La publicación de las supuestas cuentas del Partido Popular de 1990 a 2011 es un hecho insólito en este país que, para nosotros, no debería serlo. Las cuentas que un partido político -más aún si recibe subvenciones públicas, más aún incluso si es el partido del Gobierno- remite al Tribunal de Cuentas deberían ser de dominio público. Salvando las excepciones que marque la protección del derecho a la intimidad, como la inclusión de datos personales, los documentos publicados contienen información que debería ser pública, como las deudas de los partidos políticos con los bancos o las donaciones que reciben.

De hecho, en otros países esa información sí es pública. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier ciudadano puede acceder a la lista de donantes de los candidatos a las elecciones que haya aportado más de 200 euros. En la web Influence Explorer, de Sunlight Foundation, puedes por ejemplo descubrir cuánto dinero destinó el magnate Sheldon Adelson a los candidatos presidenciales. Es solo una de las fuentes posibles de acceso a estos datos, que en España se tratan con un absoluto secretismo.

No deberíamos depender de este tipo de filtraciones. Si son documentos que se entregan al Tribunal de Cuentas, ¿qué hay de malo en que sean públicos? Además, creemos que esta es una oportunidad estupenda para que otros partidos políticos se sumen y, de motu propio, hagan públicas sus cuentas completas.

El tratamiento de todos los datos publicados no es fácil. Como en muchas otras ocasiones, nos encontramos ante unos documentos desestructurados y difíciles de analizar. David Cabo, director de Civio, ha compartido en Github un código que permite convertir la contabilidad de los dos últimos años, 2011 y 2010, a un formato estructurado y reutilizable.