En 2013, cuando desde Civio empezamos a insistir en la necesidad de poner luz sobre la actividad de los grupos de interés (lobbies), los altos cargos de la administración y los grupos políticos nos miraban extrañados. Y ello, a pesar de que hacía años que se trataba de un paso normal hacia la transparencia que ya estaban emprendiendo muchos países occidentales. Y pese a que se trata de una medida imprescindible para poder conocer quiénes influyen en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Ahora, cinco años después, parece que el Congreso va a regular por fin su registro de lobbies.

En todo este tiempo, hemos promovido medidas encaminadas a hacer más transparente la actividad de los lobbies en todas las iniciativas locales y autonómicas que se han planteado en este sentido en España, de Cataluña a Madrid, pasando por Castilla La Mancha. También hemos presionado para incluir este aspecto en los programas electorales de los principales partidos. Y hemos pedido a los grupos medidas más audaces durante el periodo de enmiendas de esta reforma. Ahora volvemos a la carga: muchas de nuestras propuestas ya han sido incluidas en las enmiendas de los partidos, pero queremos aprovechar este momento tan importante, de cara a la ponencia, para volver a insistir. Por eso, hemos enviado a los partidos una serie de propuestas sobre dos aspectos clave.

Uno es la publicidad del registro de lobbies del Congreso. No puede tratarse de un registro de uso interno y no podemos esperar al desarrollo posterior para saber qué información se acaba haciendo pública y cuál no. Por eso, hemos pedido que el registro de lobbies del Congreso sea abierto y accesible a toda la ciudadanía desde el principio. Además, es necesario aclarar qué información incluirá, que excepciones se prevén y en qué criterios se basan. Nosotros consideramos que las únicas excepciones justificables son las relativas a aquella información cuya publicación pueda menoscabar la protección de derechos fundamentales.

El segundo es el control y el cumplimiento de obligaciones. Consideramos que la supervisión del registro no puede estar encomendada a la Presidencia del Congreso, que la propuesta debe incluir obligaciones para los diputados que participen en estas reuniones (no solo para los grupos de interés) y que debe enfatizar que, para que un diputado pueda reunirse con un grupo de interés, es completamente obligatorio que esté inscrito previamente en dicho registro.

En definitiva, en Civio llevamos varios años haciendo lobby para que se regule el lobby, tanto en los poderes ejecutivos como legislativos. Y vamos a seguir insistiendo.

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