A principios de abril, el Gobierno extendió a los autónomos que han cesado actividad o reducido en un 75% sus ingresos por la crisis del coronavirus el derecho a recibir el bono social de electricidad, un descuento en la factura de la luz para hogares vulnerables, aunque tengan ingresos superiores a los máximos establecidos, en general, para recibir esta ayuda.

Para autónomos en cese de actividad o con ingresos reducidos, es suficiente con la renta conjunta anual sea igual o inferior a 2,5 veces el IPREM de 14 pagas, tres en el caso de un menor y 3,5 en el caso de dos menores, cuando en los casos generales es de 1,5, 2 y 2,5, respectivamente. Este descuento se aplicará durante un máximo de seis meses. Más información en este Decreto Ley.

Para contribuir a que esta ayuda llegue a quienes la necesitan, ahora también a este colectivo, en Civio hemos actualizado nuestra aplicación para comprobar si tienen acceso al bono social de electricidad y, en caso afirmativo, para solicitarlo de una forma rápida y fácil. Una herramienta que creamos en 2018 en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, desde entonces, han usado más de 400.000 personas.

Tanto los autónomos afectados por esta crisis como los colectivos vulnerables que ya eran susceptibles de acceder a un descuento en la factura eléctrica, solo tienen que rellenar el formulario según la situación de su hogar: renta individual o familiar, número de menores en su unidad familiar o si su caso presenta circunstancias especiales. La aplicación calculará, sin ceder datos personales y de forma estimativa, si tiene derecho al bono social, y facilitará además el impreso de solicitud y los documentos a presentar para que se los pueda enviar a su empresa comercializadora, haciendo el proceso mucho más fácil.

Con esto, queremos que ningún consumidor vulnerable se quede sin saber si tiene derecho a este descuento en la factura de la luz y a que el proceso, extremadamente complejo, sea más accesible para todos los ciudadanos. Si deseas saber más sobre cómo y por qué pusimos en marcha esta iniciativa, aquí tienes toda la información. Además, pedimos tu colaboración para difundirla y que llegue a todos los interesadoS. Puedes compartirlo en tus propias redes sociales e incluso insertar la aplicación en tu página web de tu empresa, organización, medio de comunicación, organismo público o blog personal (si ya la tenías insertada desde 2018, no tienes que hacer nada porque ya se habrá actualizado automáticamente). Y si esta iniciativa te ha ayudado a ti personalmente o a alguien que conoces, ¡¡cuéntanoslo!!

Y es que informar y vigilar sobre lo público también significa asegurarse de que las medidas sociales que se anuncian a bombo y platillo lleguen de verdad a quien más lo necesita.

Si sigues nuestra labor desde hace tiempo, sabes entonces que el Gobierno central también creó su propio software, llamado BOSCO, y que lo puso en manos de las comercializadoras eléctricas para que determinasen con él quiénes tienen acceso a las ayudas del bono social y quiénes no. Y también sabrás que, tras demostrar que esta herramienta estaba denegando la ayuda a personas que sí cumplían los requisitos, decidimos ir a juicio contra la resolución del Consejo de Transparencia que nos negaba el derecho a escrutar el código fuente de BOSCO. ¿Por qué? Porque consideramos que el derecho a saber también alcanza a aquellos programas informáticos que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos, y que la opacidad algorítmica no debe impedir que las ayudas lleguen a quienes más las necesitan. Un proceso que sigue abierto y sobre el que (aquí encontrarás toda la información)

¿Por qué te contamos hoy esto? Porque hace pocos días, el Gobierno adjudicó la adaptación del sistema BOSCO al COVID a una empresa por cerca de 10.000 euros. El objetivo: incluir a este nuevo tipo de beneficiario, el autónomo en cese de actividad por la crisis sanitaria, una mejora en línea con la que nosotros acabamos de hacer en nuestra herramienta. El procedimiento parece bien reglado y es pertinente, pero introduce una interesante derivada. Una de las razones argüidas por la administración en un primer momento para denegar el acceso al código de BOSCO, y que el CTBG aceptó, era que conocer su estructura interna atentaba contra la propiedad intelectual. Nuestra oposición a este argumento parte de que, de acuerdo con la Ley de Transparencia y la regulación de la propiedad intelectual, entendemos que las obras realizadas en las administraciones públicas no están sujetas a los derechos de autor. De lo contrario, cualquier documento elaborado por un trabajador público podría ser también denegado.

Al externalizar esta actualización de BOSCO a una empresa privada, nos tememos que el argumento de la propiedad intelectual para mantener el funcionamiento básico de BOSCO en secreto adquiera, de repente, más fuerza. Sea como sea, es una posibilidad que tenemos presente, y os seguiremos informando de todos los detalles de nuestra lucha por la transparencia de los programas informáticos creados por la Administración que a diario toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.