“Los recientes escándalos que afectan a la vida política del país están erosionando severamente la credibilidad de las instituciones. La amplitud de la desconfianza y la desilusión públicas se ha agravado incluso más por la crisis económica”. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa prologa así su cuarta ronda de evaluación al sistema español. El informe “Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales” refleja los avances hechos y formula recomendaciones basadas en medidas de consenso que España, miembro del grupo desde 1999, debería aplicar para alinearse con los estándares internacionales.

Muchas de las observaciones, críticas y sugerencias de este grupo internacional de expertos coinciden con la agenda de cambio que desde Fundación Ciudadana Civio, junto con otras organizaciones cívicas, tratamos de introducir en la actividad parlamentaria española. Muchas. Desde la publicación de las agendas de trabajo de senadores y diputados hasta la regulación de las actividades de lobby y la creación de un registro de grupos de interés. Son propuestas que forman parte de la agenda de cambio de nuestro proyecto ‘Quién Manda’, y que ya hemos compartido personalmente con miembros de la mayoría de los grupos parlamentarios. En las últimas semanas hemos profundizando en ellas para proponer avances concretos a sus señorías a lo largo de 2014.

Otras reclamaciones del informe, como la de publicar en mucho más detalle las declaraciones de bienes de los parlamentarios, son demandas que han cristalizado en iniciativas ciudadanas como “Adopta un diputado“, y todo ante la flacidez de nuestro sistema de rendición de cuentas. El propio informe del GRECO menciona esta iniciativa y va más allá, al afirmar que “la falta de autoridad y competencia del Parlamento para investigar alegaciones contra un parlamentario por supuesto enriquecimiento ilícito hace que el sistema de rendición de cuentas se apoye fuertemente en el control desde la sociedad”.

Éstas son las principales observaciones y propuestas del Consejo de Europa sobre acceso a la información parlamentaria y regulación del lobby. No son vinculantes y, echando la vista atrás, España no cuenta con los mejores precedentes: en la anterior evaluación (2008), de seis propuestas sobre transparencia en la financiación de partidos, sólo cumplimos una de manera satisfactoria.

Aprobado en acceso a la información parlamentaria

El informe reconoce un “amplio acceso a la información concerniente al proceso legislativo”. No obstante, abre la puerta a varias mejoras que también hemos reclamado desde Civio. Por ejemplo, que debería facilitarse el acceso público a los estudios e investigaciones que resultan de las propuestas legislativas comisionadas, los calendarios detallados de las propuestas legislativas que en marcha y las agendas de trabajo de los parlamentarios. En particular, recomienda informar de las reuniones con terceras partes.

La necesidad de regular las relaciones con lobbies y grupos de interés

Los evaluadores hacen notar que no existe una norma que regule la interacción de parlamentarios con lobistas o “con quienes desempeñen actividades informativas o persuasivas similares”. No contamos con un registro de lobbies ni con requerimientos legales para tener que informar de consultas mantenidas con grupos de interés durante la tramitación de una norma en el Parlamento. No obstante, “existe intención de regularlo y de crear este registro”, matiza el informe. Este asunto ya se pasó por alto durante la tramitación de la Ley de Transparencia. Access Info Europe ha formulado estándares de transparencia del lobby y propuestas específicas para su regulación. ‘Quién Manda‘, de Civio, surge de una preocupación ciudadana en torno a esta cuestión. Ambas organizaciones colaboramos para que las instituciones asuman propuestas de normalización de esta actividad.

Un código consensuado de conducta parlamentaria

“No hemos oído ni se nos ha hecho llegar ninguna alegación o caso relativo a mal uso de fondos por parte de los parlamentarios”. Aunque la Ley de Transparencia aprobada recientemente recoge algunos principios éticos para cargos públicos (incluidos los parlamentarios), los evaluadores del GRECO recogen como su principal recomendación la creación de un código de conducta amplio que eleve los estándares éticos en la actividad parlamentaria. El Congreso y Senado deberían tener su propio código, redactado con la participación de todos los grupos y de acceso público a cualquier ciudadano. Este código incluiría medidas para proporcionar consejo y guía a los representantes públicos sobre qué hacer ante, por ejemplo, situaciones de conflicto de interés, “un asunto que actualmente no cuenta con una definición general en los textos legales españoles”.

Someter la actividad parlamentaria a una auténtica rendición de cuentas

El código de conducta recomendado por el GRECO abarca muchas medidas que ya engrosaban el corpus reformador que la sociedad civil trata de incorporar al servicio público. Por ejemplo:

  • Declaración de bienes y actividades. En las declaraciones de bienes, los evaluadores echan en falta información mucho más detallada. Se trata de un vieja demanda de la ciudadanía (puedes consultar los documentos de trabajo de Adopta un Senador y Adopta un Diputado). La verificación de estas declaraciones de bienes sólo tiene lugar pro-forma (se comprueba que el documento esté rellenado), y nunca se ha impuesto una sanción. Piden que se conozca el valor de mercado de bienes inmuebles y vehículos que posee cada parlamentario, el nombre de las empresas a las que pertenecen sus acciones y participaciones, intereses que reciben de entidades financieras por los créditos obtenidos, los regalos recibidos y viajes pagados, y también los ingresos obtenidos por cualquier actividad complementaria. Un caso extremo de opacidad: cuando desde Tuderechoasaber.es David Cabo solicitó la declaración de actividades de Luis Bárcenas como senador, la cámara decidió denegar la información.

  • “Puertas giratorias”. Ninguna norma restringe las opciones laborales de diputados o senadores al final del mandato. Los evaluadores mencionan casos de parlamentarios contratados después por compañías privadas “por sus contactos dentro del partido gobernante”. El grupo de trabajo se declara “preocupado” y recomienda incluirlo en el código de conducta. Para conocer casos de “puerta giratoria”, nada mejor que consultar ‘Quién Manda‘.

  • Regalos y beneficios. Los parlamentarios no están obligados actualmente a declarar ni regalos ni beneficios recibidos en el curso de su mandato. Los evaluadores remiten a los estándares internacionales: o se prohíbe como norma general recibir regalos; o no se prohíbe pero, a partir de cierto valor de los mismos, deben ser declarados y dados a conocer públicamente.

  • Incompatibilidades. Las cámaras ya cuentan con una norma específica. En conjunto, el régimen español de incompatibilidades resulta incluso “estricto comparado con la regulación de otros países”, afirma el informe.

Más salvaguardas institucionales e implicación de la sociedad civil

El informe concluye que “se necesitan muchas más salvaguardas institucionales para fortalecer la credibilidad, la rendición de cuentas y la integridad del sistema parlamentario”. Insta a las Cámaras a mejorar los estándares, aunque “obviamente, depende de las autoridades españolas decidir cómo”. También recomienda prever la imposición de sanciones adecuadas por el infringimiento de las normas, y considera esencial que la sociedad esté informada de los avances y de los pasos adoptados.

¿Y ahora? Las autoridades españolas deberán redactar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas para satisfacer estas recomendaciones del GRECO, que emprenderá un nuevo estudio para su verificación. Las organizaciones pro-transparencia confiamos en que estas recomendaciones sean tomadas en serio (más que las precedentes). No se trata de ocurrencias que surgen de la noche a la mañana. Conozcamos los estándares internacionales y adoptemos los mejores de ellos. Con ese propósito, organizaciones como Civio tendemos una vez más la mano a los poderes públicos para colaborar en la puesta en marcha de medidas eficaces y lograr un régimen efectivo de rendición de cuentas.