El Consejo de Transparencia ya no se opone a nuestra petición de liberar el código fuente del bono social

Giro de guión en nuestro litigio sobre la transparencia del código fuente. El pasado mes de febrero Civio presentó su recurso de apelación contra la sentencia que nos denegó el acceso al código fuente de BOSCO. Esta aplicación, desarrollada por el Gobierno, es la que usan las empresas eléctricas para determinar si un usuario en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con la normativa, puede beneficiarse de descuentos en su factura de luz. La pelota pasó entonces al tejado de las otras partes involucradas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Consejo de Transparencia, ambas representadas por la Abogacía del Estado y que, durante todo este proceso, se han opuesto a que nos den el código. Y algo se ha movido en el lado del Consejo.

Los documentos del caso, en abierto

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no se opone ahora a la apelación presentada por Civio a la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo “por entender que dicha sentencia no se ajusta a derecho”, según un escrito de la nueva representación legal del Consejo, la que nos denegaba el acceso al código. Lo hace “por la existencia de un conflicto de intereses”, según este mismo documento, al no poder defender dos posturas que, ahora sí, son distintas. Antes, la Abogacía del Estado ya había presentado, en nombre del Consejo de Transparencia, su rechazo a nuestro recurso. Lo había hecho sin seguir los intereses o intenciones de su defendido, como aclara ahora en su escrito el propio Consejo.

La difusión del código fuente de una aplicación desarrollada por la administración supondría, según el juez de la sentencia que hemos recurrido, problemas tanto de seguridad pública, como defensa nacional y propiedad intelectual. En su argumentación, el magistrado dio por sentado, sin haber accedido al código ni comprobarlo, que BOSCO aplicaba tal cual la normativa de concesión de ayudas; pese a que demostramos fallos en su configuración que provocaron denegaciones del bono social a personas que sí tenían derecho a recibirlo. La sentencia desestimatoria incluía, además, una condena a Civio en costas de 2.000 euros. Nuestro recurso de apelación desmonta todos los argumentos de la sentencia que creemos –como ahora afirma también el Consejo de Transparencia– que no es justa.

Por su parte, en su escrito de oposición, la defensa del Ministerio para la Transición Ecológica trata de tumbar nuestras alegaciones para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestime nuestro recurso y pide, además, una nueva condena en costas para Civio. Entre otros, la abogada del Estado rechaza la petición de entrega parcial –prevista en la Ley de Transparencia– de aquella información que no suponga un perjuicio para la seguridad pública o la defensa nacional, como podría ser la parte del código que determina si un usuario merece o no el bono social y, por tanto, obviando aquella en la que se describe cómo se conecta a las distintas bases de datos protegidos.

El próximo paso le corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Esta tendrá que decidir si admite a trámite o desestima nuestro recurso de apelación. Parece que ya no estamos solos contra dos instituciones del Estado, o, al menos, ya no tenemos enfrente al Consejo de Transparencia. Ojalá tenerlo de nuestro lado.