Los datos oficiales de beneficiarios del IMV incluyen también a quienes solo reciben la ayuda a la infancia

Cada mes, la Seguridad Social difunde estadísticas actualizadas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y publica y envía una nota de prensa que arranca con un titular como este: “El IMV llega a más de 700.000 hogares en marzo, en los que conviven 2.145.000 personas”, reza la última. Pero, aunque pueda parecerlo, eso no significa que todos esos hogares reciban, tal cual, la ayuda creada en 2020.

Y es que, para dar esa cifra total, esos más de 700.000 hogares, la Seguridad Social incluye no solo a quienes reciben esta ayuda, sino también a quienes no lo reciben, pero sí cobran el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), heredera de la antigua prestación por hijo a cargo, una ayuda mucho menor y con requisitos menos exigentes.

Si vamos más allá de los datos globales, las notas de prensa y las declaraciones, el desglose detallado muestra que, de esos 703.479 hogares, 216.489 reciben el IMV básico, 236.940 el IMV completo (sumándole el CAPI) y 250.050 solo el CAPI. Esto es, en realidad son 453.429 familias, y no más de 700.000, las que sí reciben las cuantías del IMV en sentido estricto.

Desde la Seguridad Social argumentan que incluyen en las cifras el complemento porque esa ayuda es también IMV. Y dan varias razones: la primera, que está incluida dentro de la ley del IMV. Esa norma, y su decreto ley precedente, desarrolló el CAPI como nuevo sistema para sustituir a la antigua prestación por hijo a cargo. La segunda, que a quienes se les concede la ayuda a la infancia, en las comunicaciones que reciben, son informados de que pasan a ser perceptores del IMV. “Este complemento supone una extensión del IMV para hogares con determinadas características y su fin es proteger especialmente a los hogares con menores, cuya vulnerabilidad es mayor”, añaden.

Dos ayudas distintas, una misma gestión

La creación del IMV supuso también incluir dentro de su gestión y proceso de concesión lo que hasta entonces era la asignación por hijo a cargo sin discapacidad (o con discapacidad menor del 33%). Por eso ambas ayudas se incluyen en el mismo saco y se tramitan de la misma forma: para pedir el CAPI tienes que seguir el mismo camino que para pedir el IMV. Y tiene sentido, porque puede que una familia tenga derecho a ambas ayudas.

Pero sumarlas supone mezclar cosas muy distintas. Por un lado, por las cantidades. El Complemento de Ayuda para la Infancia es una ayuda fija mensual por cada menor: 115 euros si tienen de 0 a 3 años, 80,5 entre tres y seis y 57,5 euros hasta los 18. Son unas cuantías muy inferiores a las del IMV. De hecho, según los últimos datos, los de marzo, la media de lo que recibe un hogar con solo el IMV (sin menores) es de 567,04 euros; la de aquellos que tienen ambas ayudas, IMV y CAPI, es de 860,64 euros; y la de las familias que solo cobran el CAPI es mucho menor, de 123,89 euros mensuales.

Pongamos un ejemplo: una madre soltera con dos niños de entre tres y seis años. Si cobra el CAPI solo, recibirá 161 euros al mes. Si cobra el IMV y el CAPI, 1280.

Por otro lado, por los umbrales, esto es, quién puede acceder a cada ayuda. El límite de renta de la ayuda a la infancia es tres veces superior al del IMV, lo que significa que quienes reciben el IMV son personas con un nivel de pobreza mucho más grave que quienes reciben solo la ayuda a la infancia.

Incluir en el total las prestaciones de apoyo a la infancia también permite tener mejores datos de crecimiento. En la nota de prensa del pasado mes de diciembre, por ejemplo, se celebraba que los hogares beneficiarios habían subido un 26,6% con respecto a diciembre de 2023, en un año. No podemos saber cuál era la cifra de 2023, porque por entonces solo se publicaba el acumulado y no el dato real de cuánta gente lo estaba recibiendo en ese momento, pero sí podemos ver cuánto ha evolucionado desde enero de 2024. Usando la técnica de la Seguridad Social e incluyendo también las prestaciones sin IMV, tendríamos, en total, un crecimiento de un 25% a lo largo del año. Pero, ¿y si nos fijamos solo en cómo han crecido los hogares que sí reciben, en sentido estricto, las cuantías del IMV? Pues esa subida es más discreta, de un 15%. Y es que el 49% que han subido las prestaciones de ayuda a la infancia ayudan a mejorar el porcentaje total.

Hasta 2024 no se publicaban datos ‘vivos’

No es la primera vez que la información sobre esta ayuda es, cuanto menos, confusa o poco precisa. Hasta febrero de 2024, la Seguridad Social no desvelaba datos reales de cuánta gente estaba recibiendo el IMV en cada momento, sino el acumulado. Por entonces, este era el titular: “Los hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital superan los 735.000” (datos de cierre de 2023), cuando en realidad lo que pasaba es que esa cifra era de hogares que en algún momento habían sido beneficiarios. Y no es lo mismo.

Los primeros informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre esta ayuda criticaron este sistema y pidieron al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que divulgara también el “saldo vivo”. También se pidió ese dato, en reiteradas ocasiones y sin respuesta, desde Civio. Lo acabaron publicando por primera vez en febrero de 2024. Y lo anunciaron como una “nueva estadística” y un ejercicio de transparencia.

Además de dar el dato real y actualizado frente al acumulado, fue entonces cuando empezaron a publicar el desglose por tipo de ayuda. Ahí es donde podemos ver que en realidad menos de dos tercios del total reciben el IMV en sentido estricto.

Aunque cómo se calcule la cifra total de beneficiarios puede hacer que veamos el problema más o menos grave, lo cierto es que el IMV no está llegando a todas las personas que tienen derecho a esta ayuda. Según el último informe de la AIReF, que analiza los datos de 2023, solo un tercio de los posibles beneficiarios la están recibiendo. Este problema, añaden, es peor en las rentas más bajas, en la pobreza más dura.

Según la AIReF, falta información comprensible, fiable y homogénea en el proceso de solicitud de una ayuda que es muy compleja. De hecho, a finales de 2021 Civio desveló que la administración pierde en el 42% de los casos sobre el IMV que llegan a juicio; poco después que la documentación errónea o incompleta y los niveles de renta son los principales motivos de denegación; y, ya en 2023, que era prácticamente imposible que te atendieran en el teléfono de ayuda. El Ministerio aseguró entonces que se estaba contratando a más personal y, un tiempo después, convirtió ese teléfono largo en uno corto, el 020.

La respuesta del Ministerio al análisis de la AIReF no tardó en llegar: envió una nota de prensa a los periodistas para argumentar, entre otras cosas, que hay muchas metodologías posibles para calcular el porcentaje que queda fuera, no solo la de la Airef; que han reforzado el número de personal para ayudar a solicitar esta ayuda; y que el número de hogares que lo reciben no para de crecer. Y recordaba otras medidas tomadas como poner en marcha el Laboratorio de Políticas de Inclusión, que cuenta entre sus filas con un premio Nobel.

Otra de las cuestiones que generó debate entre AIReF y Gobierno fue la propuesta de la entidad pública independiente para que se conceda de oficio cuando los datos que tiene la administración, como los de la Agencia Tributaria o el padrón, muestren situaciones de vulnerabilidad. Así, argumenta la AIReF, se permitiría que menos gente quedara fuera y que la ayuda esté vinculada a la situación presente y no pasada (y evitar casos como reclamaciones de devoluciones tiempo después).

Pero el Ministerio contestó que “conceder el IMV de oficio es inviable y no recomendable”, porque, argumentaban, hay que tener en cuenta otros datos, como por ejemplo cómo está formada una unidad de convivencia, a los que no tienen acceso o no están vinculados.

El año pasado se creó una concesión casi de oficio: la pasarela para que quienes agoten el subsidio por desempleo, solo con el consentimiento de las personas afectadas y previo aviso del SEPE, se les conceda el IMV. “Con la puesta en marcha de esta pasarela eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias”, dijo por entonces la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.