18 de noviembre de 2016. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, vuela a Roma para asistir en el Vaticano al ordenamiento de Carlos Osoro, actual arzobispo de Madrid, como cardenal del papa Francisco. A bordo de su avión oficial viaja Silverio Fernández Polanco, un letrado ajeno al Ministerio de Justicia que defendía entonces a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad de Rajoy, y Javier Maroto, vicesecretario del Partido Popular. En el momento de este viaje, sus clientes esperaban conocer la decisión del Tribunal de Cuentas, después de recurrir una condena de 393.862,31 euros por “perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, donde fueron alcaldes. Un mes después, en diciembre de 2016, llegó la sentencia por la que fueron absueltos, aunque sin unanimidad. El presidente de la sala emitió un voto particular discrepante por el que sí daba por acreditada la responsabilidad contable de los populares.

Fernández Polanco justifica su presencia en este viaje por “protocolo vaticano”, ya que está casado con Loreto Bacariza, asesora en el gabinete del ministro de Justicia. Otros miembros de la delegación española al Vaticano fueron, además de varios altos cargos de Justicia, Mª Ángeles Martínez, mujer de Rafael Catalá; José Luis Ayllón, entonces secretario de Estado –ahora es director de Gabinete de Mariano Rajoy–, y su pareja, Clara San Damián, senadora del PP por Zamora. Las parejas de un ministro, de un secretario de Estado y de una asesora del ministro.

Caso San Antonio

Una comisión de investigación del Ayuntamiento de Vitoria denunció al grupo municipal del PP ante el Tribunal de Cuentas por el alquiler de unos locales en la calle San Antonio, en la capital vasca. Según recoge El Correo (aquí su cronología del caso), la comisión concluyó que se obligó al consistorio “a un desembolso no inferior al doble del valor de compra” por el contrato que Alonso, entonces alcalde, firmó en 2007 con el propietario Gonzalo Antón, empresario y expresidente del Deportivo Alavés. Otro de los responsables señalados era Javier Maroto, que fue concejal de Hacienda y, desde 2011 hasta 2015, alcalde de Vitoria.

Bacariza, también presente en el vuelo a Roma, es asesora del ministro Catalá desde noviembre de 2014, según el último listado de asesores del Gobierno al que tuvo acceso Civio. Además del matrimonio, comparten el despacho de abogados ADARA, que se responsabilizó de la defensa de los concejales del PP de Vitoria en el caso San Antonio por recomendación de otro abogado. “Su defensa me entra por un compañero que no tiene nada que ver con lo político” ya que esta actuación “excedía su ámbito de conocimiento”. “Tengo más de 30 años de experiencia con el Tribunal de Cuentas”, explica. El abogado niega cualquier conversación con el ministro de Justicia sobre este caso.

Por su parte, Bacariza consta como abogada no ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid. “Cuando fue nombrada vocal asesor del gabinete del ministro, al ser incompatible, se dio de baja”, explica su marido, que reitera que Bacariza ya no trabaja en ADARA. “No ha desempeñado actuación profesional alguna vinculada con el despacho ADARA” desde su baja como colegiada, repiten desde el Ministerio de Justicia. Pese a todo, en ADARA continúan recibiendo llamadas para ella.

Aunque el Ministerio de Justicia no tiene ascendencia orgánica sobre el Tribunal de Cuentas puesto que este depende de las Cortes Generales, eso no significa que los partidos políticos no tengan vínculos en mayor o menor grado con sus miembros. La absolución estuvo firmada por tres consejeros: dos estuvieron a favor y uno se posicionó en contra. Una de las personas que votó a favor fue la exministra de Justicia de Aznar Margarita Mariscal de Gante, consejera propuesta por el Partido Popular.

Todos estos nombres aparecen en una lista incompleta de pasajeros en vuelos oficiales que Defensa entregó a El País, a rebufo de una investigación de Civio iniciada en 2015. Y es que, ni están los nombres de todos los pasajeros, ni todos los que aparecen llegaron a volar. Este es el caso, por ejemplo, de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil, y su mujer, Fátima Sicre, que aparecen en el vuelo del ministro Catalá a Roma y que, según El País, no viajaron. De hecho, el BOE recoge el cese de Fernández de Mesa el mismo día del vuelo. Pese a ello, Civio sí que puede confirmar que el abogado de Alfonso Alonso y Javier Maroto viajó a Roma.

Asesores, empresarios y diputados

El listado, confeccionado por Defensa “a partir de documentos manuscritos”, contiene 220 vuelos de altos cargos desde diciembre de 2014. Eso, sin contar con los traslados del presidente del Gobierno ni del jefe del Estado, que están ocultos por la Ley de Secretos Oficiales. De todos los pasajeros, El País resalta en su artículo la aparición de los familiares de los ministros, como Marisa Alonso y Lucía Dastis, esposa e hija de Alfonso Dastis, responsable de Asuntos Exteriores, con el que viajaron a Bruselas para asistir a un acto. Sin embargo, los familiares no son los únicos habituales en estos vuelos.

También sabemos, gracias a este listado, que Pilar Marcos Domínguez, durante el periodo de tiempo que dejó de ser diputada al no obtener su escaño en las últimas elecciones generales, trabajó como asesora en el gabinete de Rajoy, según confirma la actual diputada popular. No lo sabemos porque se publiquen los nombres de los asesores, que el Gobierno dejó de comunicar tras una primera ronda, sino porque su nombre aparece en esta lista de acompañantes.

Asesores, funcionarios, periodistas y empresarios suelen acompañar a las autoridades españolas en sus traslados. Es el caso de José Vicente González y Narciso Casado, responsables de la CEOE invitados a una cumbre hispano-portuguesa en Baiona, Pontevedra, entre más de 60 cargos públicos, ministros incluidos. Ante el primer ministro portugués y el presidente español, las patronales de ambos países pidieron a los dos gobiernos acometer nuevas reformas estructurales.

Unos meses más tarde se fletó uno de los vuelos más concurridos. El 6 de septiembre de 2015, un nutrido grupo de directivos viajó a Irán flanqueado por los ministros de Exteriores, de Fomento y de Industria. Entre las empresas representadas destacan energéticas, como Repsol, Cepsa o Gas Natural, y turísticas, como Paradores –de titularidad pública– y Hotusa, dirigida por el empresario Amancio López, que coincidió con Rajoy en su etapa como estudiante, según La Voz de Galicia.

Empresarios de la delegación comercial a Irán en septiembre de 2015

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha utilizado en 47 ocasiones esta forma de transporte. Es el ministro que más ha viajado en avión oficial. Y sin embargo, Cospedal, que ha usado las aeronaves del Ejército del Aire 29 veces, ha declarado más ocupantes en sus vuelos. De media, Guindos ha volado con cuatro acompañantes y Cospedal, con 10. Y es que la ministra de Defensa, al visitar a las tropas españolas destinadas en zonas de difícil acceso, ha trasladado un mayor número de reporteros y fotógrafos. Y también diputados. Algunos como Ricardo Tarno (PP) y Juan Antonio Delgado (Podemos), visitaron el Líbano junto a la ministra. Otros, como Ricardo Cortés (PSOE) y Miguel Gutiérrez (Ciudadanos), que la acompañaron a Irak, no aparecen en este listado.

La lista difundida por Defensa, además de incompleta, solo contiene vuelos oficiales desde el 14 de diciembre de 2014, en aplicación de una sentencia de la Audiencia Nacional que limitó el derecho de acceso a la información a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Una interpretación que Civio considera muy grave y, en consecuencia, ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Está pendiente de ser resuelta.

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