Desde el primer conflicto en los tribunales ante el Gobierno, a finales de 2015, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha encontrado con una coyuntura no prevista: su representación legal estaba encomendada a la Abogacía del Estado, pero también la de sus oponentes: los ministerios. Con el conflicto de interés servido, el Gobierno decidió optar por que los abogados del estado representaran a los ministerios y el CTBG tuvo que buscar su propia representación legal.

La primera vez que ocurrió algo así, en el proceso contra RTVE, y según el propio CTBG, tuvieron solo unos días para encontrar abogado. Y optaron por contratar de forma directa a una con vínculos profesionales previos con la directora del organismo. Han pasado casi dos años desde entonces y, durante este tiempo, dos personas han ido representado al CTBG en decenas de litigios y bajo el mismo sistema de contratación directa.

En julio, tras tener conocimiento de los hechos gracias al aviso de un ciudadano, Access Info, Transparencia Internacional España y Civio planteamos una serie de preguntas al CTBG para aclarar nuestras dudas con respecto a estas contrataciones y, sobre todo, para reclamar explicaciones públicas ante la ciudadanía sobre este asunto.

El CTBG resolvió una parte de esas preguntas, pero seguimos teniendo dudas sobre aspectos importantes, sobre todo: ¿por qué se siguió contratando a las mismas personas una vez solventadas las prisas iniciales? ¿A quién se pidió ayuda para seleccionar a profesionales y por qué no se volvió a preguntar o a buscar alternativas en más de un año?

Access Info, Transparencia Internacional España y Civio consideramos que, aunque pudiera estar justificado este procedimiento ante las prisas de un primer proceso, la situación ha durado demasiado tiempo y el CTBG debería haber encontrado soluciones para poner en marcha una selección basada en la concurrencia y la transparencia.

Además, creemos que pese a que haya dictámenes del Consejo de Estado y de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre algunas partes de este proceso que establezcan que se cumplen las condiciones legales, ciertas actuaciones pueden dejar en mal lugar a un organismo que debe ser garante de la transparencia y, por lo tanto, ejemplar ante este tipo de situaciones.

Como hemos transmitido desde un principio, las organizaciones firmantes consideramos que el CTBG debe comunicar, de forma abierta, qué ha pasado y cómo se pretende resolver. Además, debe publicar en su lista de contratos estos servicios, incluyendo nombre de los representantes legales, cantidades y procedimiento judicial (ahora mismo lo publica en una lista de gastos inferiores a 1.000 euros, pero sin nombres de los destinatarios). Los importes de esos contratos hacen que la ley no obligue al CTBG a hacerlos públicos, pero creemos que, dada la situación, el Consejo debe ir más allá de los mínimos que marca la norma para ser ejemplo.

Recordamos que, más allá de las entidades públicas encomendadas a esta misión, la sociedad civil puede -y debe- ejercer un papel de vigilancia y control de todos los organismos públicos en una sociedad democrática. Es una función en la que las tres organizaciones firmantes creemos firmemente. Si plantear una serie de preguntas al CTBG por parte de la sociedad civil se percibe como un ataque, estamos ante una situación muy preocupante. Porque lo vamos a seguir haciendo siempre que recibamos cualquier tipo de denuncia.

Creemos que el CTBG debe seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos ante los tribunales como lo ha venido haciendo hasta ahora y que esa función es esencial, dado que el Gobierno se está negando en demasiadas ocasiones a cumplir sus resoluciones, conceder la información solicitada y cumplir la Ley de Transparencia. Eso sí, el proceso de contratación de profesionales que les representen debe ser, más aún en el organismo del que se trata, concurrente y transparente.