El pasado jueves se aprobó, tras debatirse in extremis en un Pleno extraordinario, la proposición de ley de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid, una de las pocas autonomías que aún no se había dotado de una normativa de este tipo. El proceso se inició a principios de 2016, con la toma en consideración del texto presentado por el Partido Socialista madrileño, y ha concluido justo con el cierre de esta legislatura. El texto aprobado dista mucho de la proposición original presentada por Ángel Gabilondo. Hoy podemos constatar que los grupos representados en la Asamblea de Madrid han tenido en consideración muchas de las propuestas que Civio les remitió y que han servido para mejorar muchos aspectos importantes de este proyecto normativo. Pero también presenta grandes lagunas, que seguiremos tratando de paliar.

Sobre el texto finalmente aprobado, el impacto de Civio ha sido fundamental para que muchísima información clave tenga que estar, por fin, al alcance del ciudadano. Por ejemplo, podremos conocer las agendas completas de trabajo y reuniones de los altos cargos; sus viajes y los gastos de desplazamiento, protocolo y dietas; a quiénes contratan como personal eventual; qué medios de comunicación reciben dinero para campañas de publicidad institucional; o la ejecución presupuestaria -lo que realmente se gasta- de forma detallada. Y, especialmente importante, conoceremos por fin qué empresas privadas, partidos, sindicatos y patronales tienen obligaciones de transparencia. Se trata del listado de sujetos obligados, que reclamamos desde hace años a nivel estatal y que nunca antes se había incluido en una normativa de transparencia.

Aun con sus defectos -que también vamos a detallar-, la norma resultante es mejor que la ley de transparencia estatal, y mucho mejor que la propuesta inicial que presentó el grupo socialista. Por eso, estamos muy satisfechos con el impacto logrado. Queremos agradecer el esfuerzo a los grupos de la Asamblea de Madrid, que han trabajado duro para sacar esta ley adelante, y especialmente a aquellos que más han presionado para incluir tantas de nuestras propuestas en ella.

Información que pedimos y que será pública a partir del año que viene

  • Las agendas completas de trabajo y reuniones de los altos cargos (por encima de subdirector general) y de los directivos de entidades.

  • El personal eventual, su nombramiento, funciones, dónde trabajan y su trayectoria profesional completa.

  • Los viajes de los altos cargos de la Comunidad, ayuntamientos y personal directivo, incluidas las dietas y gastos protocolarios.

  • Los medios de comunicación que reciban dinero por campañas de publicidad institucional, el desglose de anuncios y los criterios para el reparto.

  • Cuánto de los presupuestos autonómicos se gasta realmente -la ejecución presupuestaria-, de forma más detallada y trimestral. Y, si el presupuesto se infla con créditos extraordinarios, con qué razones se justifica.

  • Las entidades que realicen préstamos, créditos y emisiones de deuda pública.

  • La listado de todas las entidades que adquieren obligaciones de transparencia, incluidas las privadas.

  • La relación de vehículos oficiales, y para qué se usan.

  • Las listas de espera de servicios sociales, sanitarios y educativos, así como las quejas y reclamaciones más habituales sobre estos servicios.

  • Las evaluaciones, sanciones y modificaciones de las concesiones de servicios públicos.

  • La información sobre los contratos de obras públicas se publicará indefinidamente, sin fecha de caducidad.

  • Además de la información básica sobre los contratos menores, el número de empresas que se han postulado, quién se los lleva y si sufren alguna modificación.

  • Lo que cuesta la cesión o el arrendamiento del patrimonio y de los bienes inmuebles.

  • La fórmula usada para repartir las ayudas y subvenciones, y los motivos de su concesión.

  • Los temas más demandados por los ciudadanos a través del Portal de Transparencia, que incluirá un buscador para facilitar la búsqueda de información.

Además de esta nueva información que deberá estar al alcance del ciudadano, se ha corregido un error del que advertíamos en el texto, y que hacía que partidos, sindicatos, patronales, fundaciones públicas, empresas y otros actores no estuvieran obligadas a publicar información.

También hemos impulsado importantes mejoras en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Se eliminan varias causas de inadmisión de solicitudes de información que considerábamos muy restrictivas. La más importante, que si un ciudadano pide un información sin saber qué organismo puede tenerla, no se inadmitirá su pregunta automáticamente. Las administraciones tendrán que facilitar el proceso, guiar a los ciudadanos y procurarán averiguar quién la posee y enviársela. Además, para inadmitir, se seguirán los criterios que establezcan Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (estatal) y nuevo Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, mejorando la garantías para el ciudadano. Y podremos conocer todas las solicitudes y relamaciones que se produzcan a través del Portal de Transparencia.

El Registro de Transparencia (y lo que significa hacer lobby)

La Comunidad de Madrid será una de las pocas entidades públicas con un registro de grupos de interés, o lobbies, como ya tienen, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya, la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un gran avance que reclamábamos. Además, tendrá pocas excepciones más allá de los agentes sociales, incluye sanciones por incumplimiento y contará con un buzón de denuncias para ciudadanos que conozcan casos de incumplimiento.

Eso sí, presenta aspectos importantes que no nos gustan. Lo más importante: si un lobista señala que la información intercambiada con un cargo público es confidencial, esta no será de conocimiento público. Tampoco podremos conocer sobre qué normas o políticas públicas concretas quiere influir un lobista, solo sobre intereses generales. Por último, considera una actividad de “influencia indirecta” y que, por tanto, exige estar registrado, tratar de influir usando a los medios de comunicación, la opinión pública, conferencias y actos sociales como intermediarios, o difundiendo “comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición”. ¿Cómo se va a controlar eso?

La cara mala de esta ley

Algunas de las propuestas de Civio se han quedado fuera, y eso significa que tendremos que seguir trabajando para que se incluyan en posteriores reformas.

Una es bastante inesperada. El borrador de la ley incluía un estricto régimen de incompatibilidades para garantizar la independencia del presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Era algo muy positivo, pero lo que se ha hecho finalmente ha sido eliminar estas exigencias, por lo que una persona que haya estado vinculada a un partido político hasta días antes, por ejemplo, podrá ser designada para presidir este organismo.

Uno de los aspectos más negativos de esta norma es que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid no tendrá potestad final para imponer sanciones. Solo podrá iniciar e instruir procedimientos sancionadores, pero la resolución final nunca dependerá él. Será el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid quien resuelva sancionar si el infractor es un alto cargo de la misma. Si lo es de un ayuntamiento de la Comunidad, la decisión final dependerá del propio alcalde. O, si el infractor es un alto cargo de una universidad pública, decidirá el rector. Así, el régimen sancionador y de infracciones, que ya era muy laxo, nace completamente desvirtuado.

Tampoco nos gusta que, aunque los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones hasta cierto umbral adquieren obligaciones de transparencia, no lo harán las que reciban contratos de la Comunidad de Madrid, como pedíamos. O que solo podamos conocer lista de documentos que se intercambien cargos públicos y grupos de influencia, pero no el archivo en sí. Ni que, para el ejercico del derecho de acceso a la información, mantenga el silencio negativo, lo que significa que, si no te responden dentro un plazo, la solicitud se considera desestimada.

No obstante, insistimos, se trata de una norma mucho mejor que la que estaba planteada inicialmente, y se nota en ello el esfuerzo realizado por los grupos de la oposición y por Civio, que se traducirán en una mayor transparencia para los madrileños. La norma entrará en vigor en 2020, y nos esforzaremos para mejorar su alcance y vigilar su correcto cumplimiento.