Puertas giratorias, miembros del partido y familiares, entre los asesores en los ministerios que sí conocemos

Entre las páginas del plan contra la corrupción que presentó Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso aparecen los asesores. Dos veces. Una, para incluirlos junto a los altos cargos entre quienes tendrán que rendir cuentas de sus reuniones si se acaba aprobando la Ley del lobby, ahora en anteproyecto. Otra, cuando se resumen futuras medidas para evitar los conflictos de interés, como limitaciones tras el cese (para evitar las puertas giratorias), dedicación exclusiva o declaraciones de bienes. Medidas que ya existen para los altos cargos. El plan no aclara si la promesa es que sean más estrictas o que se pondrán medios para vigilar que se cumplan con más empeño. Lo que sí es nuevo, aunque impreciso, es cuando el texto añade que “algunas de estas medidas serán también aplicables al personal eventual miembro de gabinetes que realiza tareas de confianza y asesoramiento especial”.

Eso podría significar que las medidas para evitar ciertas puertas giratorias, como que una persona se vaya a trabajar, tras el cese, a empresas sobre las que ha regulado (o, en este caso, sobre las que ha asesorado para regular), se amplíen, al menos en parte, al personal eventual. Incluir a los asesores en este plan no es espontáneo. El Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) reclama a España, desde 2019, que las exigencias sean similares a las de los altos cargos. En su última evaluación, pide “someterlos a requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los que se aplican a las personas con altas funciones ejecutivas”.

La parte de la transparencia, esto es, publicar como mínimo sus nombres, no se cumple. Y, cuando se piden -vía solicitud de información-, todo son trabas: tras más de año y medio desde que Civio pidió la lista, solo tenemos una parte del personal eventual que trabajó en los ministerios entre 2020 y 2023. Industria y Turismo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Transformación Digital y Función Pública; y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, que incluye los datos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, no han dado ni un solo nombre. Todos ellos son ministerios del PSOE. Entre el resto, esto es, los nombres que sí tenemos (530 personas), encontramos un porcentaje muy alto de asesores de comunicación (uno de cada tres), muchas personas que vienen de los partidos que forman el Gobierno y algunos familiares de políticos.

Pero también hay puertas giratorias. Todas ellas legales, puesto que ninguna norma regula, como sí pasa con los altos cargos, el paso de lo público a lo privado, y viceversa, de los asesores. Y es que, aunque no firman decisiones que puedan afectar a empresas de las que vienen o en las que luego trabajen, asesoran sobre esas decisiones. Tiene sentido que, si un Gobierno necesita asesoramiento técnico en un sector estratégico como el farmacéutico o el de las telecomunicaciones, busque a profesionales con experiencia en él. Sin embargo, la cuestión clave no es solo la experiencia previa del asesor, sino la total ausencia de un marco regulatorio y de transparencia que sí se exige a los altos cargos. A diferencia de ellos, los asesores no tienen limitaciones para volver al sector privado sobre el que han aconsejado, creando un caldo de cultivo para potenciales conflictos de interés. Conocer sus nombres permitiría, al menos, saber a quiénes escuchan los altos cargos, de dónde vienen y dónde van tras su paso por lo público.

Yago Ramón Pindado pasó de la farmacéutica GSK, donde era Government Affairs Manager (Director de asuntos gubernamentales), a trabajar como asesor de los ministros de Sanidad Carolina Darias, José Manuel Miñones y, en este último caso durante un breve espacio de tiempo, Mónica García. En mayo de 2024 hizo el camino de vuelta y, desde entonces, es Public Affairs Head (algo así como jefe de Asuntos Públicos, si traducimos el cargo) en el mismo laboratorio, como recoge en su perfil de Linkedin.

No es la única persona que ha pasado por Sanidad desde o hacia una empresa farmacéutica. Pero no es lo mismo alguien contratado como personal eventual que lleva las redes en el Ministerio de Sanidad y pasa a llevarlas en AstraZeneca -caso real-, que pasar de ser asesora en el Ministerio a, tras menos de un año intermedio en Correos, hacerlo en “asuntos gubernamentales” en esa misma farmacéutica. Es el caso de Teresa Jiménez, asesora del gabinete de la exministra Carolina Darias, que, en febrero de 2024, menos de un año después de dejar Sanidad, pasó a ser Government Affairs Manager en AstraZeneca. Esto es, de asesorar en el Ministerio a ser la persona que se relaciona con el Gobierno en la farmacéutica.

Estos no son los únicos casos de viaje de ida y vuelta entre lo público y lo privado. Agustina Piedrabuena fue directora general para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones en el gobierno castellanomanchego de José María Barreda. Luego pasó a Telefónica, según su Linkedin, donde trabajaba en ventas y desarrollo de negocio con administraciones públicas y empresas. Y de ahí fue cuando, de vuelta a lo público, fue fichada como asesora en diferentes ministerios. Entre varios cargos, llegó a ser directora de gabinete del ahora exministro Jose Luis Escrivá, donde cesó en septiembre de 2024. De ahí pasó a ser consejera técnica del mismo Ministerio, también bajo la figura del personal eventual, donde estuvo hasta febrero de 2025, cuando volvió a Telefónica, esta vez para trabajar en Relaciones Institucionales de la compañía.

Hay más casos similares en el sector de las telecomunicaciones, como Miguel Escassi, que fue asesor entre 2020 y mediados de 2021 en el gabinete de Nadia Calviño y pasó, directamente, a Head of Government Affairs and Public Policy (Director de Asuntos gubernamentales y políticas públicas) de Google España y Portugal.

Otras veces el camino es solo de una dirección: de lo privado a lo público. Es el caso de Matías González, actual secretario general de Telecomunicaciones, que llegó al Ministerio como asesor directamente desde Vodafone. Su cargo en la compañía estaba muy vinculado con lo público: era director de asuntos regulatorios y relaciones institucionales.

El Ministerio de Transportes también recurrió a perfiles con una larga trayectoria en el sector privado que regula. Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 contó como asesora con una profesional que venía de trabajar durante diez años en el gigante ferroviario Alstom y, previamente, había sido directora de concesiones en el Grupo Puentes, Eva Ballesté. Es decir, una experta en uno de los mayores contratistas del sector y en el mecanismo de las concesiones públicas pasó a asesorar directamente al organismo encargado de regularlos.

Como ocurre con los altos cargos, muchos asesores se van, tras el cese, a grandes consultoras. Muchas de ellas acaban dedicándose a hacer lobby en nombre de empresas. En este caso, la relación no es directa, pero pueden acabar representando a compañías de sectores que regulaba el ministerio en el que trabajaron.

Familia y partido

Hay otras dos cosas que se repiten desde 2010: estos puestos se usan, muchas veces, para nombrar a miembros del partido, de confianza; y familiares. En los últimos años hemos visto contratados como asesores al primo de José Luis Rodríguez Zapatero, el hijo de Esperanza Aguirre, la hija de Eduardo Zaplana y otros familiares de senadores y diputados del PP.

En los datos más recientes, al menos en los que sí tenemos, encontramos por ejemplo a María Navarro, hija de Pere Navarro, que fue secretario del PSC. Fue contratada como asesora en 2021 por Miquel Iceta para su Ministerio de Cultura y Deporte. Tras ese cargo, ha ocupado varios puestos de comunicación en organismos públicos.

Cuando Alberto Garzón fue nombrado Ministro de Consumo y formó su gabinete, contrató bajo el paraguas del personal eventual y como ayudante de secretaría a Lucía Dassy, su cuñada (hermana de su mujer). Tras su salida del Gobierno, Dassy fue una de las pocas personas de su equipo que siguió trabajando para un ministerio: pero esta vez fue en Juventud e Infancia y en un cargo superior, ya como asesora en asuntos legales, su especialidad.

Del total de nombres que sí tenemos y que pasaron, entre 2020 y 2023, por aquellos ministerios que no se resisten a la transparencia destaca una dinámica clara, al menos un tercio tienen que ver con la comunicación: llevan campañas, redes, gabinetes de prensa. Y vienen de todo tipo de medios. Uno de ellos es Carles Montaña, que fue asesor de Miquel Iceta en el extinto Ministerio de Política Territorial durante seis meses de 2021 y se define a sí mismo como “experto en comunicación de crisis”, trabajo que realiza desde su propia consultora desde 2014. No es la primera vez que ayudaba en la comunicación a un partido o alto cargo. De 2008 a 2015 fue asesor de CiU en el Senado. Antes estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio, también en tareas de comunicación y también para miembros del PSC, en ese caso José Montilla y Joan Clos.

Pero si alguien es un superviviente, más allá de partidos o colores, es Jose Luis Fernández-Tostado. Según su Linkedin, es “periodista del Gobierno de España desde 1982”. Según nuestros datos, que abarcan desde 2010, fue jefe de área de información entre 2009 y 2011 en el Gobierno de Zapatero; luego asesor en la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas y en la delegación del Gobierno en Galicia en gobiernos del PP (entre 2013 y 2018); y, tras la moción de censura de 2018, volvió a trabajar en gobiernos socialistas. Ha sido consejero técnico de información en los ministerios de Meritxell Batet, Carolina Darias, Miquel Iceta, Isabel Rodríguez y Ángel Víctor Torres. Y es que, aunque el personal eventual es de confianza del cargo que le nombra y cesa cuando este lo hace, muchos han estado hasta décadas ocupando esas posiciones, como desveló Civio en 2020.

Solo conocemos una pequeñísima parte de esos nombres

Koldo García era asesor y estaba contratado como personal eventual. También lo estuvo, durante un tiempo, su exmujer. En el caso de Koldo, sabemos que lo era desde hace años porque su presencia estaba siempre ahí, como sombra del exministro Ábalos. Y ahora aparece en la lista que ha pasado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, uno de los únicos que sí ha enviado todos los nombres de su personal eventual. De hecho, en 2019 Civio ya publicó sus polémicas anteriores y su indulto. Pero hay muchos eventuales de los que no sabemos, ni siquiera, su nombre. Publicar el listado del personal eventual, como le pide el GRECO al Gobierno, no está incluido de forma explícita en el plan que presentó Sánchez la semana pasada.

De hecho, solo conocemos una parte de esos nombres. Tras una travesía de más de un año, y tras leer todas las excusas posibles -que si es mucho trabajo dar esa lista, que si hay que proteger los datos personales, que si dar los de Interior afectaría a la “seguridad nacional”…-, solo podemos publicar los nombres de todos los eventuales que trabajaron entre 2020 y 2023 en cuatro ministerios: Agricultura, Pesca y Alimentación; Igualdad; Transportes y Movilidad Sostenible; y Vivienda y Agenda Urbana. Ni un solo nombre de de Industria y Turismo; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Transformación Digital y Función Pública; y Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes. Este último Ministerio, incluyendo los miembros del gabinete de Pedro Sánchez, sumaba 444 asesores a finales de 2023. 444 personas de las que no sabemos ni su nombre.

Por esa razón Luisgé Martín, el autor del libro de José Bretón que no llegó a ver la luz, no aparece en estos nuevos datos, pero sí en el listado que publicamos en 2020: primero como asesor de Ángeles González-Sinde, ministra de cultura en el Gobierno de Zapatero; luego, ya en época de Sánchez, en el Ministerio de Carmen Calvo, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Sabemos, por esa información, que estaba en activo a junio de 2020. Y, como fue nombrado director del Instituto Cervantes de Los Ángeles en verano de 2022, que ahí dejó de ser asesor. Pero no podemos saber de forma oficial qué puestos ocupó en ese margen de tiempo porque Presidencia no ha querido darnos los datos de 2020 a 2023.

Del resto de ministerios tenemos información, pero no toda. En este reportaje analizamos 530 nombres, personal eventual que pasó por algunos de esos departamentos entre 2020 y 2023. Pero son muchos más. [Más información en la metodología, al final de este artículo]

La opacidad en este asunto también es una tradición. En 2015 se publicó el listado completo por primera vez. Desde entonces, todos los gobiernos han puesto pegas. En 2017, con el PP, no dieron los asesores del gabinete de Mariano Rajoy. En 2019, ya con el PSOE, solo 5 de los 17 ministerios de entonces identificaron a todos. Solo una vez, en 2021, conseguimos toda la información. Y, además, la recibimos en unos pocos días desde que preguntamos. Poderse, se puede.

Estas 530 personas son solo una parte del personal eventual que ha pasado por los ministerios entre 2020 y 2023. Se suman a la lista que completa nuestro buscador y que abarca desde 2010. Así, entre 2010 y 2023, al menos 2.652 personas han pasado por los ministerios como personal eventual. Pero son muchas más.

Y, ¿qué pasa con 2024? El pasado enero solicitamos a la Dirección General de Función Pública la lista. Esta vez no alegaron que era mucho trabajo, sino que directamente, cuatro meses después, nos respondieron con otra cosa: solo su propio personal eventual, no el del resto de ministerios. Tras reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que aún debe resolver, y ser notificados por este organismo por si querían presentar alegaciones a nuestra queja, el Gobierno volvió a pasar la patata caliente al resto de ministerios y creó 21 nuevos expedientes. A fecha de cierre de este artículo, solo tenemos los datos completos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el de Igualdad, los más rápidos en responder y, además, con un listado completo. Se abre así una nueva odisea, la enésima, para saber algo tan sencillo como los nombres de ese personal que trabaja en los ministerios.