Abierto

Es el tipo de procedimiento en el que se licita de forma abierta y pública y cualquier empresario que pueda contratar con las administraciones y que cumpla los requisitos de solvencia o experiencia establecidos se puede presentar.

Abierto simplificado

Es un procedimiento creado en esta reforma, que sustituye a los contratos que no alcanzan determinadas cantidades económicas y que antes se podían adjudicar vía negociado. El sistema es el mismo que en el concurso abierto, pero la licitación se publica solo en el perfil del contratante y los plazos de presentación de proposiciones, adjudicación y formalización son más cortos y sencillos. Eso sí, las empresas participantes tienen que estar inscritas en el registro de licitadores. Este nuevo proceso se puede utilizar en contratos de obras de menos de dos millones o de suministro y servicios de menos de 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación mediante juicios de valor no superen el 25% del total (salvo en el caso de prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en los que podrá ser de hasta el 45%).

Dentro de este tipo, encontramos una versión aún más simple, que en algunos casos se ha llegado a llamar supersimplificado: los plazos se acortan un poco más, no es necesario acreditar solvencia y se evalúa todo por fórmulas automáticas. Por eso no se puede aplicar a contratos en los que la propiedad intelectual sea una pieza clave de la valoración. Esta versión se permite en contrato de obras de menos de 80.000 euros y, en suministros y servicios, de menos de 35.000.

Acuerdo marco

Es un tipo de contrato en el que una o varias administraciones fijan las condiciones por las que contratarán durante un periodo de tiempo, que no puede ser superior a cuatro años. Se elige a una o varias empresas. Una vez se firma, las entidades públicas que formen parte pueden contratar directamente cada vez que lo necesiten con la o las empresas que participen basándose en las ofertas presentadas al acuerdo marco inicial. Se permiten siempre que no sean abusivos ni frenen la competencia.

Si se adjudica a una única empresa, se van firmando los contratos necesarios que vayan surgiendo durante la duración del acuerdo marco. Si se adjudica a varias empresas, hay dos vías para firmas contratos dentro del acuerdo marco:

  • Contrato directo: Si los pliegos aclaran de forma específica cómo se adjudicará cada contrato, se firman directamente según esos cálculos. También puede ser que los mismos pliegos establezcan en qué casos se puede hacer el cálculo directamente y en cuáles será necesaria una nueva licitación.

  • Nueva licitación: Si en los pliegos no se establecen las condiciones para el reparto, es necesaria una nueva licitación (aunque el proceso es más sencillo que el de los contratos normales). Si es de regulación armonizada, es obligatorio invitar a todas las empresas del acuerdo marco. Si no, se puede justificar invitar a participar solo a algunas, pero siempre un mínimo de tres. Las empresas están obligadas a presentar ofertas.

En ambos casos, los contratos derivados de acuerdo marco se adjudican, pero no necesitan formalización. Hasta la reforma, la publicación de esos contratos no era obligatorio. Ahora, estas adjudicaciones se publicarán cada trimestre.

Este tipo de contratos se suelen utilizar en casos de compra centralizada, cuando un solo ministerio, por ejemplo, se encarga de adjudicar un megacontrato para varias entidades públicas. Pasa con el de agencia de viajes, por ejemplo. O con los de compras de medicamentos, que además cuentan con una disposición en la ley de contratos, en la que se establece que esas compras en bloque no tendrán los descuentos establecidos en un Decreto Ley de 2010 destinado a reducir el déficit público.

Adjudicación

La elección de la empresa o persona que se hará cargo del contrato.

Anticipos de caja fija

Justo un nivel por debajo de los contratos menores están los anticipos de caja fija (o facturas). Se trata de gastos inferiores a 5.000 euros que se pueden pagar directamente sin pasar por los procedimientos que regula la LCSP y que, aunque tienen que estar registrados, normalmente mediante facturas, no necesitan estar justificados como el resto. Esto es lo que dice la norma, pero cada entidad determina el importe por debajo del cual se puede utilizar este sistema, que siempre debe ser de 5.000 euros o menor.

Están destinados a cubrir la atención inmediata de “gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características”. Las administraciones públicas que tengan establecido este sistema pueden hacer uso de él siempre que no supere el 7% del presupuesto para gastos corrientes en bienes y servicios. El tope de 5.000 euros se puede sobrepasar para gastos de teléfono, energía, combustibles o indemnizaciones por razón del servicio, como marca el decreto que regula este tipo de pagos directos.

Asociación para la innovación

Contrato para el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores, en el que la administración acaba adquiriéndolos. Se usa si no existen soluciones en el mercado para cubrir las necesidades y se necesita un desarrollo previo.

Baja temeraria

Ofertas “anormalmente bajas”, “desproporcionadas” o, más común, “bajas temerarias”. Todas esas expresiones se refieren a lo mismo: el empresario asegura que va a ofrecer un servicio, un suministro o a levantar una obra pública a un precio o en unas condiciones que no parecen creíbles. Y eso significa que puede poner en peligro su ejecución. O, lo que es lo mismo, que prometa pero no cumpla y lo deje a medias, tenga que pedir una ampliación del presupuesto o la calidad del resultado sea nefasta o incluso peligrosa. Para evitar todos estos males, las leyes establecen límites a las bajas temerarias.

Pero, si las bajas suponen una rebaja en el precio a pagar, ¿por qué se limitan? Aunque su sentido primario es evitar ampliaciones y ejecuciones deficientes, la CNMC alerta que, en ocasiones, el precio de licitación tiene poco que ver con el coste real y es normal que se produzcan esos desajustes. “La elaboración de esos presupuestos normalmente sigue procesos con deficiente transparencia y escasa relación con los precios efectivos de mercado”, critica en su informe sobre la contratación pública.

O, lo que es lo mismo: “La CNMC ha detectado a menudo que una baja significativa por parte de un operador respecto al presupuesto estimado de licitación no refleja necesariamente una ganancia de eficiencia respecto a los precios de mercado, y mucho menos una “baja temeraria”, sino una inadecuada aproximación por el órgano de contratación a los costes que ha estimado”.

Pero, ¿qué es una oferta “anormalmente baja”? Los pliegos son los que establecen bajo qué criterios se calculará ese concepto. Si no lo hacen, y solo en el caso de las subastas (contratos en los que el único criterio es el precio), las reglas básicas establecen que son bajas temerarias:

  • Si hay un licitador, una rebaja de más del 25% con respecto al precio de licitación.
  • Con dos licitadores, si una oferta es inferior a la otra en más de un 20%.
  • Con tres licitadores, las ofertas que rebajen la media aritmética más de un 10%. Pero se excluirá del cálculo la oferta más elevada si supera en más de un 10% esa media. En todo caso, siempre será baja temeraria la baja superior a un 25%.
  • Con cuatro o más licitadores, las ofertas que rebajen la media en más de un 10%. Como en la anterior, también se excluyen aquí las ofertas que superen en un 10% la media.

Antes de rechazar una oferta “anormalmente baja” es obligatorio dar trámite a la empresa que la ha propuesto para que justifique sus bajos precios. Así, se pide un informe y, si convence a los responsables de la contratación, -algo que es habitual, como explican diversas fuentes del sector- se adjudica igualmente, aunque sea una baja temeraria. Esta es la razón por la que, en muchísimos casos, el límite legal a estas prácticas no es más que un espejismo. Pero la reforma obliga, por primera vez, a publicar esos informes.

Además, establece que “los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes”.

BOE

El Boletín Oficial del Estado. Es obligatorio publicar en el BOE todos los anuncios de formalización de las entidades de la Administración General del Estado y dependientes que tengan la consideración de administraciones públicas. También todos los de licitación, excepto en los procedimientos abiertos simplificados o negociados sin publicidad.

Concesión

Existen dos tipos de concesiones, el de obra pública y el de servicios. En ambos el empresario realiza una obra u ofrece un servicio a cambio de poder explotar esa infraestructura o servicio (por ejemplo, con el cobro de entradas o peajes) o de poder explotarlo y, además, recibir un canon. El derecho de explotación “deberá implicar la transferencia al concesionario de un riesgo operacional”, según la norma. Eso significa que la empresa que se haga cargo no puede estar cubierta por lo público si, por ejemplo, y en condiciones normales (sin catástrofes naturales, por ejemplo) la demanda no alcanza las cuotas previstas. Esto es, debe haber una “exposición real a las incertidumbres del mercado”.

Concurso de proyectos

Para arquitectura, urbanismo… Hay dos tipos: están vinculados a la adjudicación del servicio (se le da al que gana) o se paga directamente a los participantes. Si funciona con jurado: si se elige una cualificación para poder participar, al menos 1/3 del jurado debera contar con ella también.

Consejo de Ministros

¿Y qué pinta el Consejo de Ministros en un glosario? Poco, la verdad. Pero es un buen momento para recordar que es el organismo encargado de autorizar todos los contratos de los poderes adjudicadores de ámbito estatal con un valor superior a 12 millones de euros.

Consultas preliminares

La entidad pide opiniones a expertos o, de forma excepcional, empresas del sector, para preparar la licitación. La novedad que trajo la reforma es que esas consultas se deben anunciar -para que otros interesados puedan participar- y que tanto la lista de participantes como las razones que han llevado a elegirlos debe ser pública.

Contratación centralizada

Uno de puntos clave en la propuesta de reformas de la CORA fue el fomento de la contratación centralizada, es decir, la compra en bloque dirigida desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la que las CCAA y EELL se pueden adherir. En esa línea se han ido añadiendo ámbitos en los que se contratará en bloque vía orden ministerial: seguridad privada, limpieza, servicios postales, climatización, vehículos, combustibles y publicidad institucional. Por el momento, se va aplicando de forma progresiva en la AGE. Así, por ejemplo, se han formalizado acuerdos marcos de compra de combustibles en turismos, de agencia de viajes o de espacios en medios. Las CCAA y EELL pueden optar entre adherirse a una central de compras estatal o crear la suya propia.

Contrato menor

Son aquellos que solo necesitan la justificación de la necesidad del gasto, su aprobación y la factura, y a los que no se les exige en la ley (aunque algunas administraciones sí lo imponen en sus normas regionales) un concurso ni un proceso de adjudicación similar para ser contratados, ni tampoco la publicación de todos los detalles del contrato. Así, se puede contratar a la empresa que se considere y publicar, al menos trimestralmente, qué se ha contratado, por qué precio y a quién, sin más detalles.

Para entrar en el rango de contrato menor hay que cumplir tres condiciones:

  1. Que su valor sea de menos 15.000 euros en servicios o suministros o de menos de 40.000 en obras.

  2. No pueden tener duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

  3. Para evitar troceos (y así esquivar las reglas que aplican al resto de contratos), el contratista tiene que justificar que no ha firmado más contratos menores que superen, juntos, las cifras del primer punto. Aunque la ley no lo aclara específicamente y hay varias interpretaciones sobre este punto, se puede sobreentender que se refiere a contratos con una misma empresa por un objeto similar. Por ejemplo, si se firman tres contratos menores de 14.000 euros para la compra de un suministro durante un año a la misma empresa, se podría entender que se trata de un troceo forzado para esquivar las normas de contratación. Pero otros consideran que no se puede sumar menores a una misma empresa aunque el objeto sea totalmente distinto.

Lo que dice, de forma literal, el artículo 118.3:

“En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo.

Esta regla tiene una excepción: cuando solo se pueda adjudicar a un empresario concreto porque se trata de la adquisición o creación de una obra de arte, porque no haya competencia por razones técnicas o porque una única empresa tiene los derechos de propiedad intelectual o industrial.

Convenio

Un convenio es un acuerdo entre dos entidades (ya sean dos públicas o una pública y una privada) para trabajar juntas en conseguir un objetivo común. Hablamos de ellos en esta guía porque, a veces, la línea entre lo que es un contrato y, por ejemplo, lo que es un convenio es muy fina. De hecho, es habitual que los convenios -un acuerdo que puede ser entre empresa y administración pública- se usen para esquivar las normas de contratación, muchos más estrictas.

Así pasó, por ejemplo, con los firmados entre la Xunta de Galicia y varios medios de comunicación para colocar publicidad institucional, una compra que debería haberse efectuado vía contratación (de hecho, así se suele hacer).

La LCSP que entró en vigor en 2018 pone condiciones a los convenios, es decir, intenta acotar qué es un convenio y qué no puede serlo y, por tanto, debe pasar por un proceso de contratación. Así, establece que para firmarlos es necesario que las entidades que participen, también la privada, no tengan “vocación de mercado”. Y eso, ¿qué significa exactamente? Que no realicen en el mercado abierto un 20% o más de las actividades sobre las que se va a colaborar. Volvamos al ejemplo de los medios gallegos: ¿los espacios de publicidad de esos se venden, en más de un 20%, a empresas? Sí. Pues esos convenios no deberían ser legales. Tampoco antes, pero ahora está mucho más claro.

La norma anterior incluía un párrafo sobre convenios que sigue vigente: si el contenido del convenio está comprendido entre los tipos de contratos de esta ley, no se puede adquirir vía convenio. Aunque se ha venido haciendo, porque la publicidad institucional -por seguir con el mismo ejemplo- está incluída.

Diálogo competitivo

Se puede utilizar en los mismos casos que el negociado con publicidad. Los participantes -que deben solicitarlo tras el anuncio de licitación- dialogan sobre la mejor solución a las necesidades de la administración. A partir de ahí, presentan sus ofertas.

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea. Los anuncios de licitación y formalización de todos los contratos de regularización armonizada deben publicarse en este boletín.

Formalización

Una vez adjudicado el contrato y, tras asegurarse de que todos los trámites legales son correctos, el último paso antes de ponerlo es marcha es la formalización, la firma.

Garantía definitiva y garantía provisional

La garantía provisional el porcentaje del valor del contrato que se puede exigir que deposite al adjudicatario antes de la formalización. Es optativa, nunca puede ser superior al 3% y se tiene que justificar por qué se pide. La garantía definitiva, que debe entregar la empresa una vez ha sido elegida, debe ser como mínimo del 5% (aunque en algunos casos se puede eximir a la empresa de tener que abonarla).

Importe de adjudicación

Si el importe de licitación es el presupuesto del contrato, el de adjudicación es el precio final ofertado por la empresa contratada. Si no hay imprevistos (como las modificaciones), es el precio que pagará la administración a quien se lleve la adjudicación.

Importe de licitación

Es el precio máximo, con IVA y sin IVA, que la entidad que contrata está dispuesta a pagar por un servicio, suministro u obra concretos sin tener en cuenta prórrogas y modificaciones o ampliaciones. En la mayoría de contratos, las empresas que se presentan ofertan rebajas sobre esa cantidad. Es importante no confundirlo -un error habitual que seguro os encontráis a menudo- con el valor estimado. Por ejemplo: un ayuntamiento quiere contratar el servicio de basuras por un año y, aunque no contempla ampliaciones, el contrato prevé la posibilidad de prorrogarlo por otro año mas. En ese caso, el importe de licitación será el precio máximo que está dispuesto a pagar por el año de ejecución inicial (pongamos, 100.000 euros sin IVA) y el valor estimado será el máximo si se ampliara a dos años (200.000). Así, un titular que dijera que el ayuntamiento gasta 200.000 euros al año en la recogida de basuras sería erróneo.

Informe de insuficiencia de medios

Es uno de los documentos que, desde la última reforma, debe acompañar a todos los contratos de servicios y publicarse en los perfiles del contratante. En él, se justifica que la entidad no dispone de medios propios para llevar a cabo ese servicio y, por eso, necesitan contratarlo de forma externa.

Licitación

Sacar a subasta o a concurso público. Cuando una entidad pública necesita contratar, tiene que poner en marcha una licitación, en la que se anuncia qué condiciones pone y a la que las empresas se pueden presentar.

Memoria justificativa

El documento que argumenta por qué es necesario contratar una determinada obra, servicio o suministro y qué necesidades va a cubrir. Es uno de los documentos que, desde la última reforma, debe acompañar a todos los contratos y publicarse en los perfiles del contratante.

Modificaciones

Los tan comunes sobrecostes. Un contrato se puede modificar siempre que esté previsto en los pliegos de forma clara, precisa e inequívoca.

Si no lo está, y solo “excepcionalmente”, se puede modificar en alguno de estos casos y siempre que las variantes sean estrictamente necesarias para una “causa objetiva” y no alteren la naturaleza del contrato:

  1. Si las modificaciones no son “sustanciales”. ¿Y qué significa sustanciales? Son modificaciones sustanciales y, por lo tanto, no se permiten modificaciones bajo este paraguas si:
    • Cambian las condiciones hasta el punto de que, si se hubiera licitado así desde un principio, la selección de los participantes o el adjudicatario habrían sido distintos, o se habría presentado más gente.
    • Cuando se altera el equilibrio económico del contrato. Por ejemplo, si las unidades de obra nuevas a añadir superan más del 50% su presupuesto original.
    • Si se amplía de forma importante el ámbito del contrato. Esto pasa si la cuantía de su presupuesto total sube más de un un 15% en obras o de un 10% en el resto de contratos. O si, con el cambio, se superan los umbrales y pasa a ser de regulación armonizada.
  2. Si es necesario añadir obras, servicios o suministros a los pactados en el contrato. Solo se puede si no se puede volver a licitar y cambiar el contratista por incompatibilidades o características técnicas o económicas que hagan que los costes del cambio fueran desproporcionados.

  3. Si surgen circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Solo se admiten si no las pudo prever una administración “diligente”.

En todos estos casos, la suma de todas las modificaciones no puede superar el 50% del precio inicial del contrato. Y, siempre, estas modificaciones y su justificación deben publicarse en el perfil del contratante.

Negociado

Se elige al djudicatario tras consultar con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. Es obligatorio solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas, siempre que sea posible (no lo sería, por ejemplo, si solo dos o una tienen capacidad técnica para llevar a cabo el contrato). Existen dos tipos: el negociado con publicidad (se publica anuncio de licitación y, aunque se invite a unas empresas contratos, otras pueden pedir participar) y el negociado sin publicidad (no se anuncia la licitación). En la nueva norma se le llama licitación con negociación. Ya no se permite usarlo simplemente porque el valor no supera determinado umbral, pero sí si se cumple alguno de los siguientes supuestos:

¿Cuándo se puede usar el negociado?

  • Con publicidad:

    • La prestación necesita un trabajo previo de adaptación o diseño porque no existe tal cual en el mercado.
    • Es un proyecto o una solución innovadora.
    • No puede adjudicarse sin negociaciones previas por su complejidad o configuración jurídica o financiera.
    • El órgano no puede establecer de forma precisa sus especificaciones técnicas.
    • En el procedimiento abierto o restringido solo se han recibido ofertas irregulares o inaceptables (bajas temerarias, no corresponden a los pliegos, fuera de plazo, indicios de corrupción, el precio rebaja el de licitación o no tienen la cualificación requerida).
    • Servicios sociales personalísimos en los que sea importante que se de continuidad en la atención a las personas que reciben ese servicio.
  • Sin publicidad:

    • En el procedimiento abierto o restringido no se han recibido ofertas, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato ni el presupuesto.
    • Solo se puede adjudicar a un empresario concreto porque se trata de la adquisición o creación de una obra de arte, porque no hay competencia por razones técnicas o porque una única empresa tiene los derechos de propiedad intelectual o industrial.
    • En contratos secretos o reservados, o con medidas de seguridad especiales.
    • (todo tipo de contratos menos los de concesiones) Imperiosa urgencia imprevisible en la que la tramitación de urgencia no es suficiente.
    • (todo tipo de contratos menos los de concesiones) Se han recibido ofertas irregulares en concurso (como en la quinta con publicidad), no se cambian las condiciones del contrato y se invita a las empresas que presentaron ofertas que cumplían los requisitos formales pero, por ejemplo, presentaron un precio mayor que el licitado.
    • (solo suministros) Los productos se fabrican exclusivamente para fines de investigación.
    • (solo suministros) Reposición o ampliación con un mismo empresario si cambiar de proveedor supone un problema grave. No pueden ser mayores de tres años.
    • (solo suministros) Materias primas que coticen en mercados organizados o bolsas.
    • (suministros y servicios)Concertado por cese de actividad o concurso procesal, lo que hace que el precio sea muy ventajoso.
    • (solo servicios) La contratación es consecuencia de un concurso de proyectos.
    • (obras y servicios) Repetición de obras o servicios similares adjudicadas. Se permite con un máximo de tres años desde el primer contrato y tiene que existir esa posibilidad de forma explícita en el contrato inicial.

Perfil del contratante

Es la página web en la que se publica toda la información relativa a cada contrato y a través de la cual, en los procesos de contratación electrónica, se pueden presentar ofertas. Aunque tradicionalmente su utilidad está destinada a las empresas que quieran contratar con las entidades públicas, puede ser una fuente importante de información para todos los ciudadanos. La información de cada contrato debe ser pública en el perfil del contratante durante, al menos, cinco años.

Plataforma de Contratos del Sector Público

Es el perfil del contratante general, en el que se publican todos los contratos de la Administración General del Estado y buena parte de aquellos de otro tipo de entidades, aunque no todos.

Y es que, aunque la Ley establece que todos los perfiles autonómicos y locales tienen que pasarse o, al menos, conectarse con la Plataforma de Contratos del Sector Público, lo cierto es que la norma anterior también recogía esa conexión y, por el momento, no todas las administraciones públicas la están cumpliendo.

Pliegos administrativos

Es el documento que aclara los términos del contrato, algo así como la letra pequeña. Establece garantías, penalizaciones en caso de incumplimiento, responsabilidades de la empresa elegida -por ejemplo, en términos de confidencialidad- y, lo más importante, el criterio de adjudicación, lo que incluye, cuando las haya, las fórmulas para calcular quién es la empresa que será elegida.

Pliegos técnicos

Es el documento que especifica y aclara qué tendrá que hacer, suministrar o construir el adjudicatario. Contiene los detalles del contrato y son imprescindibles para conocer qué se está contratando. Según la ley, deben permitir el acceso en igualdad: “Salvo que lo justifique el objeto del contrato” no pueden mencionar una fabricación o procedencia determinada, marca, patente o tipo. Si la mencionan, tienen que añadir la coletilla “o equivalente”. Estos pliegos, junto a los administrativos, se unen al documento de formalización y son las reglas en las que se debe basar también su ejecución.

Registro de contratos

Es un espacio que, según la norma, “facilitará el acceso a datos no confidenciales que no hayan sido publicados antes”. Eso puede significar que, como hasta ahora, se publique una simple tabla con datos estadísticos globales (como número de negociados, etc.) y poco más.

Registro de licitadores

La herramienta que incluye a las empresas que contratan con las entidades públicas. Aunque es público e incluirá un buscador, se pedirá identificación para acceder.

Regulación armonizada

De entre todos los contratos públicos, existen unos que cuentan con reglas más exigentes tanto en su tramitación, como en la publicidad que se les exige. Son los contratos de regulación armonizada, esto es, los grandes contratos públicos. Este concepto es importante, porque afecta al resto de reglas. Entran en esta categoría:

  • Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros.
  • Contratos de servicios y suministros cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros (si el adjudicador es la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las entidades de Seguridad Social) o a 221.000 euros (si el adjudicador es otra entidad del sector público). En el caso de servicios sociales específicos, ese umbral asciende a 750.000 euros.

Estos umbrales tienen excepciones, es decir, contratos que, aunque superen esas cantidades, no son de regulación armonizada.

  • a) Adquisición o producción de programas de televisión, radio u otros medios audiovisuales.
  • b) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.
  • c) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales.
  • d) Los de puesta a disposición o explotación de redes públicas de comunicaciones o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas.
  • e) Los de servicios jurídicos (siempre que estén relacionados con el ejercicio del poder público).
  • f) Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, salvo los servicios de transporte en ambulancia de pacientes.
  • g) Los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro.
  • h) Los contratos de concesión adjudicados para producción, transporte o distribución o suministro de agua potable o los proyectos de obra o de tratamiento de aguas residuales destinados a esos fines.

Restringido

Se trata de un sistema en el que, aunque puede solicitar participar cualquiera, solo entran los empresarios elegidos por el órgano de contratación, seleccionados por criterios objetivos de solvencia. Está destinado a contratar “servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería”. “Está prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes a candidatos”, recuerda la ley. Porque eso sería un negociado, claro.

Tramitación

Los tiempos que establece la ley para todo el proceso (del anuncio, de evaluación en cada fase, de presentación de ofertas, de formalización…) aplican a una tramitación ordinaria. Pero existen otros dos tipos que permiten acortar esos plazos:

  • Urgente. Deben estar motivados en el expediente y solo se pueden utilizar cuando haya una necesidad inaplazable o sea imprescindible acelerar la contratación por razones de interés público. Estos contratos tienen preferencia en la tramitación y la mayoría de los plazos se reducen a la mitad.
  • Emergencia. En caso de catástrofes o grave peligro para la defensa nacional, se puede ordenar de forma inmediata que una obra, suministro o servicio se ponga en marcha sin necesidad de aprobar expediente. Eso sí, debe justificarse la emergencia y ser evaluado a posteriori. Si un contrato de emergencia no se ha empezado a ejecutar en un mes desde que se ordenó, se tiene que pasar a procedimiento ordinario.

Troceo o fraccionamiento

Tanto el Tribunal de Cuentas como algunos casos destapados en diferentes administraciones públicas han puesto el foco en esta práctica, consistente en dividir un contrato en varios para esquivar obligaciones de publicidad o de concurrencia. Y esto es ilegal. La ley es clara: “No podrá fraccionarse un contrato para eludir obligaciones de publicidad o del procedimiento de adjudicación”.

Valor estimado

Es el importe máximo que puede alcanzar el contrato, ya que incluye las posibles prórrogas y ampliaciones o modificaciones estimadas a la hora de valorar el contrato. Si no lo aclara, se suele expresar sin IVA. Es la cifra que usaremos para calcular todos los umbrales. En otras palabras: es el importe de adjudicación más posibles modificaciones o prórrogas (y sin IVA). Es la cifra que se utiliza para valorar la cuantía de un contrato y saber si, por ejemplo, es de regulación armonizada o puede adjudicarse vía abierto simplificado.

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