La familia del presidente de la Comunidad de Madrid y hasta hace un año eterno número 2 de Esperanza Aguirre, Ignacio González, está dedicada en cuerpo y alma a la política. Tanto, que la mayoría de sus miembros han ocupado puestos de responsabilidad de la mano del PP. Su padre, Pablo González Liberal, fue director del Instituto Nacional de Consumo en el 79 y de la Administracion Turística Española, ambos organismos dependientes del gobierno de Suárez. En la actualidad, según se ha publicado en prensa (este cargo no consta en ningún documento público) sería asesor del grupo del PP en el Senado.

El presidente madrileño tiene dos hermanos: Isabel Gema y Pablo. Su hermana fue diputada popular en la Asamblea de Madrid hasta 2011 y ahora ejerce de concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La relación entre Esperanza Aguirre e Ignacio González traspasa las barreras familiares: Isabel llegó a coordinar el gabinete de Aguirre cuando ésta era presidenta del Senado.

Pablo González, por su parte, es director de estructuras comerciales en la empresa pública Mercasa. Antes había ocupado cargos directivos en Caja Madrid y, posteriormente, en Bankia, hasta que en 2012 el fracaso público de la entidad bancaria acabó con su salida.

Pero él no es el único miembro de la familia González González vinculado a la fracasada Bankia. Carmen Cavero Mestre, cuñada del presidente madrileño fallecida en julio de 2013, fue una de las consejeras de la entidad hasta la dimisión en bloque de sus miembros. Pilar, la otra hermana de Lourdes Cavero, es socia del bufete de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Multa a la Comunidad de Madrid por defender a una socia de la mujer de González

Ambas son hermanas de Lourdes Cavero, esposa de González y, en paralelo, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), bajo la batuta de Arturo Fernández. Además de trabajar para esta entidad, Lourdes preside Subastas Segre, dedicada a la venta de arte y antigüedades, una firma que cuenta entre sus consejeros con Pilar Cavero y Carmen Cafranga Cavestany, presidenta de la Fundación Caja Madrid.

Tal y como adelantó Ángel Calleja en 20 minutos, González utilizó los servicios jurídicos públicos para la defensa de una sociedad de Cafranga, cuya licencia había sido revocada por los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera en el auto que la comunidad actuó en defensa de un interés “en ningún caso” público, sino “netamente privado”. Además, en 2009 la comunidad de Madrid otorgó una subvención a esa misma sociedad por valor de 300.000 euros en concepto de “saneamiento financiero de Centros Especiales de Empleo”.

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