El Gobierno no es claro al comunicar sus prioridades presupuestarias y planes de gasto antes de redactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El detalle y coherencia de los datos de ejecución presupuestaria -lo que realmente se gasta- es más bajo que cuando se planifica el presupuesto. No hay canales de participación para la sociedad civil y la ciudadanía en ninguna fase del ciclo presupuestario. Y la vigilancia, principalmente la parlamentaria, durante la ejecución de los presupuestos es mejorable.

Estos puntos explican por qué España obtiene de nuevo una nota mediocre en la Open Budget Survey 2023, la encuesta realizada en 125 países por la International Budget Partnership (IBP) para evaluar la calidad de la información presupuestaria del Estado con aportaciones de expertos independientes (en España, Civio) y del propio Gobierno.

En transparencia, España mantiene una nota de 54 sobre 100, igual que en ediciones anteriores y por debajo del promedio de la OCDE (67). Con esta puntuación, se sitúa en la posición 49 de 125 países, dos puestos menos que en la última edición. Las recomendaciones destacan la necesidad de “mejorar el nivel de detalle, alcance y consistencia de los informes de ejecución presupuestaria”. Es una medida que Civio reclama desde hace una década. Recientemente hemos sacado a luz desvíos muy significativos en importantes partidas de gasto, por ejemplo en materia de Defensa, en Ciencia e Innovación y en ayudas sociales que luego apenas se ejecutan. La encuesta también refleja la falta de claridad del Gobierno al comunicar sus prioridades políticas y planes de gasto al inicio de cada ejercicio, antes de emprender los presupuestos. Este aspecto, que obtuvo 89/100 en 2022, ahora se sitúa en 33/100.

En participación ciudadana, España obtiene una puntuación extremadamente baja de 2 sobre 100, la misma que en la edición anterior y muy por detrás de países como Reino Unido (54) y Francia (37). Se debe a la inexistencia de mecanismos para involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía -con especial énfasis en los colectivos vulnerables- en la formulación y control del presupuesto.

En vigilancia presupuestaria, España obtiene 65 sobre 100, similar la edición anterior (61/100). La supervisión es adecuada durante la planificación del ciclo presupuestario, pero débil durante la ejecución. El control que realiza el Tribunal de Cuentas tiene mejor valoración (83/100) comparado con el de las Cortes Generales (56/100).

Carta a la ministra de Hacienda

Civio ha enviado una nueva carta a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, informándole de los pobres resultados del análisis, insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad y detalle de los datos de ejecución del gasto público y solicitando una reunión con su equipo. Aquí puedes leerla.

Puedes leer los resultados en detalle y el cuestionario completo en inglés.