Dos puntos clave han llevado al Estado español a repetir los pobres resultados de ediciones anteriores de la Open Budget Survey: la escasez de transparencia presupuestaria, sobre todo en la ejecución, lo que de verdad se acaba gastando; y la falta de mecanismos para que la ciudadanía participe en la planificación y ejecución del gasto público.

Esas son las conclusiones de esta encuesta global, que realiza la International Budget Partnership (IBP) y en la que Civio colabora como organización experta para evaluar la calidad de la información presupuestaria del Gobierno, pero que cuenta también con las aportaciones del propio Gobierno y otros expertos independientes.

El estudio, 142 preguntas y realizada en 120 países, evalúa y compara tres cuestiones. La primera, la calidad de la información pública sobre todo el ciclo presupuestario (desde el proyecto de presupuestos a los informes intermedios y hasta su ejecución, lo que realmente se gasta). La segunda, los mecanismos de participación ciudadana -si los hay, y en España no. Y, por último, la labor de vigilancia de las Cortes y de organismos como el Tribunal de Cuentas.

En el primer punto, la transparencia, la cosa no mejora. España tiene una puntuación de 54 sobre 100, prácticamente igual que en ediciones anteriores, y se sitúa en la posición 47 entre 120 países. Por debajo de 61 se considera una nota insuficiente.

En este punto, las recomendaciones hacen especial hincapié en la necesidad de “mejorar el nivel de detalle, el alcance y la consistencia de los informes de ejecución presupuestaria”, es decir, en la información que permite saber lo que se gasta realmente y cómo se gasta. Una cuestión que Civio reclama desde hace una década.

Carta a la ministra de Hacienda

Por todo esto, hoy hemos enviado una nueva carta a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, para informarle de sus pobres resultados en este reciente análisis comparativo, insistirle en la necesidad de mejorar la calidad y el detalle de los datos de ejecución del gasto público y solicitar una nueva reunión con su equipo. Aquí puedes leerla.

Peores son los resultados en participación ciudadana, que rascan un mínimo 2 sobre 100, como en la edición anterior. Esta pésima nota refleja la grave carencia de mecanismos para involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía (en particular a colectivos vulnerables) en la formulación del presupuesto y en el seguimiento y control del gasto público.

En el último punto, la vigilancia presupuestaria, la nota es de 61 sobre 100. Los evaluadores estiman que las Cortes Generales mantienen una vigilancia adecuada durante la fase de planificación del ciclo presupuestario pero débil después, cuando ese dinero se gasta. Sí valoran algo mejor las auditorías que realiza el Tribunal de Cuentas.

Aquí puedes leer los resultados en detalle. Se basan en un cuestionario detallado que Civio ha respondido aportando argumentos y enlaces en cada pregunta y que, además, ha sido revisado y anotado después por un experto independiente anónimo (designado por la IBP) y, lo más importante, por un técnico del Ministerio de Hacienda, que puede indicar si está de acuerdo o no con nuestras respuestas y aportar sus argumentos. Aquí puedes leer el cuestionario completo en inglés y descargar los datos.