Solo cinco de los 17 ministerios de Pedro Sánchez identifican a todos sus asesores

Marcha atrás en transparencia. Ni Presidencia del Gobierno ni 12 de los 17 ministerios actuales han entregado los nombres de todos sus eventuales: o dieron una respuesta parcial o ni siquiera respondieron. Este tipo de personal, a diferencia de los funcionarios que deben demostrar sus méritos o capacidad en un concurso público, es contratado por los altos cargos de forma discrecional –a dedo– para funciones de asesoramiento o especial confianza. Entre los peores casos están los ministerios de Interior y de Defensa, dirigidos por dos magistrados, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que no dieron respuesta a la petición de Civio.

Presidencia del Gobierno, que depende de forma directa de Pedro Sánchez, es otro de los peores casos: además de que respondió en diciembre a la pregunta que Civio registró en agosto, varios meses fuera del plazo que impone la Ley de Transparencia, solo da un número de personas contratadas como asesores, pero sin identificar a ninguno de ellos. Tanto el departamento del presidente como Interior y Defensa han ignorado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les instan a entregar esta información.

La mayoría de carteras han limitado la identificación de su personal eventual a sus asesores de niveles 28, 29 y 30, los de mayor rango. Ministerios como los de Justicia, Hacienda, Transición Ecológica, Educación, Economía o Ciencia, entre otros, han seguido esta limitación. Otros, como los departamentos de Fomento o Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, dirigidos por José Luis Ábalos y Carmen Calvo, han aceptado la oposición de los asesores que no quisieron que su nombre fuera público, pero sin razonar por qué prima el interés a su privacidad frente al interés público. Solo Asuntos Exteriores, Industria, Trabajo, Sanidad y Política Territorial y Función Pública han identificado sin matices a sus asesores.

El primer listado que se publicó, el de 2015, identificó a los asesores que trabajaron en el Gobierno durante 2012 y 2013. Pero fue también el último, ya que el Gobierno de Rajoy no volvió a publicar esta información durante los siguientes años. Aún así, gracias a solicitudes de información, Civio pudo actualizar los ejercicios siguientes. Y las trabas que presentaron algunos ministerios fueron resueltas por el Consejo de Transparencia, que entonces recalcó la necesidad de conocer quiénes acceden a puestos de trabajo público a los que se accede de forma discrecional.

Retroceso del Consejo de Transparencia

Pero si la interpretación del Derecho a Saber del Gobierno ha sido más restrictiva, también lo han sido las respuestas del Consejo de Transparencia a las reclamaciones de Civio. Bajo la égida de la primera presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, sus resoluciones (dos ejemplos, aquí y aquí) dejaban claro que “prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal” en aquellos casos “en los que un puesto se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad”. En sus últimas resoluciones, el Consejo de Transparencia añade un nuevo límite: ahora ve con buenos ojos que se oculten los nombres de los asesores con un nivel inferior al 28.

“No hemos cambiado de criterio”, defiende Esperanza Zambrano, subdirectora de reclamaciones del CTBG. “Se evalúa una doble premisa en el caso del personal eventual: la adquisición del puesto de trabajo con carácter discrecional pero también que esa persona ocupe puestos de relevancia en el proceso de toma de decisiones”, argumenta. Y recalca que su posición se basa en su primer criterio interpretativo, acordado con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sin embargo, en ese mismo texto, la doble premisa solo se pide de forma expresa para el personal no directivo de libre designación, una figura diferente a la de los eventuales. “La existencia de trabajadores eventuales de nivel inferior a 28 es residual”, justifica la subdirectora del Consejo de Transparencia.

Pero además, en una de sus resoluciones, el CTBG avala que la administración omita la información del “personal eventual que no ocupa puestos de asesoramiento o especial confianza”. A este respecto, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es clara: estos trabajadores solo pueden realizar funciones de confianza y no otras. No es la primera vez que se utiliza este argumento para limitar la identificación de los asesores públicos: el Tribunal de Cuentas ya dijo que la mayoría de sus eventuales realizan “funciones equiparables a las de los auxiliares administrativos, sin poder ser asimilados a puestos de asesoramiento y especial confianza” para denegar esta información. Según Nuria Garrido, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y coautora de Las funciones del personal en la jurisprudencia, la contratación de trabajadores como eventuales para tareas diferentes a las de asesoramiento o especial confianza supondría una ilegalidad.

Fichajes de partido

Entre los expertos y periodistas identificados por el Gobierno en sus respuestas a Civio, también hay un buen número de personas con una estrecha relación con el Partido Socialista. Por ejemplo, en el gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor –socialista extremeño–, trabajan Miryam Álvarez Páez, como directora, que ha sido diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, concejala socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas y fue directora de gabinete del presidente del Congreso de la anterior legislatura, Patxi López; María Paloma Muñiz de Urquiza, asesora de los socialistas en Bruselas entre 1995 y 2009 y eurodiputada hasta 2014, cuando no consiguió escaño; y Miguel Herraiz Montero, quien fue asesor del grupo socialista del Congreso de los Diputados durante 14 años.

En la mayoría de ministerios hay algún asesor vinculado al partido socialista: en Exteriores, Gabriel Colomé (PSC) y Juan María Fernández Carnicer (Agrupación Socialista de Oviedo); en Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Reinaldo López Jiménez (Leganés); en Educación, Miguel Ángel Recio Muñiz (Arganda); en Industria, Antonia Sastre Llompart (Baleares). En Fomento, Koldo García Izaguirre (PSN), a quien VozPópuli sitúa en una trifulca que tuvo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con un policía nacional en un pub de Mérida el pasado mes de febrero. García Izaguirre, alabado por Pedro Sánchez, suma varias condenas por agresiones. De una fue indultado –y librado de entrar en prisión– en 1996. La última, en Pamplona, fue una falta por golpear a un menor que vestía una camiseta con el lema “Independentzia” la noche que la selección española de fútbol ganó el Mundial de Sudáfrica.

La titular de Justicia, Dolores Delgado, pese a no pertenecer al PSOE, cuenta en su ministerio con varios asesores vinculados al partido. Es el caso de María del Mar Román Martínez, que ingresó en las Juventudes Socialistas de Andalucía en 1988. Román fue diputada en el parlamento andaluz dos legislaturas y ex alto cargo de la Junta antes de fichar por Justicia. Javier Alemán Uris, uno de los eventuales más jóvenes, también empezó en las Juventudes Socialistas de Tres Cantos (Madrid) y pasó un mes como asistente del Grupo Parlamentario Socialista antes de recalar en la Secretaría de Estado de Justicia. Por su parte, el asesor de Delgado en Memoria Histórica, Eduardo Ranz Alonso, abogado especializado en este ámbito, fue vocal vecino –ciudadanos que representan a los grupos municipales en los distritos– del PSOE en el madrileño distrito de Retiro entre 2011 y 2015.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trajo de Sevilla a su directora de comunicación María Teresa Cortes Barreiro, a Gabriel Alconchel Morales –socialista gaditano que dirigió el Instituto de la Juventud durante el último Gobierno de Zapatero– y al economista César Veloso Palma. Ambos trabajaron como asesores en el Gobierno andaluz.

Pero uno de los miembros del Gobierno que más personas se trajeron a Madrid fue la exministra Carmen Montón. Destacan, de su etapa como consellera de Sanidad en la Generalitat Valenciana, dos de sus directores generales, German Temprano García y Rafael Sotoca Covaleda; y tres asesores: Jaime Prats Aznar, Abencio Cutanda y Antonia García Valls, con quien Montón compartió dos legislaturas en el Congreso de los Diputados.

Ábalos, sin cargo en ninguna autonomía pero sí en el PSOE –es secretario de Organización–, nombró director de comunicación de Fomento a Alfredo Rodríguez Flores, que ha trabajado para Ferraz durante 15 años y fue jefe de prensa del Patxi López durante los meses que ocupó la presidencia de la Cámara Baja.

Incluso Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global –la renombrada Marca España–, ha fichado a personas de su antiguo equipo de UPyD. Alicia Gil Torres, directora de su gabinete, fue miembro de la candidatura Renovadores, liderada por Lozano, en el proceso de sucesión de Rosa Díez al frente del partido.