendo en el cuerpo.

Los 21 de Semana Santa

Otro de los casos destacados del año llegó con la tradicional ronda anual de indultos por Semana Santa (21 en 2014), en los que interceden distintas cofradías del país, como la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, que pidió la medida de gracia para Francisco Segundo Domingo Vaquero. Domingo había sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro delito continuado de apropiación indebida por extraer dinero de la cuenta de uno de sus clientes cuando era director de una sucursal del Banco Santander.

Además de director, Domingo era el único trabajador de la oficina situada en Esguevillas de Esgueva, un pequeño municipio de Valladolid de unos 300 habitantes, donde trabajó durante 11 años y hasta mayo de 2003, según relata la sentencia. Desde ese puesto, emitió y rellenó recibos de disposición de fondos, imitando la firma de uno de sus clientes, para llevarse parte de sus fondos. Así lo hizo hasta en tres ocasiones, que sumaron casi cuatro millones de pesetas. Además, engañó a un par de vecinos para, en una de sus transacciones, conseguir sacar de esa cuenta otras 1.370.000 pesetas.

Así, en total extrajo unos cinco millones de pesetas de entonces, unos 30.000 euros, que ahora deberá devolver con intereses a la familia de su cliente, que denunció estos hechos en 2005, un año después del fallecimiento del titular de la cuenta. La sentencia dictó una pena para él de dos años, cuatro meses y 15 días de cárcel, además de inhabilitación para el empleo en la banca durante el tiempo de la condena. Gracias al indulto, quedó reducida a dos años y, si el juez responsable lo decidía así, podía eludir la cárcel. Como manda la tradición de la cofradía, participó en la procesión del Jueves Santo.

Antes de acudir al Gobierno presentó sendos recursos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Valladolid. Sin éxito. Hasta que el Gobierno escuchó las plegarias de su cofradía.

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