Las rentas mínimas europeas se quedan cortas: ninguna saca de la pobreza a una persona sola

“Aquí la cuestión es adaptarse. Una persona se acostumbra a vivir con poquito”, narra Ana Hernández. Vive sola en La Palma, en lo que un día fue el lavadero de la casa de sus padres y que ha ido reformando con sus propias manos. Cuenta que, desde hace un tiempo, cobra unos 700 euros al mes: una parte procede del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el resto lo completa la Renta Canaria de Ciudadanía (RAI). Desde la pandemia, ha encadenado temporadas trabajando como limpiadora con otras en las que, como dice ella, se ha quedado a “cero euros” y ha tenido que recurrir al IMV.

Si Ana hubiera vivido en Francia, habría podido acceder a una prestación similar, pero en su versión francesa: el Revenu de Solidarité Active (RSA). Le habría pasado exactamente lo mismo en Irlanda, pero con el Supplementary Welfare Allowance (SWA) o, en Bélgica, con el Revenu d’Intégration.

Con nombres, cuantías y requisitos diferentes, la mayoría de países europeos cuentan con algún tipo de renta mínima, como el IMV. Prestaciones que buscan dar “un suelo” de ingresos que permita a las personas salir de la inestabilidad y del estrés diario de no saber si podrán pagar el pan, la luz o el agua. “Lo que se pretende es un sistema de renta mínima que permita a la persona vivir una vida digna”, desarrolla Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos y Alianzas de EAPN-ES, una red europea de organizaciones sociales que trabajan contra la pobreza y la exclusión social.

Aunque el trasfondo es el mismo, cada país ha construido su renta mínima a su manera: cambian las cantidades, quién puede recibirlas y bajo qué condiciones. Por ejemplo, la edad mínima para acceder: en España hay que tener al menos 23 años para solicitar el IMV y en Francia 25 para obtener el RSA, mientras que en la gran mayoría de países se puede acceder desde los 18. También cambia el tiempo de residencia exigido: España obliga a tener un año de residencia, Italia o Francia piden cinco y Dinamarca, nueve.

Lo que sí tienen en común la mayoría es que no funcionan como una cantidad fija por persona, sino por hogar. Por norma general, se establecen cuantías según la unidad de convivencia: no recibirá lo mismo una persona que vive sola, como Ana, que una pareja o una familia con dos bocas más que alimentar. Y es justo ahí, en las sumas, donde los países vuelven a diferenciarse.

Para una persona que vive sola, la cuantía máxima apenas rebasa los 200 euros mensuales en Portugal o Grecia. En Alemania supera los 500 y en Francia ronda los 600, mientras que en España alcanza los 733 euros. En Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo, la ayuda excede con creces los 1.000 euros. Si en el hogar hay dos adultos y dos menores, la horquilla se amplía todavía más: los montos pueden llegar hasta los 4.000 euros mensuales, aunque en la mayoría de países se quedan cerca de los 1.000.

En realidad, las cifras en sí dicen poco por sí solas: no es lo mismo recibir 50 euros en Chipre que en Dinamarca. Para saber hasta dónde llega realmente cada prestación hay que ponerla en relación con el nivel de renta y el coste de vida de cada país. Aquí es donde se repite una paradoja en casi todos los sistemas: las ayudas no alcanzan el umbral nacional de riesgo de pobreza; es decir, por sí solas no proporcionan los ingresos suficientes para situar a sus beneficiarios por encima de la línea que se utiliza para medir quién está en riesgo de pobreza. De hecho, en casos como Estonia, Letonia o Croacia, la prestación para una persona sola ni siquiera alcanza el umbral de pobreza severa, que mide casos aún más graves.

“Aunque en los últimos años se ha observado una estabilidad generalizada en prácticamente todos los Estados miembros, las ayudas económicas no son suficientes para sacar a las personas de la pobreza”, cita la Comisión Europea en un documento de 2025 sobre las rentas mínimas. En sus recomendaciones, anima a los países a equiparar la cuantía con el umbral de pobreza o con “el valor monetario de los bienes y servicios necesarios, incluidos una alimentación adecuada, la vivienda, la atención sanitaria y los servicios esenciales, de acuerdo con las definiciones nacionales”. Cáritas Europa, por su parte, defiende que los programas de rentas mínimas “deberían alcanzar al menos el 75% del umbral nacional de pobreza para todos los tipos de hogar”.

“Es imposible que baje muchísimo la tasa de pobreza con estas cuantías”, detalla el sociólogo José Antonio Noguera sobre el caso de España. Pero eso no significa que la prestación no tenga su efecto. Si el umbral está en 900 euros, ejemplifica, una persona con 600 seguirá contando como pobre aunque una ayuda eleve sus ingresos hasta los 899. La diferencia es que antes le faltaban 300 euros para alcanzar el umbral y ahora solo uno. Esa intensidad de la pobreza “sí que se ha reducido bastante como consecuencia del IMV, y también de otras rentas mínimas autonómicas”.

En 2024, los últimos datos proporcionados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo español encargado de evaluar el IMV, muestran que la prestación redujo esa intensidad de la pobreza en un 30,3%, mientras que su capacidad para aupar a las personas por encima de la línea que marca quién está en riesgo de pobreza fue mucho menor: un 9,5%.

Para que estas rentas mínimas funcionen es importante que quienes puedan acceder a ellas lo consigan. La cuestión no es solo que el IMV permita que relativamente pocas personas crucen esa línea que separa estadísticamente a quienes están dentro y fuera de la pobreza, sino que un gran número de hogares que podrían recibirlo ni siquiera acceden a la prestación. Desde la AIReF recalcan que está “aproximadamente al 50% de su capacidad”, lo que significa que podría llegar a casi el doble de población de la que alcanza actualmente.

Incluso si llegara a todos los hogares que tienen derecho a recibirlo, el IMV no podría cubrir por sí solo todas sus necesidades. Esto también ocurre en otros países. Los expertos inciden en la importancia de hacerlo a través de distintas políticas, sin hacer recaer todo el peso sobre estas prestaciones. Como detalla Ferreira, las rentas mínimas funcionan como “un punto de partida” que debe coordinarse con otras prestaciones y apoyos específicos en ámbitos como la vivienda, la salud, la educación o la justicia. Una idea que comparte Noguera, quien defiende que “no se puede luchar contra la pobreza solo con una política”.

Europa, ante el desafío de una renta mínima común

En 2023, ya con Giorgia Meloni al frente del Gobierno, Italia reformó su sistema de renta mínima: el Reddito di Cittadinanza (RdC) fue sustituido por el Assegno di Inclusione (AdI) y el Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). La reforma redujo notablemente el número de familias que podían acceder a estas ayudas. El AdI quedó reservado a hogares con al menos un menor, una persona con discapacidad o un miembro mayor de 60 años. Las personas en edad de trabajar que no cumplen estos requisitos pueden acceder al SFL, una ayuda de 500 euros mensuales que se puede recibir durante un máximo de 12 meses, muy similar a nuestro subsidio por desempleo.

Cáritas Italia señaló en un informe que la reforma redujo el número de hogares beneficiarios, que pasó de 1,4 millones entre abril de 2021 y enero de 2022 a unos 650.000 en 2024, con un ligero aumento en 2025. La organización critica que el nuevo sistema “reduce significativamente el número de beneficiarios, excluye a una parte importante de las familias en situación de pobreza extrema y supone cuantías medias más bajas para muchos hogares, con la excepción de aquellos con miembros con discapacidad”.

Con el objetivo de evitar estos pasos hacia atrás en la lucha contra la pobreza, asociaciones a nivel europeo llevan años reclamando unos mínimos en los programas de rentas mínimas extrapolables a todos los países de la Unión Europea. María Segurado, abogada en ejercicio y miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas Española, plantea como horizonte llegar a “una renta mínima promovida por la UE”.

En la misma línea, EAPN Europa lleva años reclamando una directiva que establezca unos criterios comunes para todos los Estados miembros. En 2023, la Unión Europea ya realizó una serie de recomendaciones, señalando aspectos que los países deberían mejorar, pero no les obligaba a hacerlo. “La recomendación pone el dedo en la herida sobre lo que es necesario”, matiza Ferreira, pero su alcance termina prácticamente ahí. Por eso, EAPN reclama avanzar hacia una directiva que tenga más fuerza y permita dar “un paso más para poner el foco en que estos sistemas son necesarios y tienen que seguir mejorando y ampliándose”.

Lo ideal, sugiere Ferreira, sería que nadie tuviera que necesitarlas, que el resto del sistema de protección social fuera suficiente. Pero, mientras no sea así, insiste en que estas rentas cumplen una función necesaria. Y no solo para quienes llevan toda la vida con muy pocos recursos. “Simplemente no tenemos conciencia de que, de repente, podemos estar nosotros en esta situación”, concluye.

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