Nuestras medidas de contratación pública transparente, en las enmiendas de los partidos

Una de nuestras prioridades es hacer más transparente la contratación pública, y queremos informarte de los importantes avances que estamos logrando en esa dirección. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, clave para evitar la corrupción en la contratación pública, sigue su trámite en el Congreso y, desde diciembre, trabajamos con los principales partidos para introducir mejoras en ella. Se encuentra en fase de ponencia, después de que los grupos hayan presentado sus enmiendas. Buena parte de ellas recoge las recomendaciones de Civio, en muchos casos de forma literal. Eso significa que la práctica totalidad de nuestras medidas se han convertido en enmiendas y se debatirán en el Congreso, una gran victoria que queremos compartir contigo.

Nuestras medidas se centran en dos ámbitos de la norma: la transparencia de todo el proceso de un contrato, desde los estudios previos hasta la ejecución final; y la creación de un sistema de control independiente y fiable que detecte irregularidades. Con las enmiendas de todos los grupos ya presentadas, podemos hablar de los primeros resultados de este proceso: prácticamente todas han pasado a formar parte del listado de enmiendas. De hecho, Podemos y Ciudadanos han incluido la gran mayoría de ellas; y el PSOE, mas de la mitad. El PP, por su parte, ha ninguneado nuestras recomendaciones.

Aquí puedes leer un repaso amplio en el que desglosamos el impacto de nuestras medidas en las enmiendas que han presentado los grupos. Desde qué documentos deberían ser públicos en cualquier expediente de contratación a la publicidad del registro de UTE (uniones temporales de empresas, uno de los agujeros negros de detectamos en ¿Quién cobra la obra?) a los registros de licitadores y de contratos o la publicidad de los contratos que firman los partidos políticos.

A vueltas con el organismo independiente de control

El regulador es uno de los puntos más importantes. El proyecto de ley presentado por el Gobierno propone otorgar la fiscalización de la contratación** a un ente dentro del Ministerio de Hacienda y Función Pública y sin medios para llevarla a cabo. En Civio llevamos tiempo proponiendo la **creación de un organismo de control, especializado, independiente y con medios suficientes, que analice de forma global y metódica los contratos públicos.

Nuestra propuesta daba dos opciones: un organismo independiente creado a este efecto (solución óptima) o una sección dentro de la CNMC (solución positiva, pero solo si se aseguran ciertas condiciones). Así se lo trasladamos a los partidos. Podemos recoge la primera opción y propone crear la Oficina de Supervisión de la Contratación del Sector Públicoconlas funciones, composición e independencia exigidas en nuestras recomendaciones. Ciudadanos opta por traspasar esas funciones a la CNMC, un paso muy importante, pero centra dichas funciones en garantizar la competencia empresarial, y apenas en la transparencia hacia el ciudadano y el control sistemático para evitar la corrupción. Un enfoque que ya tratamos de cambiar.

¿Y ahora qué?

Estas son solo algunas de las inclusiones más destacadas en las enmiendas de los partidos. Pero hay más, hasta un total de 34 de nuestras 36 recomendaciones. El proyecto de ley sigue su tramitación en el Congreso. Vamos a escribir a los partidos para insistir en aspectos clave que no han incluido en sus enmiendas, y estaremos muy atentos y seguiremos presionando para conseguir la mejor reforma posible durante la votación de las mismas. Aunque las enmiendas presentadas nos hacen ser muy optimistas, tenemos que seguir insistiendo, porque esta es una oportunidad única.

La Ley de Contratos del Sector Público es una norma compleja que solo se reforma a fondo cuando una directiva europea obliga a hacerlo (aunque vayamos con retraso). Y los principales partidos de la oposición están de acuerdo en la mayoría de nuestras recomendaciones más importantes. Por eso es imprescindible que dejen de lado sus diferencias y empujen hacia la mejor reforma posible de una ley clave en la lucha contra la corrupción.