Que quede muy claro: la figura del personal eventual es perfectamente lícita siempre que su uso sea de acuerdo a las leyes. Y, puesto que es una vía de acceso a la función pública discrecional -coloquialmente, a dedo-, sin concurso de méritos ni anuncio público, desde Civio reclamamos el derecho de toda la ciudadanía a saber quiénes son y si están cualificados para el puesto, como lo sabemos del resto del personal público.

No entendemos la pertinaz oposición de los sucesivos gobiernos a revelar quiénes son las personas que trabajan en labores tan importantes como asesorar directamente a un ministro. Si existe transparencia con los empleados públicos, como funcionarios o laborales, desde su concurso de méritos hasta su nombramiento, ¿por qué no cuando se trata de cargos de confianza y asesores especiales que son nombrados discrecionalmente? No se trata solo de una cuestión de transparencia formal: es imprescindible para comprobar si están cualificados para ejercer su función, muchas veces de alta responsabilidad, si existen posibles conflictos de interés, vinculaciones familiares o laborales anteriores con quienes les designan sin escrutinio público o incluso detectar posibles fraudes en la contratación de eventuales.

Pero la historia reciente demuestra que, si estás en el Gobierno, seguramente no pienses así.

Un secretismo que viene de muy lejos

La opacidad del personal eventual nos trae de cabeza desde el año 2013, y es una cuestión que hemos reclamado desde entonces a todos y cada uno de los sucesivos gobiernos, sin importar su color político. Y a todos y cada uno de los principales partidos cuando llegan las elecciones y se sientan a redactar sus programas.

En 2014 llevamos al Ministerio de Presidencia cerca de 48.000 firmas para que esos nombres salieran del oscurantismo, y nos reunimos en Moncloa para exponer los motivos.

En 2015, con el estreno del nuevo Portal de Transparencia, el Gobierno de Mariano Rajoy publicó los nombres y apellidos, las labores que realizaban y la retribución bruta percibida de 130 asesores contratados como personal eventual. En aquella terna de consejeros de confianza no faltaban, claro, familiares y miembros del partido de gobierno. Una salvedad fundamental: entre las obligaciones de publicidad activa que la Ley de Transparencia impone a la Administración General del Estado está la de hacer pública la estructura orgánica, la trayectoria profesional y las funciones que cumplen sus altos cargos, pero no incluye a los asesores. Se trató de una decisión propia del Ejecutivo, pero en la que pensamos que el apoyo social que había tenido esta demanda el año anterior tuvo un peso importante. Sin la exigencia ciudadana, como ha sucedido en otras ocasiones, quizá no hubiéramos podido conocer esta información.

Pero nunca más se supo. Aquel ejercicio de transparencia fue único. Desde entonces, vuelta al secretismo. Todos los años, hasta hoy, hemos recurrido al ejercicio del derecho de acceso a la información para reclamar a todos los gobiernos una información que consideramos básica. Y todo han sido pegas. En 2017, tras retrasos y trabas, conseguimos buena parte de esa lista del Gobierno del PP. No todos, porque Presidencia del Gobierno se negó a volver a identificar a los asesores directos del presidente, Mariano Rajoy. Tampoco incluía información sobre sus trayectorias profesionales.

Y esa ha sido la tónica desde entonces. En 2019, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, solo cinco de los 17 ministerios identificaron a todos sus asesores. Los ministerios de Interior y de Defensa, dirigidos por dos magistrados, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, ni siquiera nos dieron respuesta. Incluso el Consejo de Transparencia que, mientras tuvo a Esther Arizmendi al frente, resolvía en sus resoluciones que “prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal” en aquellos casos “en los que un puesto se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad”, rebajó sus exigencias de transparencia y veía con buenos ojos que se ocultasen los nombres de los asesores con un nivel inferior al 28.

Una sentencia a favor, un Gobierno en contra

El año pasado ganamos un proceso judicial en el Tribunal Supremo que motivó que el Consejo de Transparencia haya tenido que redefinir su criterio interpretativo. El fallo del Alto Tribunal, favorable a Civio, era contundente: los organismos públicos, incluidos los ministerios, deben identificar a todo su personal eventual, personas nombradas a dedo, del mismo modo que a cualquier funcionario público.

Pero si alguien pensaba que esta sentencia iluminaría un camino de rosas, estaba equivocado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido oponerse en los tribunales a facilitar los nombres de su personal eventual, sistemática y absurdamente, dado que -esta vez- ya habíamos obtenido buena parte de la información que hoy te presentamos. Sí, el Gobierno ha iniciado desde varios ministerios recursos contencioso administrativos para no hacer públicos algunos de los nombres que publicamos hoy. Y decimos buena parte puesto que, como te contamos, la lista no es completa.

Aprender a afrontar los dilemas de la transparencia

Al cierre del semestre de 2020, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sumaba 777 eventuales. Hoy te contamos quiénes son y, además, publicamos un buscador con todos los eventuales que han estado en activo entre 2010 y 2020 en ministerios y en Patrimonio del Estado, sus nombres, puestos y fechas de alta y de baja. 2.247 personas en total.

Conocer su identidad y valorar su adecuación al puesto es un derecho de la ciudadanía. Pero la debida responsabilidad al ejercerlo nos puede llevar también a una encrucijada. Tras valorarlo mucho, hemos decidido publicar solo las iniciales de 26 personas que ocupan en activo puestos relacionados con seguridad, como operadores de sala de seguridad, vigilantes, jefes y técnicos de seguridad de las comunicaciones. Hemos obrado así tras constatar que no tienen relaciones aparentes con miembros del Gobierno o con el partido. La responsabilidad de preservar la seguridad que deviene de sus cargos prima, a nuestro juicio, sobre la relevancia periodística de sus nombres.

Ese ha sido nuestro criterio. La transparencia genera dilemas, es bueno que así sea y nos transfieren a todos la responsabilidad de hacer las cosas mejor. Pero insistimos: el Supremo ha ratificado el derecho de toda la ciudadanía a saber quiénes son. Si una persona, colectivo, organización sindical o de otro tipo tiene interés en conocerlos para alguna acción que no vulnere su seguridad ni la de las instituciones en las que trabajan, podemos compartir con ella los datos completos.

Seguramente la mayoría de todo el personal eventual esté cualificada para el cargo público que ocupa. Lo que tenemos meridianamente claro es que tenemos derecho a comprobarlo y a vigilar y denunciar posibles conflictos de interés o fraude en su contratación. Porque nadie que trabaje en lo público, y menos en puestos relevantes, puede permanecer en el anonimato. Porque trabajan para nosotros, aunque a veces a todos los gobiernos, de todos colores, se les olvide.