En materia de transparencia, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos supone un paso atrás con respecto a las promesas que lanzaron hace solo unos meses, de cara a la campaña. Los programas electorales de PSOE y Ciudadanos recogían mejoras en transparencia que han desaparecido del acuerdo de Gobierno.

En 2015, durante las semanas anteriores a las Elecciones Generales de diciembre, desde la Fundación Civio compartimos con los seis principales partidos 11 propuestas muy concretas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en este país.

Primero, evaluamos su inclusión pormenorizada en los programas electorales del 20–D que, en general, fue satisfactoria: en distinto grado, todas ellas se abrieron un hueco en los programas electorales. También nos comprometimos a presionar para que cada vez más partidos hagan suyas estas propuestas y, sobre todo, a vigilar para que sus promesas se conviertan en hechos.

En estos tres meses de Gobierno en funciones, en los que las distintas formaciones negocian de cara a la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo, el PSOE y C’s han consensuado y suscrito un “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” que asienta unas propuestas conjuntas y replantea sus compromisos electorales en materia de transparencia.

¿Han rebajado sus propuestas en aras de consensuar un pacto de gobierno? ¿Eran más específicas, o más ambiciosas, las medidas de transparencia con las que concurrieron estos partidos por separado a las pasadas Elecciones Generales que las que configuran este acuerdo de Gobierno? En lo que a transparencia se refiere, ¿es un acuerdo de máximos o de mínimos? Hemos confrontado este documento con nuestras 11 propuestas como referencia, lo hemos comparado con sus programas, y estas son las conclusiones que hemos extraído.

¿Conoceremos los motivos para conceder y denegar indultos? ¿Se trasladará la potestad de indultar del Poder Ejecutivo al Judicial? ¿Serán vinculantes los dictámenes de jueces y fiscales?

A tenor de este acuerdo, sí conoceremos los motivos pero no se ataja todo lo demás. El documento conjunto de PSOE y C’s contempla tres medidas: prohibir los indultos a delitos de corrupción, violencia de género y DD.HH., el deber de motivar la concesión de esta medida de gracia y elevar el poder controlador de las Cortes (sin concretar cómo se llevaría a cabo ese control) sobre los indultos concedidos.

Estas medidas reflejan una visión parcial del problema, un sesgo según el cual algunos delitos son indultables y otros no. ¿La corrupción no es indultable y el homicidio, en cualquiera de sus formas, sí? Además, lo más grave es que este acuerdo no ataja una prioridad, que es devolver la potestad sobre esta prerrogativa al Poder Judicial. C’s era ambicioso en su programa electoral y se comprometía a modificar la ley para evitar que no se indulte “en ningún caso en contra de los informes técnicos […] y en particular del criterio del tribunal sancionador”. Este compromiso, fundamental para nosotros, desaparece en el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”.

¿Podremos conocer la ejecución presupuestaria al mismo nivel de detalle que los Presupuestos Generales del Estado y en formatos reutilizables? ¿Se instituirá una capa de control –parlamentario, por ejemplo- para vigilar e informar públicamente de los desvíos presupuestarios?

No podemos afirmarlo de forma concluyente. El acuerdo entre PSOE y C’s incluye introducir “los mecanismos necesarios para asegurar el seguimiento del progresivo cumplimiento y ejecución de los PGE”, pero no especifica nada sobre dichos mecanismos. Tampoco sobre el grado de control, ni sobre su responsable ni sobre los plazos o los formatos. Eso significa que la publicación de la ejecución presupuestaria, bajo esas hipótesis, podría continuar como hasta ahora, sin cambios. Es una lástima porque ambos partidos eran mucho más claros en sus programas. El de C’s incluía explícitamente “exigir la publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables y al mismo nivel de desglose que ofrecen los presupuestos”. El PSOE no hacía mención al desglose de la información, pero se comprometía a emplear formatos reutilizables por defecto. Compromisos que su acuerdo no incorpora de forma clara y franca.

¿Conoceremos el reparto por cabeceras de la publicidad institucional y los criterios seguidos? ¿Contaremos con mecanismos de control parlamentario en este ámbito?

Los criterios, en principio, no. El acuerdo prevé que las administraciones publiquen “información relativa” a las campañas de publicidad o comunicación institucional, su importe, contratos y los planes de medios correspondientes. Pese a que un plan de medios incluye las cabeceras entre las que se reparte una campaña y en qué grado, con frecuencia las administraciones públicas suplantan este concepto por información vaga (como decir “50% para TV, 30% para prensa y 20% para radio”). Para evitarlo, el acuerdo debería afirmar explícitamente que “se dará a conocer el reparto por cabeceras y los criterios seguidos”.

También en este punto PSOE y C’s han rebajado sus compromisos, y particularmente los socialistas. En diciembre se comprometieron en su programa a “detallar y hacer pública la inversión en publicidad institucional por medio y los criterios que se siguen para dicha contratación”. Ambas formaciones mencionan criterios de eficiencia en el reparto, pero se echa en falta una apuesta detallada por mecanismos de control parlamentario.

¿Se vigilarán los procesos de contratación pública creando un organismo de control especializado? Y, en tal caso, ¿se abrirá a participación y a la denuncia de irregularidades por parte de cualquier ciudadano?

De los seis principales partidos concurrentes a las pasadas elecciones generales, C’s y PSOE fueron los dos únicos partidos que detallaban medidas concretas relacionadas con nuestras propuestas en esta materia. C’s era el único partido que apostaba de forma clara en su programa por la creación de un organismo de control de la contratación pública dentro de la CNMC. El PSOE incluía sancionar prácticas ilegales como los fraccionamientos de los contratos, algo que ya es ilegal según la LCSP. Lo que no aclaraba es quién va a vigilar e imponer esas sanciones, que es lo que pedimos desde Civio. Eso sí, los socialistas prometían medidas para involucrar a los ciudadanos en las mesas de adjudicación y promover mayor control sobre las decisiones que tomen: su propuesta era emitir en streaming las mesas de adjudicación de contratos de más de 300.000 euros.

¿Cómo hereda el acuerdo entre ambos partidos estos compromisos? De forma parcial. La reforma que proponen en la Ley de Contratos del Sector Público menciona mejoras en los procesos de licitación, y se establece que, en licitaciones por encima de 300.000 euros, las sesiones de las mesas de contratación serán públicas. No obstante, no detalla nada sobre la creación y funcionamiento de un órgano de control especializado en este campo, y tampoco en su propuesta para reformar la CNMC hace ninguna referencia al control de la contratación pública.

¿Podremos conocer la huella completa de todas las leyes, decretos y normas?

Parcialmente. El acuerdo entre partidos asume el compromiso electoral del PSOE (C’s no se había manifestado sobre este aspecto antes de la elecciones) de “incorporar a las iniciativas legislativas la huella legislativa para facilitar el conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones de las leyes”, incluyendo en su expediente legislativo el trabajo de los diputados y los grupos en el Congreso. Con este redactado, decretos y decretos-ley quedarían fuera de esta propuesta.

¿Conoceremos en detalle las negociaciones y los acuerdos entre la administración y las farmacéuticas sobre precios y adquisición de medicamentos?

Siendo fieles al acuerdo de gobierno entre PSOE y C’s, no. A pesar de que C’s llevaba en su programa el compromiso de informar con transparencia sobre las negociones de adquisición de fármacos y su precio, esta decisión ha sido excluida del acuerdo conjunto.

¿Se publicarán por fin las agendas completas de trabajo y las reuniones que mantienen todos los altos cargos? ¿Se creará un registro –sin excepciones- de grupos de interés?

El PSOE asumía ambas propuestas sin medias tintas en su programa electoral, y C’s mencionaba la creación de un registro de lobbies pero nada respecto a las agendas. Ahora, en su “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”, se comprometen a regular el “acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”. Es decir, a regular el propio ejercicio del lobby. Pero, ¿cómo lo harán? ¿será sin excepciones? ¿incluyen alguna referencia a abrir al conocimiento público las agendas completas y las reuniones? No.

¿Se reformará la Ley de Transparencia para reconocer el acceso a la información como derecho fundamental y se eliminarán las barreras técnicas y administrativas actuales?

El acuerdo de gobierno entre PSOE y C’s propone una serie de modificaciones de la Ley de Transparencia que afectan a información sectorial (nuevas obligaciones sin especificar para entidades proveedoras de servicios públicos, relativas a los bienes de las administraciones públicas o a los planes urbanísticos, entre otras), pero que no suponen una reforma a fondo del régimen actual de acceso a la información pública, que es insuficiente y está lejos de los estándares internacionales. En relación con la reforma constitucional, el acuerdo entre ambos partidos incluye el reconocimiento “como derecho constitucional, con las características que se acuerden, […] del derecho a la información pública”.

El PSOE, en su programa electoral, prometía “restringir al máximo la inadmisión de solicitudes de información pública”, “evitar denegaciones de acceso sin fundamentación concreta”, “la falta de respuesta a las solicitudes” y la imposición de sanciones, que en Civio consideramos imprescindibles. C’s, por su parte, incluía ambas propuestas: consagrar el acceso a la información pública como derecho fundamental y “eliminar la necesidad de la firma electrónica” en el uso del Portal de Transparencia. También en este caso el acuerdo entre ambos partidos omite estos compromisos y resulta de mínimos.

¿Se publicarán las denegaciones de compatibilidad de altos cargos y las razones del sí o el no? ¿Aumentarán las sanciones en caso de conflictos de interés?

En su acuerdo, PSOE y C’s afirman que procederán a “revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses”, prevén sanciones económicas para los infractores y señalan que la Oficina de Conflicto de Intereses rendirá cuentas ante el Parlamento y que sus informes serán públicos. No especifica si éstos permitirán a los ciudadanos conocer las denegaciones de compatibilidad y los motivos.

**¿Pondrán el Registro Mercantil a disposición de todos los ciudadanos de forma abierta, gratuita y en formatos reutilizables?

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Ni su acuerdo de gobierno ni sus programas electorales recogen esta medida, con la que sí se comprometían otras formaciones, como Podemos y UPyD.

¿Publicarán desglosadamente los presupuestos y gastos de prevención y extinción de incendios forestales?

Tampoco. De los seis partidos principales, sólo UPyD lo llevaba en su programa.

Como hemos visto, tras comparar las líneas-marco de PSOE y C’s para formar gobierno con sus programas electorales por separado, ambas formaciones han hallado el consenso rebajando la mayoría de los compromisos de transparencia que suscribieron antes del 20-D con sus electores.

Esto puede resultar comprensible si interpretamos el acuerdo de Gobierno como un simple marco básico para facilitar el pacto entre ambas formaciones y con otros partidos, pero no deja de ser significativo que ambas formaciones renuncien a avances en transparencia incluidos en sus programas y sobre los que, en muchos casos, estaban incluso de acuerdo.

Al situar este consenso en los mínimos, en lugar de en propuestas que ya figuraban en sus programas electorales y que podrían suponer una mejora real, eficaz y palpable de la agenda de transparencia en España, nos movemos de nuevo en el terreno resbaladizo de las intenciones: muchas de las propuestas del programa se podrían cumplir sin tocar ni una coma de la normativa vigente. Desde la Fundación Civio, como organización independiente que trabaja para lograr mejoras reales en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas institucional, seguimos pidiendo más concreción y detalle para que ese acuerdo se pueda convertir en una base de políticas eficaces si PSOE y C’s, junto a otros partidos, forman gobierno.