A finales de 2023, un total de 444 personas trabajaban como personal eventual en Presidencia del Gobierno y en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pese a su importancia, tanto en número como en responsabilidades y cercanía al poder, sus nombres permanecen ocultos. Este ministerio respondió a una solicitud de información asegurando que concedía acceso a esos datos, los nombres del personal eventual que ejerció entre 2020 y 2023. Lo hizo cinco meses después y, además, mintió: solo mandaron un enlace a la RPT (la Relación de Puestos de Trabajo, esto es, el listado de puestos). Pero ni un solo nombre.

Personal eventual, a dedo y sin transparencia

Lo que diferencia al personal eventual del resto de empleados y empleadas públicos es su nombramiento: a dedo, sin requisitos previos y opaco. Se puede elegir a cualquier persona, sin exigencias mínimas, y no se publica ni el anuncio de la plaza ni a quién se le ha otorgado (como sí pasa, por ejemplo, cuando funcionarios y funcionarias cambian de puesto al ser nombrados por libre designación, por ejemplo). Solo conocemos sus nombres cuando tienen puestos superiores, como los y las jefas de gabinete de ministros y ministras. Es un tipo de nombramiento discrecional y solo se puede usar, según la ley, para puestos de asesoramiento o confianza especial. Por eso, la mayoría son asesores. Pero a veces se usa esta medida para cubrir otras responsabilidades, como secretarías o hasta vigilancia de seguridad.

Presidencia no es el único caso de un ministerio que oculta de forma deliberada los nombres de sus asesores, pero sí uno de los más graves. Tras más de un año desde que Civio solicitó a la Dirección general de Función Pública el listado de todo el personal eventual, una odisea que ha acabado con un recurso ante los tribunales y, tras pasar la patata caliente a los 22 ministerios, solo ha sido posible recopilar una parte, pequeña, de todos esos nombres.

A finales de 2023, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, había 795 eventuales contratados en los distintos ministerios. Tras recopilar las respuestas completas, parciales o nulas de todos los ministerios, tenemos solo 220 nombres que estuvieran en activo a esa fecha. Y eso que el GRECO, el Grupo de Estados Contra la Corrupción, insiste sobre este tema en cada uno de sus informes sobre la situación en España: tienen que tratar a los asesores como altos cargos y publicar su nombre, puesto y sueldo.

Si Presidencia responde con otra cosa, Interior directamente ignora la pregunta. Función Pública creó las 22 solicitudes derivadas de la original, una por ministerio, el 5 de diciembre de 2024. No fue hasta siete meses después que el departamento de Grande-Marlaska dio señales de vida, pero solo para comunicar que arrancaba el plazo para pedir opinión a posibles afectados. A finales de 2023 había 11 eventuales en ese ministerio, pero no sabemos quiénes son.

Presidencia no es el único ministerio al que se le pregunta una cosa -los nombres- y responde con otra -los puestos. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hace prácticamente lo mismo pero dedicándole un poquito más de esfuerzo: da una lista con cargo, nivel y código de puesto, pero tras eliminar de ella todos los nombres.

Industria y Ciencia alegan que es muy difícil sacar la lista

En el elenco de excusas también se encuentra la que dio origen a la odisea, la reelaboración. Se trata de un límite de la Ley de Transparencia que permite no responder a una pregunta si para hacerlo hay que dedicar muchos esfuerzos y recursos y crear un informe a medida. Es la misma excusa que dio el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para no entregar la lista de todos los eventuales de todos los ministerios, aunque en 2020 dieron ese mismo listado en solo unos días.

Industria y Turismo también esgrime esa reelaboración para, directamente, inadmitir la pregunta. Y lo hace después de ampliar el plazo para responder usando todas las razones permitidas (un mes extra por volumen o complejidad y otro retraso para pedir opinión a terceros afectados). El ministerio que dirige Jordi Hereu enumera las múltiples tareas necesarias para poder decir quiénes son sus eventuales: un “análisis exhaustivo”, sumar retribuciones de cada año (una información que no se pide en la pregunta) y consultarles su opinión cuando, admiten, puede que no tengan el contacto de la gente que ya no está en activo.

Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, y de acuerdo con la sentencia 1768/2019 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, solicito: Nombre completo, cargo, fecha de nombramiento, fecha de cese de todos los trabajadores eventuales que han prestado servicio en la Administración General del Estado (y en todas las administraciones dependientes de quienes tenga información el RCP) en 2020, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, tanto activos como no activos, con detalle de su puesto, ministerio, centro directivo y/o unidad.

Recordamos que la mencionada sentencia deja claro que prevalece el interés público de la información frente a la protección de datos personales. En particular, ante la identificación del personal eventual, al margen de las funciones que tengan atribuidas. Y recalca que, en todo caso, el nivel debe ser tenido en cuenta SOLO para la ponderación de la pertinencia de informar de las retribuciones, algo que no se pide en esta solicitud.

Por favor, les pedimos que no respondan a esta solicitud de información con una RPT sin nombres, puesto que esta no es la información que estamos solicitando. Les agradeceríamos que, en la medida de lo posible, nos remitan esta información en formato reutilizable, como XSLX o CSV. Puesto que no son datos de carácter personal, de acuerdo con la citada sentencia, entendemos que no sería necesario abrir las fases de alegaciones de terceros afectados.

A ese argumento se agarra también Ciencia, Innovación y Universidades para responder con la lista de su personal eventual, sí, pero solo el que a día de hoy trabaja en el ministerio, no el histórico. Pese a las materias que trata este departamento, aseguraron en su respuesta que dar todos los nombres de 2020 a 2023 “paralizaría el normal funcionamiento de la subdirección general de Recursos Humanos”, que necesitarían un mínimo de 15 días para extraer el listado de la base de datos y luego pedir consentimiento -algo que tanto los tribunales como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han asegurado en múltiples ocasiones que no es necesario.

De hecho, el propio ministerio que reenvió la pregunta original a los 22 ministerios, Transformación Digital y Función Pública, se niega también a responder sobre su propio negociado: inadmitieron la pregunta porque dicen no tener la información, ya que el ministerio, en su configuración actual, se creó en diciembre de 2023. Y citan el punto de la norma que permite no responder si una pregunta está dirigida “a un órgano en cuyo poder no obre la información”. Pero se olvidan del resto de la frase: “…cuando se desconozca el competente”, y del siguiente apartado de la ley, que dice que si se rechaza una pregunta utilizando esa excusa, “el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”.

Esta respuesta llegó después de que alegaran que necesitaban más tiempo para responder: primero, porque la pregunta era muy compleja; y segundo, para dar plazo a alegaciones a terceros. ¿A qué terceros preguntaron, si no tenían la información?

La respuesta del ministerio de Óscar López podría servir para negar información sobre cualquier asunto a cualquier organismo que cambiara de nombre o competencias. Y es que las variaciones en cada reestructuración del Gobierno pueden resultar un quebradero de cabeza para saber quién tiene que responder qué parte. Un problema así solo se resuelve con una base de datos común a todos, que ya existe, el Registro Central de Personal. El mismo RCP del que salieron, en solo tres días tras preguntarlo a finales de 2019, los nombres de todo el personal eventual de todos los ministerios en diez años (de 2010 a 2020). Una base de datos que gestiona el propio Ministerio de Transformación Digital y Función pública.

¿Cómo cruzamos datos con 2020?

Una de las maneras de comprobar si faltan nombres en las respuestas de los ministerios es solapar los datos actuales con los del primer semestre de 2020, que ya teníamos gracias a una solicitud de información anterior. Cruzamos el listado de personas que estuvieron en activo en algún momento entre enero y junio de 2020 de ambos archivos y analizamos las ausencias. Los detalles, en la metodología.

Lo cierto es que otros ministerios que han cambiado de nombre o funciones con respecto a 2020-2023 sí responden. Pasa por ejemplo con el de Política Territorial y Memoria Democrática. Eso sí, en este caso faltan, como mínimo, tres personas que trabajaban en secretarías de Estado durante el primer semestre de 2020.

Pero el problema principal no está en esas tres personas, es mucho mayor. Según el Boletín, a finales de 2023 había 105 personas contratadas como personal eventual en este ministerio. Según su respuesta, solo tenían a 16 en activo a esa fecha. ¿La clave? Las delegaciones de Gobierno, que también cuentan con asesores y que, aunque sí estaban incluidos en los datos recopilados en años anteriores, no aparecen esta vez. Y así sigue creciendo, y mucho, el número de personas que permanecen ocultas.

La protección de datos, la excusa más repetida

Pese a que la pregunta original solo reclamaba datos meramente identificativos -nombre y puesto-, la excusa más repetida es la de la protección de datos personales. Muchos ministerios se basan en un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia de 2015 que dictaminó que lo que cobran, algo que no se pedía para esta investigación, solo era de interés público en personal eventual con niveles 28, 29 y 30, los más altos. Pero ese criterio, como admite el propio CTBG en resoluciones y guías posteriores, fue ampliado por el Tribunal Supremo en 2019, que estableció que cualquier persona, de cualquier nivel, nombrada a dedo por este sistema, debía ser identificada. Lo hizo en una sentencia, tras recurso de Civio, contra la negativa del Tribunal de Cuentas de identificar a 58 de sus 59 eventuales, alegando que solo se dedicaban a labores administrativas. “Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público…”. Todos los ministerios conocían esta sentencia, puesto que estaba incluida en la propia pregunta. Pero la mayoría hizo oídos sordos.

Los ministerios de Defensa; Educación y Formación Profesional; y Economía, Comercio y Empresa admiten en las propias respuestas o tras pedir aclaraciones que solo incluyen a aquellas personas de niveles 28 y superiores. Otros no lo dicen de forma explícita, pero lo hacen. Derechos Sociales y Agenda 2030 también cita ese primer criterio interpretativo del CTBG. En su caso faltan, como mínimo, cuatro personas que estaban en Consumo y otras cuatro en Derechos Sociales y Agenda 2030, de cuando ambos ministerios estaban separados. Todos son puestos de secretaría. Así que el listado no incluye, por ejemplo, a Carlos Gil, que era jefe adjunto de secretaría de Pablo Iglesias: miembro del consejo estatal de Podemos y portavoz en Segovia, que registró el nuevo partido Juntas sí se puede en plenas negociaciones con Sumar. No le incluye ahora, pero sí estaba, junto a otros eventuales que ahora se han esfumado, en las listas que se enviaron en 2020, cuando tanto Iglesias como Garzón aún eran ministros.

En el caso de Juventud e Infancia, no podemos cruzar sus datos con los de 2020, porque no existía ese ministerio, pero sorprende que solo incluyan eventuales de niveles 28 y 30. Puede que no tengan a nadie en secretaría fichado a dedo pero, en todo caso, las cifras no cuadran: según su respuesta ahora mismo solo trabajan allí seis eventuales y, según los últimos datos del Boletin, de mitad de 2024, había 14. La unidad encargada de aclarar esto, la Unidad de Información y Transparencia (UIT), no ha respondido a nuestra pregunta.

El Ministerio de Hacienda lleva este asunto de la protección de datos personales al extremo. Primero, porque aclaran que dan asesores nivel 30, siguiendo “criterios técnicos” que no desarrollan. Segundo, porque aceptan que los nombres de tres asesores que se han negado a que sus nombres aparezcan en este listado sean borrados. Esas tres personas argumentaron que “podría afectar a su vida personal, a la protección de los datos del entorno familiar, así como a su intimidad y seguridad”. Y usan como base una sentencia de 2015 del Tribunal Supremo que dio la razón a un hombre que había denunciado a la Xunta de Galicia por publicar su nombre en un listado de ayudas a cuidadores de personas con discapacidad. La sentencia se basa, primero, en que la persona con discapacidad no era quien recibía la subvención y, por tanto, no era necesario publicar su nombre, sino el de su cuidador. Y, segundo, en que en este caso estamos hablando de un dato de salud especialmente protegido. Un criterio difícilmente comparable a publicar el nombre de asesores que trabajan en un ministerio.

Dos de los asesores que seguro faltan, porque estaban en activo a 30 de junio de 2020 y no aparecen en los datos que ha remitido ahora Hacienda, son Gabriel Alconchel, socialista gaditano que dirigió el Instituto de la Juventud con Zapatero; y Rosa María Andrade, también asesora de la ministra. En su perfil de Linkedin, donde informa claramente sobre su puesto, cuenta que está interesada, entre otras cosas, en “transparencia, big data y gobierno abierto”.

Una retahíla de informes y sentencias apoyando la transparencia del personal eventual

No solo el GRECO, la sentencia del Supremo y varias resoluciones del CTBG defienden, desde hace años, el interés general por conocer quiénes trabajan en los ministerios, sobre todo teniendo en cuenta que se nombran a dedo y sin transparencia ni control. En una de sus múltiples resoluciones sobre este asunto, el Consejo de Transparencia recuerda, además de la sentencia clave del Supremo incluída en la pregunta original, varias decisiones judiciales relevantes. Una de 2021, por ejemplo, recuerda que “los únicos datos que pueden ser excluidos de información pública por afectar a la protección de datos personales son […] aquellos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, o datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyesen datos biométricos o contuvieran datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativos”. En ese listado no entran los datos meramente identificativos, como el nombre y puesto.

De hecho, el Consejo de Transparencia publicó un nuevo criterio interpretativo sobre este asunto en 2020, precisamente a respuesta de Función Pública, en el que recuerdan toda esa jurisprudencia acumulada y afirman de forma clara que se puede pedir audiencia a los asesores para comprobar que no existan, en un caso concreto, circunstancias especialmente protegidas, como víctimas de violencia machista o del terrorismo que prefieran ocultar dónde trabajan. Y que, de nuevo, no hace falta consentimiento, pero sí ponderar los derechos en juego para que, solo en casos especialmente graves debidamente justificados como esos, decidir si se da el nombre de una persona o no.

En ese documento, además, responde al Gobierno que sí puede publicar esos nombres de forma proactiva, como les pide el GRECO, tratándoles como altos cargos, porque son nombrados por ellos y cesan cuando ellos lo hacen.

La respuesta de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación obvia muchos nombres. Al menos 14 personas estuvieron en activo a principios de 2020 y no aparecen en los nuevos datos. Hay secretarias y secretarios, sí, pero también asesores del ministro y ministra y de secretarios de estado. Tres de ellos lo eran en la Secretaria de Estado de la España Global, desaparecida a principios de 2020, pero también faltan eventuales que estaban en activo a mediados de ese año, como Vicente Montavez, entonces asesor del gabinete de la ministra y ahora diputado en el Congreso.

Más comprensibles son algunas ausencias en Cultura (faltan asesores del Consejo Superior de Deportes, que ya no pertenece a este ministerio), Sanidad (solo faltan personas que cesaron a principios de 2020 con el cambio de cartera), Trabajo y Economía Social (faltan personas cesadas en enero de 2020 y muchas de ellas de Seguridad Social, que ya no entra en sus competencias) y Transición Ecológica y Reto Demográfico (solo falta, que sepamos, un asesor cesado en enero de 2020).

Y, tras comprobar que el número de eventuales coincide con el del boletín oficial, que no falta nadie de los que estaban en activo en el primer semestre de 2020 y que incluyen puestos de todos los niveles, solo cuatro ministerios dan todos los datos: son Agricultura, Pesca y Alimentación; Igualdad; Transportes y Movilidad Sostenible; y Vivienda.

Tras más de un año y todas las excusas posibles -e imposibles-, falta buena parte de la lista de asesores, asesoras y otro personal eventual que ha trabajado en los ministerios entre 2020 y 2023. Pero, ¿qué pasa con los de 2024? Los problemas de comprensión lectora continúan: pese a que pedimos a Función Pública, de nuevo, todo el personal eventual de todos los ministerios, solo respondieron con los suyos: 22 personas en total, 14 de ellos en activo a 30 de junio de 2024. Según el Boletín oficial, a esa fecha había 924 eventuales en la Administración General del Estado.

Como desarrollamos aquí, el 29 de febrero de 2024 presentamos una solicitud de información pidiendo los nombres de todo el personal eventual de la Administración General del Estado a la Dirección General de Función Pública, organismo responsable del Registro Central de Personal (RCP). Tras negarse, incluso con resolución del CTBG a nuestro favor, creó 22 solicitudes para los 22 ministerios, fechadas el 5 de diciembre de 2024. Las respuestas son las que nutren este artículo.

A la hora de comprobar la veracidad de las respuestas, nos basamos en tres fuentes: 1) las propias respuestas de los ministerios, que en ocasiones informan explícitamente de que excluyen alguna parte de los datos; 2) el cruce de los datos del primer semestre de 2020, que ya teníamos gracias a otra solicitud de información, con los datos actuales, para ver si alguna persona que estaba en activo en esa época no aparece en las respuestas que han pasado los ministerios; 3) la comprobación de números globales en el Boletín Estadístico del Personal de las Administraciones Públicas, pero nunca como única fuente. Por eso sabemos que algunos faltan, aunque pueden -y muy probablemente- ser más.

En casos de dudas de si estaban dando todos los nombres, sobre todo por cambios en las funciones o el organigrama de ministerios o porque solo enviaran nivel 28, preguntamos el 6 de mayo, vía email, a las UIT (Unidades de Información y Transparencia, los órganos destinados a gestionar entre otras cosas las solicitudes de información) de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Cultura; Derechos sociales, Consumo y agenda 2030; Economía, Comercio y Empresa; Educación y Formación profesional; Hacienda; Juventud e Infancia; Sanidad; Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hacienda respondió que solo daban nivel 30, Economía que 28 y superiores, Cultura y Educación se negaron a aclarar ese punto y nos instaron a hacer una nueva solicitud de información para preguntarlo (con los meses que eso supone) y el resto no respondieron a fecha de cierre de este reportaje.

Desde que por primera y última vez se publicara el listado de personal eventual en 2015, Civio ha intentado desvelar esta opacidad con todos los gobiernos. Gracias a varias solicitudes de información, y pese a la oposición de los ejecutivos tanto del PP como del PSOE, pudimos actualizar esta lista en los años siguientes. Eso sí, de forma parcial, ya que el Consejo de Transparencia instó por primera vez a limitar el acceso a estos datos solo a los niveles más altos, normalmente ocupados por quienes sí ejercen funciones de asesoramiento. Esto ocultaba al personal eventual irregular dedicado a servicios auxiliares o administrativos, entre otros. Pero, a finales de 2019, el Tribunal Supremo obligó al Tribunal de Cuentas, tras el recurso de Civio, a identificar a todo su personal eventual, también quienes ocupan puestos inferiores, y esa es la regla que se debería aplicar desde entonces.

La jurisprudencia que sentó esta sentencia sirvió como base para las siguientes solicitudes de información. Civio volvió a pedir los datos a finales de 2019 y, aunque era información mucho más amplia, porque se refería a diez años de personal eventual, la respuesta llegó en dos días. En 2020 pedimos de nuevo los datos, esta vez del primer semestre del año. Y así se pudo completar la información hasta ese momento, rellenar un buscador de eventuales y publicar, por primera vez, todos esos nombres ocultos.

La solicitud de febrero de 2024, origen de este reportaje, pretendía completar esta base de datos. Pero, pese a que se trata de información elemental (quiénes son, sin más), se ha convertido en un largo camino de baches y derroteros inimaginables. Y, por el momento, buena parte de esa información aún permanece oculta.

Para el desarrollo del interactivo en el que se muestran cómo respondieron los ministerios a las diferentes solicitudes de información se ha usado el framework Svelte.

Ángela Bernardo y Ter García colaboraron en este reportaje. Ilustración de María Álvarez del Vayo y Carmen Torrecillas.

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