En demasiadas ocasiones, la justicia es lenta. Lo sabemos bien. Desde que pedimos al Gobierno el código de la aplicación que decide quién recibe el bono social, BOSCO, hasta que una sentencia del Supremo nos dio la razón pasaron ocho años, un recurso y dos fallos en contra. Y esta odisea aún no ha acabado.

El pasado 11 de septiembre el Tribunal Supremo dictó una sentencia pionera: conocer las tripas de los programas y algoritmos que usan las administraciones públicas es un derecho democrático. En el fallo, obliga al Ministerio para la Transición Ecológica a que nos entregue, al fin, el código de BOSCO. Pero han pasado ocho meses desde entonces y aún no lo tenemos.

El Tribunal Supremo envió a la Audiencia Nacional la sentencia en noviembre, que se recibió allí dos meses después, en enero. Desde entonces, no tenemos noticias. El siguiente paso era que la recibiera el juzgado de instrucción central número 8, el primero que trató este asunto y quien tiene que reclamar a la administración que lo cumpla. No nos han notificado que lo haya hecho, así que seguimos a la espera. Pero no estamos paradas. Esta misma semana hemos presentado un escrito solicitando que se cumpla la sentencia y nos entreguen el código de BOSCO de una vez. Puedes leer todos los documentos del caso, aquí.

La jurisprudencia que algunos se niegan a aplicar

Pero la sentencia de septiembre no solo nos afectó a nosotros y al caso BOSCO en concreto, sino que abrió camino para todos. En ella, el Supremo interpreta que solo se pueden aplicar límites a la transparencia algorítmica si están muy claros, tasados y son reales; y siempre ponderando y teniendo en cuenta la importancia del “derecho constitucional” a la información. Y es claro: los poderes públicos tienen la obligación de “explicar de forma comprensible el funcionamiento de los algoritmos que se emplean en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos para permitirles conocer, fiscalizar y participar en la gestión pública”.

Pese a esa claridad, hay administraciones públicas que hacen oídos sordos. Un ejemplo es la solicitud de información que hizo un ciudadano, Óscar a la Comunidad de Madrid, usando como palanca nuestra sentencia del Caso BOSCO, para pedir el código del sistema de asignación de citas con especialistas y para pruebas de la sanidad madrileña. Pese a que el Consejo de transparencia de Madrid le dio la razón, la Comunidad se niega a cumplir esa resolución. Y solo le deja una salida: acudir a los tribunales.

El pasado 21 de abril, en una sesión de la Asamblea de Madrid, salió el tema. Más Madrid preguntó a la Directora general de Salud pública de esa comunidad cómo funciona ese sistema de citas y por qué ni a ellos ni a Óscar se le ha entregado ese código fuente. Y citan nuestra sentencia de BOSCO.

La directora general de salud pública responde con varias afirmaciones no del todo ciertas:

Por un lado, asegura que nuestra sentencia no crea jurisprudencia, que hacen falta dos fallos. Nosotros creemos que eso no es cierto. La reforma de 2015 del artículo 9.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa estableció que, en casación, “la sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales […] sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo”.

También afirma que su sistema de citas “no es un algoritmo”, sino un mero “árbol de decisiones”. Eso es un algoritmo. Y, de hecho, es exactamente lo mismo que BOSCO, un conjunto de reglas. Aplica nuestra sentencia al 100%.

Y añadió que niegan el acceso código fuente por un tema de “ciberseguridad”. Ya lo dijo el Supremo en su sentencia y lo repetimos: nombrar la seguridad en abstracto no es suficiente para vetar el acceso. Las administraciones tienen que demostrar un daño específico y real, no un mal augurio sin base sólida. Y, si de verdad acceder al mero código fuera un problema de seguridad, sus sistemas no son demasiado robustos.

Conocemos bien las excusas de las administraciones, y sabemos que retrasar e ignorar la ejecución de resoluciones y sentencias es ya un clásico, dilatando el proceso para intentar agotarnos. Pero, después de ocho años luchando por esto, no nos vamos a dar por vencidos ahora.