La historia que nos interesa de Manuel Lamela (Burgos, 1962), abogado del Estado por oposición, comienza con su salto en 1997 al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tras varios años en la Agencia Tributaria. En este ministerio coincide con Germán Rasilla y con Jorge Fernández-Ordás, quienes serán sus compañeros inseparables de viaje en lo público y en lo privado. Rasilla fue director de comunicación del ministerio. Mientras, Fernández-Ordás ocupó con Lamela una dirección general, que dejó por voluntad propia después de que su jefe abandonase el MAPA para dirigir durante menos de un año el gabinete del entonces Ministro de Economía, Rodrigo Rato. Pocos meses después de que Esperanza Aguirre reclamara a Manuel Lamela para dirigir la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, ambos desembarcaron con él.

El paso de Manuel Lamela por esta consejería estuvo marcado por el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa y por una serie de polémicos contratos de externalización de servicios sanitarios. En 2005 un denunciante anónimo acusó a 15 médicos de cometer 400 ‘homicidios’ en el servicio de urgencias. Lamela le dio credibilidad y firmó ocho destituciones. Años después, los juzgados no hallaron ningún indicio de mala praxis.

De aquellos años data además su actual condición de imputado. Lamela tiene interpuesta y admitida a trámite una querella múltiple contra él, contra Juan José Güemes (su sucesor en la Consejería de Sanidad de Madrid) y contra otros protagonistas del proceso privatizador por presuntos delitos que incluyen realización arbitraria del propio derecho, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales. Según el auto, Lamela adjudicó como consejero de Sanidad por 270 millones de euros la gestión de servicios del Hospital del Tajo en Aranjuez a una firma de cuya actual matriz, Assignia Infraestructuras, ha sido consejero posteriormente hasta su cese en octubre de 2013.

Tras salir de Sanidad y tomarse un periodo de cuarentena en la Consejería de Transporte e Infraestructuras esperando a que escampase, en septiembre de 2008 Lamela decide dejar el sector público.

Una fundación para tener cerca a los más influyentes del sector

Al cabo de pocas semanas, en noviembre, encontramos a Lamela, Rasilla, Fernández-Ordás (juntos en esta foto) y Elena María Sánchez Álvarez (ahora exmujer de Juan Costa Climent, exministro de Ciencia y Tecnología con Aznar y antiguo jefe de Lamela en la Agencia Tributaria) constituyendo la Fundación LAFER, una institución sin ánimo de lucro cuyo fin es elaborar programas formativos dedicados al impulso de los sectores sanitario y agroalimentario, ámbitos en los que había trabajado en la esfera pública.

Entre sus consejeros-asesores hay otros exponentes de la ‘puerta giratoria’ como Eduardo Zaplana, Josep Piqué, o María Inés López-Ibor, directora médica de la Clínica López-Ibor y antes viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo de la Comunidad de Madrid con Lamela. Josep Grau i Seris (exconseller de Agricultura de Cataluña), Josep Puxeu Rocamora (exsecretario de Estado de Medio Rural y Agua) y una exconsejera de la Comisión Nacional de la Energía también asesoran a LAFER. Las industrias farmacéutica y sanitaria están representadas por Alfonso Monfort (presidente de Sanofi Aventis), Antonio Martos (director de MENSOR, área de consultoría sanitaria de Indra) y por el presidente de Sanitaria 2000. Los presidentes del Consejo General de Enfermería y del Centro Farmacéutico Nacional también tienen un asiento, como el empresario Arturo Fernández, del Grupo Cantoblanco.

LAFER reviste a sus creadores de una cara amable y sin ánimo de lucro, les permite rodearse de una red nutrida de contactos consultivos con intereses comunes y, por qué no, acceso a algunas líneas de financiación nacionales e internacionales en el ámbito educativo. Entre sus proyectos destaca un Master en Gestión de Industrias Agroalimentarias (MGEA), con fuerte patrocinio empresarial y el apoyo institucional del MAGRAMA; Dependencia 3.0, financiado públicamente con 143.000 euros a través del Plan Avanza; o la creación junto con la Real Academia Nacional de Medicina del Museo de Medicina Infanta Margarita, del que Lamela es miembro del consejo asesor y vocal de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Museo.

Entramado societario repleto de ‘habituales’

“Hemos puesto el dedo en la llaga, y la llaga está en la sostenibilidad del sistema (sanitario). La idiosincrasia histórica del sistema público, es decir, coste cero, demanda infinita y recursos ilimitados para financiar el sistema público, yo creo que hoy ya es… histórica”. Lamela realiza esa declaración en una faceta nueva en esta historia, la de presidente de Business Assessment Projects and Plans (BAPP). Y lo hizo a finales de 2013, apenas una semana antes de recibir la licitación de un contrato para definir un modelo de gestión privada y aplicarlo en el hospital comarcal de Melilla por importe neto de 52.884,62 euros. Por entonces ya estaba imputado por prevaricación y tráfico de influencias en la externalización del Hospital de Aranjuez.

BAPP es la principal sociedad del entramado empresarial que tiene Lamela a su nombre. Su negocio consiste en asesorar a terceros en la explotación de mercados y de oportunidades en el sector socio sanitario, y su competitividad radica en el bagaje y los contactos atesorados por su equipo directivo a lo largo de muchos años de servicio en el sector público. Junto con Lamela, su presidente, figuran de nuevo Germán Rasilla y Jorge Fernández-Ordás como socios directores, y con ellos Mario Esteban Domínguez (antiguo gestor de Clínica Londres, a quien se atribuye un papel importante en operaciones encaminadas hacia la gestión privada de la sanidad) y Rafael Gonzalo Peces (director general en España de LINK Financial, un gran fondo internacional dedicado a la compra de deuda y de activos dudosos). También figura Francisco Pérez-Crespo, un abogado de Cuatrecasas que había coincidido con Lamela en la Agencia Tributaria a principios de los 90.

Las otras dos sociedades interesantes son Farmapartners y Madrid Medical Destination. En Farmapartners figura Fernández-Ordás como consejero delegado, así como otros dos consejeros de BAPP: Elías del Val Murga (presidente de Adade Auditores) y Fernando Martín Pascual. Paralelamente, Madrid Medical Destination es la firma con la que Lamela espera poder articular su sueño de promover Madrid como destino sanitario de primer orden con las infraestructuras premium correspondientes. Además de compartir socios en la estructura directiva, la Fundación LAFER, BAPP, Farmapartners y Madrid Medical Destination también comparten teléfono de contacto y domicilio en la calle Montalbán de Madrid.

El mutismo de la Comunidad de Madrid

En este castillo de naipes que se ha construido Lamela no podían faltar las corrientes de aire que ponen a prueba la estructura. En abril de 2013 Helena Almazán Vicario, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, presentó al consejo de gobierno de la Comunidad 24 solicitudes para obtener en soporte digital una copia de los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a todas las sociedades pertenecientes a Manuel Lamela o que cuentan con él como consejero (BAPP, Madrid Medical Destination, Assignia Infraestructuras, etc). La cámara le denegó las copias de los documentos. En un nuevo intento, Almazán reformuló las preguntas pero tampoco recibió respuesta.

A pesar de que el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia llegó a solicitar la comparecencia de Lamela ante la Comisión de Sanidad por varias licitaciones a Assignia Infraestructuras para el mantenimiento de centros de salud en Madrid, esta comparecencia nunca ha tenido lugar.

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