18 médicos recibieron más de 50.000 euros cada uno de una sola farmacéutica en 2017

Las farmacéuticas gastaron 182 millones y medio en 2017 en pagos a médicos por sus servicios o para asumir los costes de entradas a congresos y viajes, unas cifras muy similares al año anterior. Es lo que la industria engloba bajo el eufemismo de transferencias de valor. Pero no todos los que recibieron pagos o invitaciones a congresos lo hicieron al mismo nivel. 18 médicos sumaron en su haber, de un solo laboratorio y en un solo año, más de 50.000 euros. Son una minimísima parte de los 253.796 médicos colegiados en todo el país.

Si analizamos esas relaciones únicas entre un laboratorio y un médico, las cifras van desde aquellos que superan por poco ese corte de los 50.000 euros y aquellos que casi tocan los 100.000, como es el caso de los más de 98.000 euros que Bayer destinó al doctor Jordi Bruix. Y todo eso sin contar lo que recibieron de otros laboratorios, que hace que profesionales como María Victoria Mateos sume casi 170.000 euros; o Luis Puig, más de 150.000.

Los datos muestran relaciones unidireccionales, como la del mencionado Bruix Tudó con Bayer (la farmacéutica sufraga el 98% del total de sus transferencias de valor) o la de Emiliano Calvo con Novartis (90%), pero también otras mucho más variadas. Así, 15 laboratorios realizan pagos -directos o indirectos- a Javier Puente, aunque Pfizer asuma el 66%. Y los casi 60.000 euros a Luis Puig de Lilly, pese a su cuantía, solo suponen menos del 40% del total.

“Podría haber un problema potencial si no eres experto en un tema y recibes transferencias de valor únicamente de una compañía”.

María Victoria Mateos recibe transferencias de cuatro farmacéuticas. De hecho, es la que más suma si tenemos en cuenta a todas ellas y no solo a la principal. Para ella, si varios laboratorios aportan la situación es más transparente y menos peligrosa. “Podría haber un problema potencial si no eres experto en un tema y recibes transferencias de valor únicamente de una compañía”, argumenta.

14 de los 18 son hombres y solo cuatro, mujeres. La mayoría (14), además, ejerce en centros públicos, aunque dos de ellos lo combinan con la práctica privada. Y tres de ellos son miembros de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la entidad pública encargada de la evaluación, autorización y supervisión de los medicamentos.

“A la hora de aconsejar [a esas agencias] tengo mis limitaciones. Soy el primero que lo admite. Muchas veces no soy absolutamente equilibrado en mis decisiones, pero como no lo es nadie”, admite Miguel Cordero, uno de los médicos que aparece en este listado. Por eso, lo importante, en su opinión, es que las agencias conozcan esos vínculos (tanto la AEMPS como su homóloga europea piden que los expertos desglosen sus posibles conflictos de intereses) y que ese posible sesgo se tenga en cuenta a la hora de valorar sus recomendaciones.

En más de la mitad de los casos, la práctica o investigación de estos 18 profesionales está relacionada con el cáncer, una enfermedad que cuenta con fármacos nuevos, y costosos, cada poco tiempo, y en la que la industria farmacéutica ha volcado buena parte de sus esfuerzos en investigación. Siete de ellos son oncólogos y, otros tres, hematólogos, una especialidad vinculada a algunos tipos de esta enfermedad (como leucemias, linfomas o mielomas). La explicación, para Cordero, es clara: “La industria toca las áreas donde se mueve más dinero”.

Para algunos de ellos, la razón es que es una de las enfermedades que afecta a más personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, los tumores representan la segunda causa de mortalidad en España, solo superados por las enfermedades del sistema circulatorio. No hay ningún cardiólogo en esta lista.

Formación continua, pero pagada por la industria

Un año más, la publicación de estas cifras vuelve a abrir el debate sobre quién debe hacerse cargo de la formación de los profesionales sanitarios. Las sociedades médicas y colegios profesionales recuerdan que están obligados a aprender de forma continua para poder ofrecer el mejor tratamiento posible a sus pacientes. En el caso de la sanidad pública, este reciclaje constante no está cubierto, alegan, por los fondos públicos.

Y, para formarse, estarían obligados a aceptar que las farmacéuticas sufraguen los costes de congresos y viajes. Unos costes que, además, están exentos de IRPF gracias a la reforma del impuesto que aprobó el exministro Cristóbal Montoro a finales de 2017.

El debate de la formación continua está centrado en esos pagos indirectos para sufragar costes de asistencia a congresos (entradas, viajes, hotel…). Pero, de hecho, el grueso de las transferencias que reciben estos 18 médicos viene de otra rama, los honorarios (más de un millón de los 1,6 totales), ya sea participando en ponencias, en reuniones como conferenciantes o moderadores, como consultores o como miembros de los consejos asesores, por ejemplo.

El código que regula la publicación de los pagos de las farmacéuticas a los profesionales sanitarios es un ejercicio de autorregulación de la industria y no una norma emanada desde las administraciones públicas.

Y, ¿qué opinan estos 18 médicos de que esta relación sea pública? Tras consultar a todos ellos, hemos encontrado opiniones muy diversas (entre los que nos han querido responder, claro). Así, Marcos Meseguer asegura que es “injusto” y que se siente “maltratado”. Habla de las posibles envidias que puede generar y asegura que le perjudica la publicación de estos datos. “¿Aquí por qué la gente tiene que cotillear lo que me pagan o me dejan de pagar si yo trabajo en un centro privado y no tengo capacidad de decisión en las compras de nada?”, critica. Es el único de la lista de 18 que no es médico, sino biólogo.

En cambio, Emiliano Calvo alaba la medida. Tras admitir que su primer impulso, casi “emocional”, fue contrario a la publicidad de esta información, ahora cree que es buena porque ejerce un “efecto de autocensura”, ya que saber que todo va a ser público quizás evite caer en malas prácticas. E incluso pide más transparencia: “Debería estar bien hecho, no solo dar la declaración de ingresos, sino también el concepto por el que se ingresa” -algo que ahora no se incluye en estos listados- porque, continúa, “a veces tan malo es informar como causar algo de desinformación”.

El código que regula esta publicación es un ejercicio de autorregulación de la industria y no una norma emanada desde las administraciones públicas. El artículo 76 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada en 2006, ya establecía por entonces que “las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudio y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente”. Aunque solo se refería a una parte de las cuatro categorías (entradas a congresos y viajes, pero no honorarios), la norma que debía establecer cómo se tenía que publicar esta información nunca se desarrolló.

Si un médico es líder en su campo, tiene lógica que muchas farmacéuticas quieran que participe en congresos o cuenten con sus servicios. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que solo un laboratorio se interesa por su trabajo? El debate es más importante si esos profesionales están vinculados a fármacos que suelen prescribir o que recomiendan en artículos o entre colegas.

Para Antonio Salar, el mayor riesgo no está en aquellos que reciben mayores cantidades, como los 18 de esta lista, si no en los de menor cuantía. Y, aunque admite que “es posible que esta parte de transmisión de información de las compañías, al dar conocimiento sobre algún tipo de producto, pueda incitar a su prescripción”, asegura que eso solo pasa cuando hay “falta de conocimiento” del médico que va a prescribir y que eso no pasa en hospitales universitarios grandes, donde hay “protocolos muy claros”.

ProPublica desveló, con datos de médicos estadounidenses, que aquellos que recibían transferencias de la industria tendían a recetar más medicamentos de marca frente a los genéricos. En el ámbito de la investigación, diversos estudios apuntan que los profesionales que mantienen un conflicto de interés son más propensos a presentar resultados más favorables a las compañías privadas.

Para Cordero, el riesgo también es claro: “La industria por supuesto que quiere influir”. Pero se ataja, en su opinión, porque las decisiones más importantes no las toma una sola persona, sino en el seno de sociedades científicas. “Eso hace que se corrijan esos sesgos”, asegura. El problema es que las grandes sociedades dependen, en parte, de la industria farmacéutica.